Hay en la mesita de noche de cualquier hogar venezolano, entre el vaso de agua, el rosario o los lentes de lectura, un librito de carátula azul. Está gastado, raspado en los bordes por el manoseo cotidiano de las discusiones de sobremesa, las asambleas comunitarias y las acaloradas conversaciones de esquina. Sus folios proclaman, con la solemnidad intacta del papel, en su mismísimo artículo primero, que la soberanía de este suelo es un patrimonio absolutamente intransferible, inviolable e innegociable.
Sin embargo, cuando el señor Marco Rubio se acomoda frente a los micrófonos en Washington y traza con soltura de cirujano la hoja de ruta para el destino político de Venezuela, pareciera hojear una edición enteramente distinta. Un incunable imaginario impreso en papel carbón, recién salido de las imprentas de Washington Interpretations Press, donde el poder no emana de la voluntad popular reunida en las urnas, sino de un sello de homologación diplomática expedido a miles de kilómetros de distancia.
Es el choque sordo, profundo y casi grotesco entre la arquitectura jurídica de la Carta Magna de 1999 y la fría, implacable realpolitik del norte. En el texto original, nacido al calor de los debates de finales de siglo, la legitimidad y la soberanía no son piezas permutables; residen de forma inalienable en la gente. Pero en la versión «a la carta» que agita el funcionario estadounidense, la institucionalidad venezolana funciona como un juego de piezas de plástico o un paquete de repuestos mecánicos en oferta en un Black Friday en Amazon: se compran, se desatornillan y se reemplazan al gusto del consumidor.
Rubio insiste con absoluta frescura en un cronograma trazado por entregas sucesivas. Primero, nos dice, hay que instalar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia; inmediatamente después, reestructurar de arriba abajo un nuevo Consejo Nacional Electoral. Hasta ahí, todo bien en su lógica pragmática de ingeniería de gabinete y diseño de interiores. Pero la pirueta jurídica llega en el acto seguido: habla de “decretar” la vacancia presidencial para, seis meses más tarde —si los tiempos y el humor del hemisferio lo permiten—, convocar a unas elecciones formalmente dirigidas a la renovación del poder.
Semejante inventario institucional carece del más mínimo asidero en la norma azul. En el texto real, en el que se estudia en las facultades y se defiende en los tribunales, la falta absoluta del jefe de Estado jamás ha sido un trámite burocrático de ventanilla que se despacha cambiando las cerraduras judiciales a conveniencia externa. No es un botón que se acciona a capricho tras acometer la reestructuración exprés de dos de los poderes públicos del Estado.
Los artículos que regulan las ausencias presidenciales en la Constitución venezolana son celosos, meticulosos y estrictamente taxativos. Exigen causales comprobadas —la muerte, la renuncia, la destitución juzgada por las propias instituciones soberanas de la República o la incapacidad física permanente declarada por una junta médica calificada—. Todas ellas, sin excepción, procesadas bajo válvulas de seguridad puramente nacionales, que huelen a autodeterminación republicana y no a memorando de instrucción redactado en una embajada o en un bufete de abogados en Washington.
Si Rubio aceptara la elegancia de una pausa y se sentara a tomar un par de cafecitos en una mesa discreta, serena y apartada con el doctor Allan Brewer-Carías, la lección de derecho público no se haría esperar. El decano de los constitucionalistas venezolanos, con esa calma quirúrgica de quien ha dedicado más de medio siglo a disecar cada coma, cada fe de erratas y cada entramado del Estado, no tardaría más de dos sorbos en bajarle la espuma a la temeridad diplomática.
Brewer le explicaría, con didáctica paciencia profesoral, que ni la doctrina más audaz del derecho público contemporáneo ni los tratados más avanzados sobre constitucionalismo de transición permiten usar las leyes fundamentales como si fueran plastilina escolar de modelar. Le recordaría que en el derecho público el orden de los factores no solo altera el producto, sino que puede anularlo por completo: no se puede “declarar” la vacancia de un cargo como quien pasa una escoba por la casa después de haber mudado el mobiliario del TSJ o del CNE. Las instituciones republicanas no adquieren validez por el orden cronológico en que una potencia extranjera decida nombrarlas desde afuera, sino por el estricto apego al principio de legalidad, al debido proceso y a la reserva constitucional de los actos.
Brewer-Carías le dejaría meridianamente claro a Rubio que, en el librito real, el poder originario no se decreta ni se negocia en los escritorios foráneos del Capitolio. Ese poder reside de forma intransferible en las calles, en la memoria viva de la República y en el voto libre de los ciudadanos venezolanos.
Porque a fin de cuentas, mientras el ciudadano común vuelve a abrir las páginas de su librito azul buscando la certeza primera de que esta patria se manda a sí misma y exige respeto por su propio pacto fundamental, la historia recuerda que los atajos imperiales solo engendran nuevas tiranías; y es que las cosas, por más compleja que luzca la brújula del mundo, solo pueden salir bien si se hacen desde la soberanía, el rigor y el respeto absoluto a la ley.
Muchos de los problemas que padecemos son consecuencia de haber irrespetado la Constitución. Los destrozos no se arreglan irrespetándola más. Brewer-Carías lo puede explicar con lujo de detalles.
Soledadmorillobelloso@gmail.com – @solmorillob
