La política, ese oficio de sombras y claroscuros, nos sitúa con frecuencia frente a encrucijadas que parecen sacadas de una tragedia clásica o de un vodevil absurdo. El debate sobre si la Casa Blanca podría estampar una firma milagrosa y conceder un perdón presidencial a Maduro y Cilia no es una mera entelequia jurídica; Es un ejercicio de puro cinismo geopolítico. Pero bien vale una explicación para gente como yo, es decir, ciudadanos de a pie.
Si nos atenemos a la letra fría del texto constitucional estadounidense —ese Artículo II, Sección 2 que los letrados de Washington recitan como catecismo—, la respuesta llana es que el presidente de los Estados Unidos sí puede. El poder de clemencia en el ámbito federal es una facultad monárquica disfrazada de republicanismo: Amplia, discrecional y prácticamente inapelable. Frente a los expedientes por narcoterrorismo y tráfico de drogas que reposan en la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el mandatario posee la pluma para estampar un indulto o, en su defecto, ordenar al Departamento de Justicia el archivo de la causa en aras del llamado «interés nacional».
Pero la política real se escribe en el mostrador del pragmatismo y las cuentas de cobro electorales. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar Trump al perdonar a los ex inquilinos de Miraflores? El costo interno sería impagable. En una nación hiperpolarizada, regalarle un salvoconducto a quienes son el emblema del crimen organizado regional desataría un vendaval bíblico: Incendiaría el Capitolio y sepultaría cualquier aspiración electoral en Florida.
No faltará quien recuerde los antecedentes de condescendencia bajo la administración de Biden, cuando se concedió el indulto a los sobrinos de Cilia y la liberación de Alex Saab a cambio de prisioneros estadounidenses. Empero, aquellos sobreseimientos involucraban a peones e intermediarios en intercambios puntuales. Pretender extrapolar esa benevolencia táctica hacia el dúo terrorífico es un error de bulto: Una cosa es liberar piezas de recambio y otra muy diferente amortiguar la responsabilidad penal directa de los arquitectos del régimen.
El panorama se vuelve inexpugnable cuando sumamos las imputaciones por tortura, detención arbitraria y violaciones a la integridad física de ciudadanos estadounidenses. Cuando un régimen cruza la línea roja de atentar contra nacionales norteamericanos, el expediente deja de ser una disputa negociable para convertirse en una afrenta directa a la seguridad de Washington. La tortura a sus connacionales destruye cualquier margen para la diplomacia de pasillo y blinda las peticiones de la fiscalía, cerrando la puerta a libertades bajo fianza o arrestos indulgentes.
Esta certeza de que las puertas del perdón están cerradas resuena en Caracas con el estruendo de una sentencia anticipada. La desaparición de la ilusión del «salvoconducto mágico» desmorona la vieja premisa chavista de que todo expediente era una ficha de canje diplomático. Saber que un indulto es inviable altera drásticamente los incentivos de la cadena de mando.
Para el núcleo duro en el poder, la única opción aparente es el atrincheramiento ciego y el endurecimiento represivo. Sin embargo, para las líneas secundarias, mandos militares y operadores financieros, la certeza de que los líderes máximos no pueden salvarse destruye cualquier atisbo de lealtad incondicional.
Es aquí donde emerge la pregunta más punzante: Ante la perspectiva de una cadena perpetua en una cárcel federal, ¿tendrían Maduro y Cilia el pudor de no señalar a sus antiguos compañeros de ruta, como Diosdado, Padrino o los hermanos Rodríguez?
Quien conozca el poder autoritario sabe que la lealtad ideológica es la primera víctima cuando la libertad entra en juego. En los tribunales estadounidenses, la única moneda de cambio para reducir penas se llama «colaboración sustancial». Para la pareja presidencial, entregar pruebas sobre el resto de la cúpula dejaría de ser una traición para convertirse en un cálculo frío de supervivencia. Las lealtades en la revolución siempre han sido de utilería; Frente al mazo de un juez federal, simplemente no existen.
El simple murmullo de que la pareja procesada pueda comenzar a hablar siembra en Caracas una paranoia corrosiva. La sombra de la delación acelera la desconfianza mutua, fuerza purgas internas y empuja a los restantes caciques del régimen a buscar, por debajo de la mesa, sus propios atajos de negociación antes de que sea “too late”.
La certeza de que no habrá milagros ni indulgencias priva al régimen de su moneda de cambio más valiosa. El baile de máscaras en Caracas entra así en su etapa más peligrosa: Un escenario de resistencia asimétrica y sálvese quien pueda, donde la justicia federal no solo amenaza con desmantelar el pasado, sino con hacer que la propia cúpula devore a sus hijos para ganar un día más de oxígeno.
Soledadmorillobelloso@gmail.com – @solmorillob
