¡Una deuda social histórica!
¡Más de un siglo de explotación petrolera y la pobreza sigue golpeando al pueblo venezolano!
Venezuela pasó de vivir fundamentalmente de la producción y exportación de café y cacao a convertirse en una nación petrolera. Desde la década de 1910, bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, las concesiones otorgadas a empresas extranjeras abrieron una etapa de explotación de una riqueza que transformaría la economía nacional, pero cuyos beneficios no llegaron en igual proporción a la mayoría de la población.
Con la llegada de la democracia en 1958 y, posteriormente, con la nacionalización petrolera de 1976, el Estado venezolano amplió su participación en los ingresos de la industria. Durante el período democrático se destinaron recursos a la construcción de escuelas, liceos, universidades, hospitales y carreteras; se produjeron mejoras salariales mediante contrataciones colectivas y luchas sindicales, se crearon las bases para un sistema de seguridad social integral, en 1966 se decreta el sistema de pensiones en el Seguro social y se ampliaron oportunidades de movilidad social.
Sin embargo, la pobreza nunca desapareció. Los ranchos en los cerros de Caracas y en las periferias de otras ciudades siguieron siendo el testimonio visible de una deuda social histórica. Hubo avances, pero no se logró construir una sociedad capaz de distribuir equitativamente la riqueza petrolera ni de garantizar condiciones de vida dignas para todos.
Con Hugo Chávez, Venezuela recibió durante varios años ingresos petroleros extraordinarios, impulsados por los altos precios internacionales del crudo. Se financiaron programas sociales y se amplió el gasto público, pero no se construyó una economía suficientemente diversificada ni se garantizaron mecanismos sostenibles y transparentes para proteger el bienestar de la población frente a futuras crisis.
Posteriormente, bajo el régimen de Nicolás Maduro, la crisis económica y social se profundizó dramáticamente. La caída de la producción petrolera tuvo múltiples causas, entre ellas el deterioro de la industria, la insuficiente inversión y mantenimiento, los problemas de gestión y por los elevados niveles de corrupción y desvío de recursos, por quienes han estado en este periodo al frente de la industria, entre ellos, el más emblemático por estar preso acusado de haber desaparecido 23 mil millones de dólares, Tareck El Aisame, condiciones que aún se mantienen bajo el “interinato” y que también exigen investigaciones rigurosas y rendición de cuentas.
Hoy, la pobreza venezolana no solo se mide por los alimentos que faltan en la mesa o por las medicinas que las familias no pueden comprar. Se palpa en el deterioro de las condiciones de vida y en el colapso de servicios esenciales.
Se ve en los vagones del Metro sin condiciones adecuadas de climatización, menor número de unidades, trenes destruidos; en los apagones y las interrupciones eléctricas; en el suministro irregular de agua potable, que en algunas regiones puede tardar semanas en restablecerse; en las fugas de agua y las aguas servidas que recorren calles y avenidas; en las escuelas y universidades deterioradas, y en los hospitales que carecen de mantenimiento y recursos suficientes para atender dignamente a los pacientes.
Es la pobreza que invade los hogares, debilita los servicios públicos y limita las posibilidades de millones de personas. Una pobreza que golpea especialmente a los pensionados, jubilados y adultos mayores, condenados a sobrevivir con ingresos insuficientes mientras enfrentan dificultades para alimentarse, adquirir medicamentos y recibir atención médica.
Y entonces surge la gran paradoja: Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero millones de sus habitantes viven en condiciones de pobreza.
¿Dónde está la riqueza del petróleo?
¿Ha sido incompetencia de quienes han gobernado? ¿Falta de voluntad política para colocar el bienestar del pueblo por encima de otros intereses? ¿Desvío de los recursos públicos? ¿Corrupción e impunidad? ¿O todas estas calamidades juntas, combinadas con la dependencia petrolera y la ausencia de controles efectivos?
Estas preguntas no pueden responderse con consignas: requieren transparencia, investigación y rendición de cuentas. Pero tampoco pueden seguir eludiéndose frente a una realidad que está a la vista de todos.
Después de más de cien años de explotación petrolera, Venezuela no ha conseguido transformar su extraordinaria riqueza natural en bienestar duradero para la mayoría de su población.
El problema no es solamente cuánto petróleo tiene Venezuela, cuánto produce o cuánto dinero genera. También el problema es cómo se administra esa riqueza, quiénes se benefician de ella y cuánto llega realmente al pueblo.
Porque la verdadera riqueza de una nación no se mide únicamente por lo que guarda su subsuelo, sino por la vida digna que pueden disfrutar sus habitantes.
¡Un país rico en petróleo no debería tener un pueblo condenado a la pobreza!
¡La riqueza petrolera debe estar al servicio del bienestar del pueblo, de las pensiones dignas y de la seguridad social integral!
Coordinador Nacional de El Comité de DDHH de para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores.
