Algunos acontecimientos en Venezuela, especialmente los ocurridos desde el pasado 3 de enero, parecen hacernos sentir que estamos ante una autopsia.
Afortunadamente no es una autopsia porque, como escuché decir una vez al profesor Ángel Lombardi, los países no mueren. Ellos cambian siempre, también a veces para peor, o se transforman en algo más grande, o más pequeño.
Pero lo que vemos acontecer cada día se empeña en mostrarnos cosas que ya habíamos imaginado, presentido, o simplemente considerado como lamentablemente reales, pero que al estar acalladas por el miedo, o escondidas bajo la pesada y omnipresente costra comunicacional del régimen, no alcanzaban a mostrarse con su verdadero y putrefacto rostro.
¿No semeja un tejido muerto el sistema de justicia, incluyendo fiscales y jueces a todo nivel, desde la más alta corte, cuando hace ya largo tiempo abandonaron su deber de procurar y administrar justicia para dedicarse a jugar cuadro cerrado en la defensa de un régimen inicuo y de quienes controlan cualquier cuota de poder, no solo en sus intereses políticos, sino también económicos, familiares y hasta en las rencillas personales que puedan enfrentarlos a otros ciudadanos, inermes estos ante “el peso de la ley”? Los escándalos que han surgido tras la caída en desgracia de capitostes del régimen, perseguidos a causa de ajustes de cuentas con sus antiguos socios en el poder, nos restriegan en la cara, mostrándolo de cuerpo entero, lo que ya sabíamos. Porque ahora hemos visto a antiguos y crueles perseguidores recibir amargas cucharadas de su propia medicina, incluyendo tratos crueles, denegación de justicia e irrespeto a los más elementales derechos. Y cuando eso sucede, entonces la descomposición de ese sistema no deja de mostrarse de manera persistente, cuando ya su olor nauseabundo es totalmente inocultable.
¿Y no es un ya un tejido muerto nuestro sistema de seguridad pública y de prevención y/o represión del delito? ¿Cómo puede ocultarse la profunda llaga que deja al descubierto, totalmente esta vez, el episodio que involucró al supuesto cabecilla de una organización criminal que hoy avergüenza a nuestro país ante los ojos de todo el mundo, no capturado ni castigado en justicia, sino “liquidado” (sic) en la región de Guayana mediante ataques aéreos, según se ha informado, dignos de películas morbosas de Hollywood? Con el agravante de que este episodio involucra un país extranjero, y ni siquiera se sabe exactamente si lo “liquidaron” fuerzas nacionales o extranjeras. Y esto ocurrió en un país donde la mal llamada “bicha”, y también otras constituciones anteriores, prohíbe la pena de muerte.
Y por favor, no se confunda el lector: no estoy defendiendo la delincuencia, que bastante nos ha martirizado a todos por tan largo tiempo. Es que los vasos comunicantes de ella, y especialmente de sus expresiones organizadas, con el sistema de seguridad pública, que todo el mundo sospecha, ya es un asunto cuyo olor nauseabundo no puede ocultarse. El reciente episodio del arco minero es un gran boquete que se abrió para mostrar parte de la necrosis moral y operativa de nuestro sistema de seguridad pública. Habrá que prepararse para los asombros, los “¡no puede ser!” que viviremos cuando cambios políticos abran la puerta de la prisión en que se encuentra la libertad de expresión. Por ahora, ¿quién no ha escuchado el relato, casi siempre en voz baja, de alguno de los miles de ciudadanos comunes que guardan en su memoria aterradoras o vergonzosas experiencias que atestiguan esa descomposición?
Afortunadamente, como ya he dicho, los países no mueren. Pero qué duda cabe de que nuestra institucionalidad pública, ya en su estado actual de descomposición, constantemente nos produce la desagradable sensación de estar frente a un cadáver putrefacto.
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