Comienzo con una frase que seguramente muchos han escuchado repetida con fuerza en estos días: “la deuda de Venezuela es de 240 billones de dólares”. Y lo cierto es que esa frase golpea. Sacude. Crea la sensación de estar frente a algo casi imposible de comprender. Pero precisamente por eso, porque impresiona tanto, es necesario detenernos un instante y hacernos la pregunta más simple y más honesta: ¿de verdad estamos hablando de eso?
No. Y decirlo con claridad no es un detalle menor. No estamos hablando de 240 billones en el sentido que usamos en español, no estamos ante ese abismo de doce ceros que pondría a nuestro país en un escenario completamente irreal. Lo que realmente está en discusión es una deuda cercana a los 240 mil millones de dólares. Enorme, sí. Preocupante, sin duda. Pero otra cosa. Y esa diferencia importa, porque un país que no entiende sus números tampoco puede entender su destino.
Ahora bien, corregir la cifra no suaviza la realidad. No la hace menos dura. Al contrario: la vuelve más concreta, más cercana, más difícil de esquivar. Porque ese monto, lejos de ser una exageración pasajera, parece superar incluso lo que durante años se manejó como referencia. Es decir, no sólo enfrentamos una deuda enorme, sino una deuda que creció en medio de la opacidad, de la falta de información clara, de silencios que hoy pasan factura.
Y detrás de ese número hay algo que no aparece en los informes ni en los titulares: hay una historia. Una historia de años en los que se asumieron compromisos que no se cumplieron, en los que los intereses siguieron corriendo como si el tiempo no pasara. Desde 2017, Venezuela está en default, y eso no es una palabra técnica más; es el inicio de una cadena de consecuencias que no se han detenido. Cada año sin pagar no congela la deuda, la multiplica, la hace más pesada, más difícil de desmontar.
Hoy parece abrirse, por fin, un momento distinto. Un intento de reconocer, de poner sobre la mesa lo que realmente se debe, de ordenar ese rompecabezas antes de sentarse a negociar. Se habla incluso de una reestructuración que podría ser de las más grandes que se hayan visto en la historia planetaria. Pero ese proceso, tan decisivo, ocurre todavía envuelto en una niebla que preocupa.
Porque mientras se discuten miles de millones, mientras se proyectan acuerdos que marcarán el futuro del país, hay algo que sigue sin estar claro: ¿quiénes son los responsables de sentarse ahí? ¿Quiénes son los expertos que van a hablar en nombre de todos? A estas alturas, ni siquiera conocemos con transparencia los nombres de quienes tendrán en sus manos decisiones que afectarán la vida de millones. Y eso no es un detalle técnico. Es una señal. Es la continuidad de una forma de hacer las cosas que nos ha traído hasta aquí.
Y sin embargo, el aspecto más profundo de todo esto no está en la mesa de negociación, sino fuera de ella. Está en la vida diaria de la gente. Porque la deuda no es un concepto abstracto. No es una línea en un documento ni un número que sólo importa a los financieros. La deuda, cuando alcanza este nivel, se siente. Se traduce en hospitales que no tienen lo necesario, en escuelas que hacen milagros para funcionar, en servicios que se desgastan hasta el límite.
Un país endeudado no sólo debe dinero: debe respuestas. Y cada compromiso que no se cumple, cada acuerdo que se firma en condiciones difíciles, termina reduciendo el margen para atender lo básico. No hace falta que nadie lo anuncie. Se vive. Se respira. Se padece.
Y cuando llega la hora de renegociar —porque esa hora ha llegado— tampoco hay decisiones inocentes. Negociar la deuda es elegir: qué se paga primero, qué se pospone, qué se sacrifica. Y lo más duro es que esas decisiones casi nunca las pagan quienes las provocaron. Las paga la gente común, la que no firmó, la que no decidió, la que simplemente se quedó aquí resistiendo.
Por eso duele tanto la frase mal dicha. No porque sea un error técnico, sino porque distrae. Porque convierte en espectáculo lo que debería ser reflexión. Hablar de “240 billones” es ruido. Y el ruido nos aleja de lo esencial.
Y lo esencial no necesita exageración. La realidad, tal como es, ya duele una enormidad. Un país con una deuda inmensa, con una economía reducida, con una sociedad cansada de resistir, no necesita cifras infladas para entender su gravedad.
Yo no soy economista ni experto financiero. Y mal puedo decir que entiendo cómo es posible que alguien haya sido tan irresponsable como para meternos en esta situación. Pero sí sé algo con absoluta certeza: los venezolanos, cada uno de nosotros, tenemos derecho a una explicación sin retruécanos, sin sombras, sin silencios.
Porque al final, más allá de los números, de los tecnicismos y de las negociaciones, lo que está en juego no es una cifra. Es nuestra vida. Es nuestro presente. Y, sobre todo, es el futuro que todavía estamos a tiempo de defender.
Las cuentas claras y el chocolate espeso.
Soledadmorillobelloso@gmail.com – @solmorillob
