El país que hoy clama por soluciones reales es un país que empieza a comprender que el «ellos contra nosotros» es una trampa que nos ha dejado a todos en la intemperie
«Las sociedades más intolerantes son aquellas que por lo general se desmoronan con mayor facilidad en cuanto se autoriza en su seno expresar la disidencia que rompe con la uniformidad establecida», sentenciaba el filósofo Fernando Savater. Esta máxima, lejos de ser un ejercicio de teoría política abstracta, se ha convertido en la radiografía más dolorosa de la Venezuela contemporánea.
El modelo socialista, instalado en nuestra tierra hace ya tantos años, partió de una premisa básica: la segmentación artificial. Para garantizar su viabilidad, el proyecto necesitaba dividir a la sociedad en compartimentos estancos, enfrentando a unos contra otros bajo el dogma de la «lucha de clases». Es una ironía histórica que, antes de la imposición de este relato, la convivencia fuese la norma, y no la excepción. Sin embargo, el régimen logró, mediante el uso perverso de temas arraigados en nuestra identidad, moldear una mentalidad basada en el resentimiento. Se crearon bandos: «escuálidos» y «oligarcas» contra «pueblo», etiquetas vacías diseñadas para transformar al vecino en enemigo y al disidente en un apátrida.
El costo de la discordia
Lo más lacerante de este proceso ha sido la institucionalización del odio. Olvidar que la armonía y la convivencia son las categorías fundamentales de la política fue el error —o el plan— más costoso para el tejido social. Este sistema ha operado como una maquinaria que alimenta la fractura, nulificando las reglas de la convivencia democrática y sustituyéndolas por un dogmatismo que asfixia cualquier intento de progreso compartido.
Frente a esto, surge la tolerancia no como un acto de debilidad o resignación, sino como el mínimo consenso social necesario para que una nación funcione. Como bien apuntaba Savater, la tolerancia es una calle de doble dirección: implica el respeto irrestricto a la persona, aunque no necesariamente a sus ideas. Es, en última instancia, la renuncia voluntaria a la violencia como método de resolución de conflictos.
Sin embargo, existe un peligro latente: la democracia, si tolera absolutamente todo, corre el riesgo de morir de tolerancia ante aquellos que utilizan las libertades democráticas para dinamitar las instituciones desde adentro. La verdadera convivencia exige un marco compartido: quien hostiliza el sistema y niega la existencia del otro, se excluye a sí mismo del pacto democrático.
Al escribir estas líneas en abril de 2026, Venezuela se encuentra en una encrucijada que va mucho más allá de lo meramente administrativo o electoral. Hemos llegado a un punto de saturación donde la retórica de la confrontación ha perdido su capacidad de movilización y solo evidencia su incapacidad para resolver los problemas reales de la gente.
El desafío que tenemos por delante no es simplemente un cambio de mando, sino una reconstrucción del tejido ciudadano. El país que hoy clama por soluciones reales es un país que empieza a comprender que el «ellos contra nosotros» es una trampa que nos ha dejado a todos en la intemperie. La tarea de esta hora no es buscar la uniformidad —que es el cementerio de las libertades—, sino edificar un terreno donde la diferencia deje de ser una amenaza para convertirse en la norma de una convivencia civilizada.
La tolerancia hoy no es un ejercicio pasivo; es un acto de resistencia frente a quienes todavía apuestan por el rencor. Superar el resentimiento no implica olvidar el pasado, sino impedir que ese pasado secuestre nuestro futuro. En este 2026, la verdadera revolución, la única que es urgente, es la de volver a reconocer al otro como un par y rescatar el respeto como la moneda de cambio fundamental de nuestra venezolanidad.
Sociólogo de la Universidad de Carabobo. Director de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad de Carabobo.
