Mientras más profunda es la crisis venezolana, más evidente surge la necesidad de desestatizar al país. Hasta ahora, por virtud de las tragedias históricas que hemos vivido durante más de un siglo, se ha llegado al convencimiento de que la solución de nuestros problemas crónicos de atraso y pobreza estaban en manos de un superEstado, propietario de la riqueza y gran repartidor de la misma, según los intereses internos que albergaba esta institución.Para quien quiera ver, es evidente que la gran reforma del Estado, imprescindible de aplicar en Venezuela, es desestatizar, reconocer que el hijo prodigo del estado petrolero ha sido y es el rentismo que anula la libertad y responsabilidad ciudadana.
Ya se ha repetido que un Estado no puede ser dueño de la riqueza y repartirla a su antojo, porque todo giraría en torno a quienes circunstancialmente tengan el control del poder y, con ello, el control del Estado, en una sociedad como Venezuela con débiles instituciones y sin contrapoderes.
Podríamos decir que la estatización que rige en Venezuela es un producto de un acto ominoso, después de consagrar la propiedad privada en el Art. 115 de la Constitución y haber expropiado el acceso a las ventajas comparativas que pudieron haber gozado los ciudadanos, si no hubiera ocurrido la entrega de la riqueza al Estado como pauta la misma Constitución vigente en sus artículos 302 y 303, los cuales establecen que el único administrador de las fuentes de riqueza era el Estado vigente y no la ciudadanía, ejerciendo su papel de generadores de una economía participativa y productiva. Todo en contradicción, repetimos, con el artículo 115 que garantizaba la existencia de la propiedad privada como derecho ciudadano. La economía se convirtió de tal manera en un feudo del Estado.
Por ello, es imprescindible que se reconozca que la gran tarea es desestatizar la economía como primer deber de una nueva Constitución.
Hay que abrir los caminos para que la riqueza que podamos obtener por el petróleo, el oro y todos los recursos naturales que tiene el país pueda ser dirigida a fortalecer las actividades económicas que emprendan los ciudadanos y sus organizaciones; aquellas que requiere un país para ser libre y próspero. Algunos pueden argumentar que Noruega es un país petrolero, que el reino noruego es dueño de su petróleo, la diferencia con Venezuela es que las instituciones y el equilibrio de poderes ya existían en Noruega cuando, en 1960, surge la industria petrolera. El equilibrio de poderes, las instituciones y el ciudadano existían antes de iniciar el petróleo en ese país. “Noruega poseía una estructura económica sólida, instituciones políticas maduras, eficientes y competentes, una sociedad disciplinada que resaltaba los valores de la frugalidad y de la creación de riqueza por medio del trabajo; así como una base capitalista del tipo cooperativa social y con valoración de los bienes públicos”. Por ello, Noruega es distinta al conjunto de países que integran la OPEP, todos gobernados de forma autoritaria por poderes inamovibles, de espaldas al equilibrio de poderes y sin reconocimiento del significado de la ciudanía. En Venezuela, el petróleo comienza a ser explotado en la dictadura de Gómez y continua con nuestros avatares políticos, caracterizados por instituciones muy débiles y un fuerte poder presidencialista, concentrado y centralizado.
Allí nace un planteamiento, reformar el Estado venezolano no puede ser nada distinto a desestatizar, esto quiere decir que las grandes tareas económicas; producir petróleo, bienes agrícolas y tecnología tiene que ser una función ejercida por los ciudadanos, empresas, asociaciones o por su representación democrática.
Aun conservando el derecho de explotar el petróleo por el Estado pueden abrirse los caminos democráticos para que la riqueza que se deriva de nuestros grandes recursos sea utilizada en beneficio de la población. En el ejemplo ya citado de Noruega, un país que ha sabido utilizar la gran riqueza petrolera, no para extinguir otras actividades económicas, sino todo lo contrario, los fondos petroleros van a incentivar la capacidad de los ciudadanos de ser más rentables en cualquier campo de actividad que se propongan. Para ello, han creado un Fondo de Inversiones que define, objetiva y técnicamente, adónde deben ir esos recursos. Una realidad en las antípodas de la práctica que se ha ejercido en Venezuela, donde desde un programa de televisión Chávez repartía los recursos públicos.
La reforma del Estado debe concentrarse entonces en separar la estructura ejecutiva que decide cómo deben usar los recursos petroleros y avanzar con criterios modernos a crear una instancia que decida cómo aplicar estos recursos. Sería un fondo de inversión manejado con el mayor nivel técnico posible, tal como estilan los noruegos. Otra función prioritaria sería vigilar que las recomendaciones técnicas que emanen de este fondo sean cumplidas a nivel político, que no se usen los recursos públicos para alimentar falsos liderazgos y proselitismos políticos corruptos.
La conclusión de las últimas décadas de equívocos sería establecer una gran y apremiante solicitud para que el poder ejecutivo no se entrometa en el manejo de los recursos petroleros del país, que simplemente se trasmute y se convierta en vigilante del destino de estos fondos en favor de la población. Sacar el petróleo de la oficina del presidente de la república y entregársela a una institución que técnica y democráticamente defina los caminos de inversión necesarios a cubrir.
Hay otras grandes necesidades que el Estado sí debe cubrir, como garantizar que no existan territorios y grupos poblacionales abandonados a su suerte. Que la gente que quiera producir pueda organizarse y crear instituciones, asociaciones que representen sus intereses. Garantizar la libertad de expresión, que los medios de comunicación puedan ejercer sus oficios en plena libertad, sin presiones políticas ni amenazas en su contra. Basta ver el panorama de hoy, donde ha sido destruidos los medios de comunicación en todas sus instancias por el Estado petrolero. En los últimos 20 años (aproximadamente 2003-2024), más de 400 medios de comunicación han cerrado en Venezuela, siendo las emisoras de radio las más afectadas (cerca de 285), seguidas por periódicos (unos 87), canales de TV y medios digitales, según reportes de ONG como Espacio Público, en un contexto de restricciones a la libertad de prensa.
Otra gran tarea sería garantizar un real y poderoso equilibrio de poderes que permita la beligerancia de las instituciones defensoras de los derechos ciudadanos, concebidos como representantes de la ciudadanía, no eslabones del poder concentrado del Estado totalitario. Vivimos cada día el resultado de sentencias insólitas emitidas por jueces sin ética ni preparación, que condenan a ciudadanos a penas y castigos sin ningún fundamento jurídico.
En conclusión, podríamos plantear que la primera tarea de un plan de reforma del Estado es precisamente desestatizar, quitar los privilegios en la asignación de recursos que son de los ciudadanos. Promover un equilibrio de poderes que permita un autocontrol que favorezca al ciudadano y no a los partidos o agrupaciones afines al poder concentrado del Estado, basado en un cuerpo de leyes como garantía firme de la democracia y respeto al ciudadano.
La reforma del Estado no puede ser solo facilitar trámites. En primer lugar, debe ubicar y limitar el poder del Estado, cuál es su dominio en favor del ciudadano, una realidad que debemos reconocer nunca haber vivido en nuestra historia. Hemos asistido en fechas recientes a la pudrición del sistema judicial. Jueces convertidos en testaferros de intereses políticos, en búsqueda corrupta de beneficios personales, adversando intereses ciudadanos, casi siempre tras recursos derivados de la extorsión al ciudadano.
La reforma de Estado debe promover la anulación de los artículos 302 y 303 de nuestra Constitución, acabar con la trampa constitucional que representa garantizar la propiedad privada en el artículo 115 y arrebatársela después en los mencionados artículos 302 y 303. Repetimos, causa matriz de la edificación del Estado petrolero rentista. Una tarea prioritaria para que los ciudadanos y empresarios sean los verdaderos constructores de la riqueza nacional y vivamos en libertad. El camino está abierto a los cambios. Comencemos por ver cuál ha sido la labor de Conatel, eliminando la libertad de expresión. Descubrir cuáles son los objetivos del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, institución que pretende eliminar las Pymes y muchas otras asociaciones, amenazas que debemos enfrentar de inmediato con valentía y espíritu de reconstrucción de una sociedad libre.
