Si algo nos llama la atención por ser tangible, y nos hace daño de no fácil reparación, no es otra cosa que la imposibilidad de vivir en condiciones justas, como consecuencia de la agresiva crisis económica y social que actualmente golpea a los venezolanos, los agrupa en situación de paria y les impide la asequibilidad a un mínimo de derechos, de disfrutar de beneficios sociales que ha de garantizar el Estado. La falta de trabajo fuerza la migración de la población, la cual, encontrando empleo en otras naciones, satisface las necesidades de los que tienen que quedarse mediante el envío de remesas. Se suman también a este hecho sobrevenido los que, por protección a su libertad personal, objeto de represión policial dado su condición de ciudadanos opositores, abandonan el país o se refugian mediante asilo en las embajadas, lo cual no puede negarse, por cuanto forma parte de una ocurrencia diaria.
Esto tiene su origen en la actual forma de gobierno, advenida del propósito cuartelario y golpista del fallecido militar Hugo Chávez, quien echó por tierra las conquistas de autonomía, libertad, justicia e igualdad que nos fueron posibles por voluntad y empeño de los gobiernos progresistas de los seis presidentes que tuvo la Cuarta República. Nicolás Maduro, negación del desarrollo democrático de la nación, se ha hecho seguidor del comportamiento fascista de su sucesor, y a su imagen y semejanza pretende hacerse creer que “es el Estado”. Sin duda, ha interpretado la gobernanza como una vuelta a la presencia del gendarme necesario creado por un positivismo burocrático al servicio de Juan Vicente Gómez, que impide que el ciudadano disponga de sus garantías constitucionales, que tenga acceso a la libre expresión, que le sea respetado el sufragio. Haciendo uso abusivo de los medios de comunicación social, que se han dado por autocensurarse, mediante cadenas diarias con expresión agorera y abusiva compostura, ha emitido conceptos sobre un socialismo vernáculo no entendido por la inteligencia humana, donde denota una narrativa arbitraria, hegemónica y grupal, con pérdida de un respaldo popular consecuente que pueda servirle de sustento.
El gobierno, a cuyas riendas está la voluntad omnímoda de Maduro, no obstante el tiempo que ha tenido disfrutándolo, con marcada pérdida de adherentes, se ha negado a entender que los regímenes de elección popular son mayoría en el mundo, con evolución frecuente una vez desaparecida la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ello porque, si bien no se ha llegado a la perfectibilidad de la democracia con beneficios de inclusión total, es obvio que se ha adelantado mucho en su ejercicio. Los gringos han dejado de persistir en el patrocinio de gobiernos dictatoriales. En la región y en el Caribe solo se da consideración de dictaduras a los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Es de buen presagio que los gobiernos de Lula y Petro se pronuncien por elecciones libres para Venezuela. Si algo puede significarse es que, en Venezuela, su población, harta de dictadura, se ha sumado a la práctica y vigencia de las instituciones democráticas, que conforman su moral política.
No querer entender que la democracia representa para Venezuela la observancia efectiva del Estado de Derecho y autonomía jurídica referida al Poder Ejecutivo, el respeto a la soberanía de las funciones públicas, el acceso a la libre información y a la expresión de opinión, el acceso a las condiciones socioeconómicas, además de hacer de las elecciones competitivas el medio más expedito para garantizar la soberanía. No admitir que la sociedad haya dejado de representar la idea del principio central que garantiza a cada uno el trabajo a través de reglas jurídicas compatibles, hoy ausentes de la vida pública. Que la democracia es un régimen político de participación ciudadana que se restablece en el marco de vida de los ciudadanos, que solo mediante la democracia puede llegarse al régimen político de la ciudadanía; que democracia y ciudadanía marchan de manera consistente y se desarrollan de manera paralela. Que la ciudadanía es goce de los derechos individuales de participación, que la soberanía individual implica independencia de los otros individuos y derechos respecto al Estado y sus funcionarios, igualdad de derechos. No hacer de estos principios constitucionales una obligación de inexcusable cumplimiento, más que una felonía, tipifica una conducta irresponsable que produce daños irreparables e ilegítimos, que carecen de respaldo en la opinión pública y que no son compatibles con las conquistas que nos ofrece el siglo XXI, que requieren una responsabilidad de cumplimiento de quien ocupe el solio presidencial, sea quien sea, en este caso Nicolás Maduro.
En conformidad con lo dicho, duda no cabe de que Maduro no ha venido ejerciendo la Presidencia con el respeto debido a la Constitución. Todo lo contrario: la ha venido desempeñando en forma personal, acompañado de una élite donde los grupos familiares, sin razones de incompatibilidad, ejercen la función pública sin la previa consideración de un poder ciudadano que se lo impida.
El régimen de Venezuela es presidencialista, pero sometido al control de su ejercicio. Esto ha dejado de ser cumplido, habido cuenta de que los cinco órganos que hoy conforman el poder público del Estado son todos obedientes a las órdenes del presidente, en forma laudatoria y extremadamente servil. La elección presidencial en Venezuela, esta última, ha sido considerada como una forma amañada de Maduro para continuar como presidente, con resultados avalados por el actual rector del CNE, sin recaudos de prueba que los justificaran. Maduro ha sido considerado ilegítimo, con mandato no constitucional, dado que hasta ahora el CNE no ha presentado las pruebas de la votación desglosadas de actas, lo cual ha hecho que la mayoría del electorado venezolano y gobiernos extranjeros lo tengan como una persona no elegida como presidente de Venezuela en las elecciones del 28 de julio de 2024, reconociéndole tal condición al diplomático Edmundo González Urrutia, quien obtuvo una suma electoral mayor a los 7 millones de votos.
A partir del 28 de julio de 2024, pasado a más de un año del evento electoral, el régimen, cuestionado electoralmente, se hace para sí del poder. Sin certificación de pruebas, lleva a cabo una persecución sin límite de control, sin prudencia alguna, contra políticos y periodistas que se atrevan a disentir: un desmedido propósito que no valoriza los reclamos que sobre el particular pueda hacerle la dirección de los derechos humanos. El régimen, acusado de ilegitimidad, cierra los espacios democráticos y el derecho a la información y expresión carece de valor alguno. Hoy recibimos la noticia sobre la existencia de 882 presos políticos, de los cuales 16 son mujeres, situación real no desmentida.
Habida consideración al presente escrito, me creo en la obligación, como ciudadano, por cuanto me lo permite la Constitución, con el derecho de hacer observaciones ante cualquier autoridad pública sobre asuntos que sean de su competencia. Basado en este inciso constitucional, hago consideraciones sobre el comportamiento que merece el actual sistema de gobierno:
El mandato de Nicolás Maduro, que Hugo Chávez lo haya designado para ejercer la presidencia, inclina a sostener que no dejó de ser una estrategia para simular que la sociedad civil privaría sobre el componente militar, lo cual no dejó de acrecentar confianza ciudadana en la continuidad de la democracia y convirtió en adictos al gobierno chavista a muchos políticos y empresarios. Pero en lo adelante no sucedió así: “Una cosa piensa el burro, otra quien lo va a montar”.
El poder envicia y crea pasiones. La llegada de Maduro y su larga permanencia como presidente le inculcó el deseo de seguir disfrutándolo. ¿Dónde encontró ese potosí para su perpetuación? No fue muy lejos. Para ello hizo uso de la Constitución. Mediante la promulgación de la enmienda constitucional de fecha 19 de febrero de 2009 se extiende el periodo presidencial, a la vez que se establece la reelección continua para el que aspire a ser presidente de la República: “cobra y se da el vuelto”. Se adueña del control de los cinco órganos del Poder Público Nacional: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Moral, los cuales convierte en sus cirineos. Suma a sus órdenes al ministro de la Defensa, Padrino López, quien es líder aplaudidor de todos sus desaguisados; lo que es más, los militares en servicio activo ingresan a los altos cargos de la administración pública sin apreciación de capacidad. Maduro no gobierna en beneficio del país. Su ejercicio es de manufactura electoral, con finalidad de continuación hegemónica, familiar y grupal. Se encuentra libre de control por parte del CNE; por eso no da cuenta de los resultados de las elecciones realizadas el 28 de julio de 2024. La crisis del país es ostensible; quiere impedir la libertad de expresión a través de la inducción al miedo, con ello pretende amordazar a los sectores que no comparten su ejercicio de gobierno. La desaparición forzada, como la violación del debido proceso, son prácticas inveteradas. El sistema de gobierno actual es la antítesis de los avances que se lograron en la Cuarta República, con los entendimientos coaligados de gestión. Nos llena de tristeza y preocupación que la crisis económico-social nos lleve a la condición de paria. Sin duda, el gobierno de Maduro es de marcha hacia atrás. No gobierna con la Constitución en la mano; es personal y arbitrario, lo cual nos causa un grave daño. Es todo una ambición de poder que pretende ser vitalicia. De todos modos, nos toca decir con propiedad que el camino hacia la paz y el encuentro de la justicia está abierto; puede revivirse con el empeño de la vigencia de la democracia.
