¿Qué busca?
Progresivamente ha venido ganando terreno en América Latina una propuesta constitucional de carácter político, que busca que no solamente sean los tribunales constitucionales, los que revisen el impacto que ciertas leyes de esa naturaleza o de esencia electoral, puedan producir en una Sociedad Democrática. Esa propuesta, se denomina “Constitucionalismo Dialógico”, términos que como se explicará, van más allá, del significado común de estas dos palabras, ya que incorpora en el ámbito de interpretación de la Constitución, otros actores.
Justificación
Una de las razones para modificar esa situación, es que las decisiones judiciales, por su misma entidad, no logran resolver, los desacuerdos políticos que, como es natural, surgen en una Democracia. Ellas no generan un buen ambiente al sistema de libertades al ser los jueces a quienes se les atribuya la exclusiva facultad de “pronunciar la última palabra’ respecto de cómo resolver problemas de la democracia, ya que muchas veces las mismas, liquidan, ignoran o menoscaban controversias políticas que pueden afectar la estabilidad de un país y que requieren del mayor consenso posible, lo que no se logra con sentencias.
Seguir otorgándole a los jueces de manera definitiva la última palabra en asuntos que suscitan opiniones diversas o controversias, sin antes someterlos a foros públicos consultas populares audiencias y otros mecanismos de participación también constitucionalizados y legalizados como las asambleas de ciudadanos y los cabildos abiertos, es impedir que se expresen opiniones y demandas que sean llevadas a prácticas políticas e incluso agregadas a leyes, como resultado de un amplio y simétrico proceso de deliberación tripartita.
Grado de legitimidad
Para el constitucionalismo dialogante, los jueces que resuelven problemas políticos o relacionados con el funcionamiento de una Democracia no ostentan un grado de representatividad suficiente o si la ostentan en los casos en que son designados por representantes de la ciudadanía, su legitimidad es insuficiente. Por tanto, se sostiene que, ahora deben ser los jueces y los representantes, quienes deliberen y tomen decisiones junto con los ciudadanos en un plano de igualdad y responsabilidad sobre la interpretación de la Constitución.
Vivencia
Un caso práctico de cuestionamiento a la legitimidad judicial en el tratamiento de problemas democráticos, constituyó la actuación de la Sala Constitucional en el período (2015-2020) contra la Asamblea Nacional, en donde los diputados electos popularmente, fueron desconocidos a través de un continuo dictado de sentencias, emitidas por un tribunal constitucional designado por una Asamblea Nacional vencida y deslegitimada, lo que trajo como consecuencia un permanente enfrentamiento entre poderes, que no tuvo solución constitucional.
Promotor
Uno de los más destacados promotores de esta nueva corriente constitucional y política es el profesor argentino Roberto Gargarella, quien desde el año 1980 viene propugnando que, para que la Democracia sea más atractiva y sentida por los ciudadanos, la ecuación participación- representación debe ampliarse del tradicional esquema de votar para designar representantes, que acaba en lo sucesivo, con la decisiva participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos, hasta que llegue un nuevo período eleccionario.
Distribuir poder
Para ampliar la acción de la democracia, las constituciones como instituciones políticas están llamadas a distribuir poder entre los distintos sectores de la sociedad civil, habida cuenta de que esta junto al resto de la población es la poseedora de la soberanía popular de la cual como se afirma nunca puede desprenderse, aunque a veces los magistrados o representantes populares lo olviden, cortando así el puente de comunicación que debe existir entre ambas partes, para resolver agudos problemas.
Nuevo actor
Se entiende entonces que bajo esta concepción constitucional y política, la sociedad civil organizada, debe ser convocada para formar parte de las deliberaciones entre poderes y así poder decidir cuestiones medulares que afectan o pueden afectar la vida de grupos humanos, regiones o personas individuales, terminando así de paso, con el hábito de hacerla solo receptora de las decisiones de ciertos poderes, que la obligan a aceptarlas a regañadientes a pesar de ser los titulares de ese poder de autodeterminación general.
Innovación
Estamos claros que en el caso venezolano, no se debe ni se puede seguir proponiendo redactando normas constitucionales que carezcan de motivación y atractivos ciudadanos, definitivamente hay que darle poder real a estos, que deje claro que aunque se den mandato de representación los mismos seguirán atados al libre albedrío ciudadano, quién no obstante elegir, podrá ordenar, corregir o eliminar posiciones del Poder Público que vayan en contra de las comunidades o que sean rechazadas por estas, dándole así clara identidad a la legitimidad legal y social.
Esta propuesta constitucional apunta al ideal de un proceso público y continuo de interpretación constitucional de políticas de Estado, “que es el ejercicio de la verdadera política” donde se debata entre iguales y de manera inclusiva con las distintas ramas gubernamentales sobre aquellas. Para Gargarella, esa conversación continuada debe ser horizontal, tripartita y efectiva, evitando que obedezca a algún factor de interés o subalterno.
Intencionalidad
Ese diálogo continuo entre estos tres actores institucionales y políticos, debe contar con una clara voluntad de entendimiento, donde se escuchen y se valoren todas las razones que se expongan, sin imposiciones, deponiendo actitudes obstaculizadoras, sólo buscando resolver el problema político o democrático que aqueja, en donde todos puedan aprender y hasta los afectados puedan participar y exponer sus puntos de vista.
Sería interesante, positivizar las obligaciones de legisladores, jueces y ciudadanos en la construcción de un país que desarrolle políticas concertadas, que las mismas, sean el resultado de consensos y aportes plurales, que no se use solo al Poder judicial, contra el país político, como ha ocurrido hasta ahora, liquidando voces distintas a las oficiales, para buscar mejores alternativa de crecimiento y desarrollo, sino que estudie lo que dijo Gargarella, que este triángulo de actores, concurran a la mesa de diseños de un nuevo país, en planos de igualmente y conscientes de su responsabilidad con el interés general nacional.
