El desconocimiento del resultado electoral y la negativa del gobierno para hacer públicas las actas electorales fue el clímax de la crisis política de larga data que experimenta Venezuela.
La reacción violenta y radical del régimen destruyó cualquier camino electoral para el regreso de la democracia. Con la represión masiva en contra de los ciudadanos, miles de ellos aún detenidos, el régimen encabezado por Nicolás Maduro demostró que se mantendrá a la fuerza en el poder, sin posibilidad de cambios. La crisis desatada el 28 de julio no solo amenaza la continuación de un régimen criminal y delincuente sino que arrasa con todo el andamiaje de oposición cómplice cuyo objetivo fue posponer los cambios políticos.
La muerte del sistema criminal que nos fue impuesto a los venezolanos a partir de 1999 agoniza. Estemos preparados para reclamar los cambios necesarios y llevar a juicio a los oportunistas, mentirosos, rateros y violadores de derechos humanos. Sin justicia los cambios no serán duraderos y si el país quiere sanar sus heridas tendrá que amputar las extremidades que sostienen a la dictadura criminal, con la cual las naciones civilizadas del mundo no pueden convivir.
El regreso de las sanciones hay que analizarlo en su justa dimensión y propósito porque no se puede seguir tratando a unos criminales que tienen secuestrada a Venezuela como dirigentes democráticos.
Si en algún momento tienen sentido las sanciones es ahora, cuando a siete meses de las elecciones del 28 de julio no se han reconocido los resultados. Bienvenidas las sanciones, puede que no logren sacar a Nicolás Maduro del poder, pero sin duda ayudarán a cercarlo para terminar con esta pesadilla que nos ha hundido en la miseria.
