Como su nombre lo indica el SSO (Seguro Social Obligatorio), es obligatorio para todo trabajador en Venezuela, con un aporte del trabajador de su salario básico de 4%, y un aporte del patrono del 6%, es decir, todo trabajador venezolano aporta mensualmente un 10% de su salario, para garantizar el acceso a la salud y de recibir una pensión al cumplir su ciclo de vida laboral.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es quien rige la seguridad social en Venezuela. Pero hay que aclarar lo siguiente, el IVSS es propiedad de los trabajadores, administrado por el Estado, y por los gobiernos de turno, lo cual es un exabrupto, ya que su propietario, no participa en su administración y funcionamiento. Los gobiernos quitan y ponen funcionarios de acuerdo a su criterio político del momento, lo cual los hace responsables directos de la quiebra del IVSS y, en consecuencia, de la seguridad social en Venezuela, de la atención a la salud y disponibilidad de medicinas y tratamientos y de la destrucción de las pensiones.
La corruptela política y sindical, que tiene su máxima expresión en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, permitió que el IVSS haya terminado en la quiebra, porque el aporte del trabajador y de las empresas se hace tomando como base el salario básico. Y como todos sabemos, el salario básico prácticamente no existe, gracias a la devaluación, la inflación y la indolencia del gobierno.
El IVSS ha sido destruido y saqueado en unas magnitudes incalculables, incluso podemos afirmar que el robo en el IVSS ha sobrepasado al más reciente episodio del robo a @PDVSA.
La recuperación de la seguridad social, de las pensiones y del salario básico es prioritario para que se produzca un verdadero cambio en Venezuela. Es el principal reto para quienes prometen la transición y el regreso de la democracia: el salario digno para los trabajadores en Venezuela. Esto no tiene espera, todo patrono en Venezuela debe cumplir la constitución en su artículo 91, el salario, para su cálculo, se tomará como referencia el costo de la canasta básica, y la pensión de jubilación debe ser igual al salario mínimo. No es una petición ni una negociación, es una obligación del Estado, de sus dirigentes y de un nuevo gobierno.
