Rafael Ramírez: ¿Por qué el gobierno no incrementa el salario mínimo?

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Al 2023, el salario mínimo de Venezuela de sólo 5 dólares al mes, es el más bajo de la región; incluso, inferior al de Haití (115 dólares mensuales) y al de Cuba (12 dólares mensuales). Estos 5 dólares al mes, significan 17 centavos de dólar por día, muy por debajo del umbral de la pobreza de 1,5 dólares diarios, establecido por las Naciones Unidas. Tal hecho, insólito y trágico, condena a más del 90% de nuestra población, es decir, a los trabajadores y asalariados, a la pobreza.

El gobierno argumenta que, con los distintos bonos otorgados, el ingreso mensual de los trabajadores activos alcanza los 70 dólares mensuales, con lo cual, superaría a Cuba, pero nos mantiene 40% por debajo de Haití. Lo que no dice el gobierno, es que mantiene a los jubilados y pensionados –los más vulnerables– en la cifra anterior de 5 dólares mensuales.

Los voceros del gobierno, callan el hecho de que los bonos no son parte del salario, es decir, no inciden ni en las prestaciones sociales, ni en la jubilación, ni en ningún otro cálculo de beneficios laborales establecidos en la ley.

Lo más trágico, y que refleja la indolencia política de este gobierno, es que el salario y demás bonos anunciados por el mismo –en dólares–, son pagaderos en bolívares, mientras que toda la economía está dolarizada. Más allá de las promesas del gobierno, siempre incumplidas (como sucedió con el “petro”), de indexar estos montos al dólar criminal del BCV, la realidad es que el gobierno no puede contener la devaluación. El último aumento salarial del mes de marzo de 2022, que en su momento representó 30 dólares al mes, se devaluó a los 5 dólares actuales, cuando la tasa de cambio del BCV pasó de 4,38  bolívares por dólar a 25 bolívares por dólar, en una devaluación del 471%, en apenas un año.

Con la política de congelar el salario y otorgar bonos, el gobierno volvió a la práctica neoliberal de los años 90’, de “la flexibilización laboral” y la política de bonificación de los salarios, que tanto daño hizo a los trabajadores y que Chávez criticaba una y otra vez. El Comandante en sus palabras, que invito a todos a recordar, denunciaba que las mismas eran parte de un libreto neoliberal, que “pulverizaba el salario” y despojaba a los trabajadores de sus conquistas alcanzadas en años y años de lucha.

Así, lo que estamos observando es la consecuencia directa, tal como lo advertimos en su momento, del “Paquetazo Neoliberal” anunciado por nicolás maduro el 17 de agosto de 2018. Allí, maduro fue claro en que una de las metas de su “Paquete” sería reducir el déficit fiscal –reducir el Estado–, lo cual significaba sacrificar los beneficios de los trabajadores, disminuyendo al máximo los conceptos de salarios y otras conquistas laborales contenidas en las sucesivas convenciones colectivas vigentes en el país.

De lo que se trataba, a partir de allí, era seguir estrictamente la receta neoliberal de eliminar o minimizar lo que el capital llama “el costo social”; y este “costo social” es, nada más y nada menos, que el conjunto de garantías económicas y sociales que había conquistado los trabajadores venezolanos, no solamente durante el gobierno del Presidente Chávez, sino durante los gobiernos de la IV República.

La actuación del gobierno, no solo es de corte absolutamente retrógrado y antiobrero –más bien, antipopular–, sino que es INCONSTITUCIONAL, no sólo por transgredir la progresividad de los Derechos Laborales consagrados en el Texto Constitucional, sino que, es violatoria de la Ley Orgánica del Trabajo promulgada por el Presidente Chávez el 7 de mayo de 2012,, 10 meses antes de morir.

Pensaba entonces el Presidente Chávez, haciendo un gran esfuerzo, en medio del tratamiento para sobreponerse a las dolencias de su enfermedad, que firmando esta ley consagraría, definitivamente y de manera irreversible, las conquistas y los derechos de los trabajadores. Jamás imaginó el Comandante que, años después, nicolás maduro asaltaría el poder y, en su nombre, derogaría de facto estas leyes progresistas y profundamente favorables a los trabajadores, promulgadas durante la Revolución Bolivariana.

A partir del anuncio del “Paquetazo” de 2018, el gobierno ha actuado sistemáticamente (es en lo único en que ha sido consistente) en desmontar todo el andamiaje de conquistas de los trabajadores y las garantías otorgadas por el Estado: hicieron tabla rasa con los salarios; hicieron caso omiso a las distintas convenciones colectivas vigentes; eliminaron la protección social, los sistemas de salud y todo aquello que amparaba a los trabajadores. El gobierno, en su plan, considera a esas conquistas y garantías laborales, un costo que debe ser reducido.

Para lograr ésto, y acallar las protestas de los trabajadores, el gobierno militarizó las empresas y organismos del Estado, colocando al frente de ellas a militares de derecha, oscuros oficiales que arremetieron en contra los trabajadores, criminalizando sus justas exigencias. A la vez, el gobierno convertía la violación de los Derechos Humanos en una POLÍTICA DE ESTADO, tal como lo ha denunciado el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sus tres  Informes de Determinación de Hechos (“Fact Finding”), lo que ha dado pie al inicio de una investigación en contra de maduro y los jerarcas del gobierno, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.

El mejor ejemplo de ello, el más trágico, ha sido lo sucedido en PDVSA y el Ministerio de Petróleo, donde, a partir de su militarización (con el general de la Guardia Nacional Manuel Quevedo al frente) y, luego, con la designación del –aún– desaparecido Tareck El Aissami, el gobierno arremetió en contra de los trabajadores, encarcelando a CIENTOS de ellos, muchos de los cuales aún permanecen en prisión; a la vez, dispuso de los Fondos de Ahorro, desconocieron los beneficios sociales contemplados en la Convención Colectiva Petrolera  (CCP), eliminaron los servicios de salud y los seguros que los amparaban, hasta el punto de negarles, incluso, sus indumentarias e instrumentos de trabajo, desamparando a los trabajadores petroleros, quienes viven y mueren al margen de cualquier atención, prácticamente, en la indigencia.

Lo anterior ha sucedido, en mayor o menor grado, en todas las empresas e instituciones del Estado, convirtiéndose en un marcador para los trabajadores del sector privado. Los trabajadores, con un salario de solo 5 dólares mensuales y la política de bonificación, han sido despojados, en la práctica, de sus prestaciones sociales y otros beneficios, lo que ha incrementado –de manera exponencial– el trabajo precario, la tercerización y, peor aún, la maquila en la mano de obra venezolana (incluyendo trabajadores y profesionales), en lo que ahora el gobierno, de manera eufemística, llama “emprendedores”.

Pero esta consigna del gobierno de reducir el costo social, también se llevó por delante el sistema de Misiones y Grandes Misiones, el de Salud Pública, el de transporte y servicios, es decir, todo lo que tenga que ver con las conquistas y beneficios del pueblo.

El gobierno, en su plan de gobierno para llevar a la mayoría de la población a la pobreza, entonces, instaló sus mecanismos de control social para manipular la actuación política del ciudadano hambriento, a cambio de una caja de alimentos de mala calidad e insuficientes para una familia; mecanismo creado por el madurismo, con el que se trafica, de forma miserable, con el hambre y la necesidad, para obtener favores de cualquier tipo por parte del gobierno madurista.

Es decir, que lo que ha venido sucediendo con el salario, la bonificación, la eliminación de las conquistas sociales, no es un hecho aislado, es parte de la política económica del gobierno. Por ello, cuando los trabajadores enfocan su lucha contra la ONAPRE y su Instructivo, caen en la trampa del gobierno, al dar una lucha parcial y no identificar el enemigo real. El único responsable de la situación actual es nicolás maduro, su gobierno y su política económica.  Es por ello, que la lucha de los trabajadores, debe pasar de lo reivindicativo (lo cual debe hacerse y es correcto), a lo político.  

El gobierno, en su empeño inútil de evadir su responsabilidad en la situación actual de la economía y la pobreza de los trabajadores, recurre a todo tipo de maniobras propagandísticas, al culpar a las sanciones y la supuesta corrupción chavista de la situación actual.

Son los argumentos de siempre, es el mismo maduro vociferando y amenazando como un malandro a los ex-ministros de Chávez, acusándonos, sin haber tenido nunca prueba alguna, de cualquier cosa que se le ocurra; y eso lo hace frente a los trabajadores de PDVSA, donde les promete que privatizará una macolla de petróleo en el estado Monagas para resolver los problemas que él mismo y sus políticas han creado. La privatización de PDVSA, un hecho inconstitucional e ilegal, no puede ser una “garantía” para los trabajadores petroleros. Pero eso lo único que sabe hacer maduro, ofender y entregar el patrimonio de todos los venezolanos.

El tiempo pasa y maduro se queda sin argumentos. Lo hemos dicho y demostrado. El colapso operacional de PDVSA, la destrucción de la industria petrolera, ocurrió antes de las sanciones. Al 2019, cuando se imponen sanciones financieras, la producción de petróleo de PDVSA, ya había caído 50%, como resultado de la persecución y la “razzia” de maduro contra los trabajadores chavistas de la empresa. Pero, por otra parte, las decisiones económicas de maduro, la dilapidación de los inmensos fondos que dejamos y el pago de deudas y favores a sus operadores políticos y económicos, llevaron al país a esta profunda crisis, que el gobierno ha cargado sobre la espalda de los trabajadores.

Como Dios habla por las matemáticas, habría que decir, que la corrupción inocultable del gobierno de nicolás maduro, la entrega del petróleo a los militares y empresarios amigos, provocaron una pérdida, solo entre 2020-2022, de 25 mil millones de dólares, por concepto de petróleo que se robaron de PDVSA. Un número inmenso, un hecho escandaloso, del cual, maduro y su gobierno son responsables, al desmantelar todos los mecanismos de control y rendición de cuentas y amparar el delito con el silencio de la Ley Antibloqueo.
Con todo ese petróleo que se han llevado los maduristas, el petróleo y el gas que entregan a las transnacionales y todos los recursos del oro, que han saqueado, el gobierno podría resolver, entre otras grandes necesidades del país, el problema de los trabajadores y su derecho a un salario digno. Pero, éste no es un gobierno chavista, no es un gobierno popular, es un mal gobierno de derecha.

 

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Sobre María Corina Machado
     
 
Nuestra Señora del Monte Carmelo
   

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