El peligro del olvido.
Cuando, a inicios de 1936, se ordenó la demolición del —hasta entonces— más triste y célebre presidio ubicado en Caracas, se pensó que jamás una historia similar se repetiría en Venezuela.
Su construcción se inició en 1844, durante la presidencia de Carlos Soublette, pero no se concluiría hasta una década más tarde. La Rotunda debe su nombre a la forma circular en que fue diseñada, a partir del modelo creado por el inglés Jeremías Bentham. Fue reinaugurada por el presidente Juan Pablo Rojas Paúl y, desde sus primeros tiempos, fueron recluidos allí presos políticos, militares procesados y también presos comunes.
Sin embargo, alcanzaría su lúgubre fama durante los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez (1900–1935), por ser una de las cárceles políticas más temidas del país, donde se recluía y torturaba a opositores al régimen. Las condiciones eran extremadamente duras, y muchos presos políticos sufrieron horribles maltratos o murieron allí.
En ella, al igual que en otras cárceles del país, se pusieron en práctica numerosas torturas como el “cepo de campaña”, las “colgadas”, el “tortol”, el “acial”, las “pelas” y los “grillos”.
No fue la única de su tiempo; había otras tan terribles en sus condiciones como el Castillo Libertador en Puerto Cabello, el Castillo de San Carlos en Maracaibo y Las Tres Torres de Barquisimeto, pero sí fue la cárcel política más infame de Venezuela en las primeras décadas del siglo XX, símbolo de represión para quienes se oponían a los gobiernos dictatoriales de la época.
Por estar ubicada muy cerca del corazón de Caracas, más que una cárcel, fue un mecanismo de intimidación social. Encarnó lo peor del gomecismo.
No pocos venezolanos destacados pasaron por sus instalaciones: José Rafael Pocaterra, Andrés Eloy Blanco, Pío Tamayo, Rufino Blanco Fombona, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, Gustavo Machado, Miguel Otero Silva, Juan Bautista Fuenmayor y Román Delgado Chalbaud, entre otros escritores, estudiantes, políticos y militares, pero también ciudadanos comunes y antiguos servidores del gomecismo caídos en desgracia. Fue casi una “universidad del presidio” para la oposición al régimen.
La Rotunda dejó una huella profunda en la literatura venezolana gracias al libro de Pocaterra, Memorias de un venezolano de la decadencia. Involucrado en la conspiración del capitán Luis Rafael Pimentel, de enero de 1919, fue encarcelado allí y salió en libertad tres años después. Durante su estadía, escribió gran parte de esa obra, que sería publicada en Colombia en 1927. En sus páginas relata con crudeza la vida cotidiana en la cárcel, las torturas y el clima de terror político.
También Barco de piedra, de Andrés Eloy Blanco, una de las grandes obras poéticas surgidas del cautiverio político en Venezuela, hace referencias claras a esa prisión.
Curiosamente, el general Gómez la vació de presos en al menos dos ocasiones: en diciembre de 1908, cuando ascendió al poder, y en 1927, para luego volverla a llenar de perseguidos.
Cuando muere el dictador en diciembre de 1935, La Rotunda se convierte inmediatamente en un problema político y moral para el nuevo gobierno del general Eleazar López Contreras, pues, obviamente, como ministro de Guerra y Marina, siempre supo lo que allí ocurría.
Así que ordenó su demolición, y en su sitio se construyó la Plaza La Concordia, como símbolo de reconciliación y para borrar ese oscuro capítulo de la historia venezolana.
Aunque separadas por casi un siglo y en contextos distintos, La Rotunda y El Helicoide se parecen en lo esencial. La Rotunda fue concebida como una cárcel “moderna”, mientras que El Helicoide fue diseñado como ícono del progreso urbano y comercial de la Venezuela de los años 50 del siglo pasado.
Pero, en ambos casos, la arquitectura del progreso fue reapropiada por el poder represivo.
Ni La Rotunda ni El Helicoide son recordados por la delincuencia ordinaria. En ambos casos, la cárcel funciona como mensaje político, no como sistema de justicia.
En La Rotunda, el terror era público, “esto le pasa al que se opone”. El Helicoide es arquitectónicamente imponente, pero hermético. No obstante, cambia la forma, pero no el fondo, el miedo sigue siendo una herramienta de dominación.
La detención sin juicio, el castigo por pensar distinto, el retardo procesal, la incomunicación y el uso político del encierro son prácticas comunes en los dos casos. Ambos encarnan momentos en los que el Estado se coloca por encima de la Constitución.
Una diferencia no menor de la época presente con aquellos días es que instituciones internacionales o nacionales, como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Foro Penal, han documentado actos de tortura y violencia contra opositores reales o presuntos por parte del gobierno venezolano y, concretamente, por organismos como el SEBIN.
Sin embargo, esta violación generalizada y sistemática de los derechos humanos en Venezuela en el siglo XXI ha acontecido a una escala sin precedentes en el país, muy superior en su magnitud a lo ocurrido bajo Gómez e incluso durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la década de 1950, por una razón que el periodista y escritor Carlos Rangel explicó en una entrevista televisada que Marcel Granier le hiciera en 1983.
Recordaba que, pese a todo, el dictador tachirense no necesitó encerrar, torturar o asesinar a muchos opositores políticos; les bastó con meter miedo. Aquel era un país todavía principalmente rural, mayoritariamente analfabeto y atrasado en muchos aspectos, con escasa capacidad de resistencia ante el poder. Pero especulaba que, si la Venezuela del futuro le tocara caer bajo el dominio de una nueva dictadura, la situación sería muy distinta: ese autoritarismo no se encontraría ante una sociedad dócil, sino más compleja, moderna y educada, que ya no se dejaría intimidar por la sola presencia de una charretera en Miraflores; sería una sociedad que se resistiría, razón por la cual ese régimen se vería obligado a dominarla por medio de una violencia estatal inédita.
Rangel, como ejemplo de ese escenario, señalaba lo ocurrido con Uruguay, Chile y Argentina, países que durante la primera parte del siglo XX alcanzaron niveles de desarrollo socioeconómico similares a los de Europa Occidental, pero posteriormente cayeron bajo dictaduras militares que, para imponerse, se valieron del terrorismo de Estado a gran escala, precisamente para quebrar la resistencia de esas sociedades. Ese es el escenario que fatalmente se ha dado en Venezuela en los últimos años y del cual podríamos estar saliendo.
En su deriva cada vez más autoritaria, la élite chavista optó por aplicar dosis cada vez mayores de crueldad y violencia a fin de doblegar la resistencia de la sociedad civil venezolana. A medida que su base social se encogía, no podía ganar elecciones e iba perdiendo el consentimiento de los gobernados, se deslizó por la espiral descendente de la persecución política contra los adversarios, las desapariciones forzosas, la represión y la tortura, con tal de conservar el poder.
Sin embargo, no seríamos precisos si atribuyéramos en exclusiva a ese sector político la responsabilidad, olvidando el estado de opinión pública durante la última década de la centuria pasada en Venezuela, que consistió en despreciar los profundos cambios ocurridos en el país entre 1936 y 1998. Eso fue lo que pavimentó el camino del excomandante/presidente, quien pretendió intentar hacer una revolución y refundar la nación como si nada de lo anterior a su llegada al poder hubiera acontecido o valido la pena.
Por supuesto, el país de 1998 se encontraba sumido en una crisis y demandaba un cambio. Pero se olvidó todo lo logrado; aquella sociedad sumida en la pobreza, el paludismo y el analfabetismo, pasó gracias al petróleo (y al uso que se hizo del mismo) a ser una de las más prometedoras de esta parte del mundo, la primera en erradicar la malaria, masificar la educación pública, convertirse en un destino deseable para millones de inmigrantes e instaurar con no pocas dificultades una imperfecta democracia. En vez de corregir lo que iba mal y mejorar lo que se había hecho bien, se botó el agua sucia con el bebé.
Eso, como todo, tiene su explicación: el país fue perdiendo su memoria colectiva. Al régimen gomecista (así como a ese coletazo autoritario que fue el perezjimenismo) se les fue romantizando, e incluso ensalzando, olvidando las luchas (y motivos) que otras generaciones de venezolanos dieron por superarlos.
La Venezuela de 1936 —en particular los gobernantes de turno, herederos de Gómez— quería olvidar, dejar atrás, pasar la página. Por eso, La Rotunda fue demolida en nombre de la concordia nacional. Visto a la distancia, aquel fue un error comprensible, pero error, al fin y al cabo, que no se debería repetir con El Helicoide.
Este, que ha sido el símbolo de los sueños de progreso del país, de su crisis y decadencia, debería albergar en la totalidad de sus espacios, o en una parte de los mismos, un museo de la memoria y los derechos humanos, tal como existe en otras partes del mundo, para que los venezolanos del futuro nunca olviden lo que aquí, y en nuestros días, ocurrió.
@PedroBenitezF
