Hablar de una verdadera amnistía en Venezuela es entrar en un terreno incómodo para todos. No porque el concepto sea complejo, sino porque exige algo que el poder —y también su contraparte— ha evitado durante años: coherencia. La amnistía no es un gesto humanitario ni una concesión táctica; es una prueba de madurez política. Y, en este país, la madurez sigue siendo el recurso más escaso.
El reto para el gobierno es profundo y estructural. Una amnistía auténtica implica aceptar que la crítica no es delito. No lo fue nunca, pero el poder decidió penalizarla como mecanismo de control. Criminalizar la palabra, judicializar la disidencia, convertir la opinión en expediente: esa ha sido la pedagogía del chavismo. Desmontarla no se logra con decretos ni con excarcelaciones selectivas, sino con un proceso de reeducación interna del propio poder.
Ahí está el verdadero desafío. No basta con liberar presos políticos si mañana otros ocuparán su lugar. No sirve hablar de reconciliación mientras jueces, fiscales, cuerpos de seguridad y grupos seguidores sigan operando bajo la lógica de que criticar es conspirar. Una amnistía real exige que el Estado aprenda —por primera vez— a tolerar lo que no controla. Y eso, para un sistema construido sobre la sospecha permanente, es casi una herejía.
Pero una amnistía plena no puede limitarse al ámbito civil. Si se va a hablar seriamente de perdón político, los militares deben estar incluidos. No como concesión excepcional ni como premio, sino como reconocimiento de una realidad incómoda: buena parte de la prisión política en Venezuela pasa por los cuarteles. Excluir a los militares procesados o encarcelados por razones políticas mantiene intacta la lógica del castigo y prolonga el miedo en toda la sociedad. Sin ellos, la amnistía queda incompleta, y la reconciliación, vacía.
Delcy Rodríguez enfrenta, en ese contexto, una tarea ingrata: enseñar a su propia estructura política que la crítica no es un atentado contra el poder, sino una condición mínima de convivencia. Debe convencer a funcionarios formados en la obediencia y al castigo de que disentir no es traicionar. Que gobernar no es silenciar, sino administrar el conflicto. No es un problema jurídico; es cultural. Y por eso mismo, más difícil.
La oposición, por su parte, tampoco escapa al reto. Exigir amnistía sin asumir el costo del diálogo es una forma elegante de la impotencia. Una amnistía sólo puede surgir de una negociación política real, no de consignas ni de presiones morales. Pero dialogar no implica aceptar una amnistía limitada, condicionada o administrada por cuotas. Liberar a unos y mantener a otros como advertencia no es reconciliación; es gestión del miedo.
En el fondo, la pregunta es simple y brutal: ¿queremos un país sin presos políticos o sólo una rotación periódica de nombres? Si la respuesta es lo primero, la amnistía deja de ser un favor y se convierte en una obligación compartida. Para el gobierno, porque debe dejar de temerle a la palabra. Para la oposición, porque debe abandonar la comodidad del reclamo simbólico.
La amnistía no es el final del conflicto venezolano. Es apenas la prueba de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien está dispuesto a tomarse la política en serio.
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