Varios analistas de la oposición venezolana insisten en que la sobreactuación oficial en el reclamo por el territorio del Esequibo es un asunto puramente político, es decir, una acción desesperada del gobierno de Nicolás Maduro para encender el entusiasmo nacionalista en sus bases y facilitar la inhabilitación masiva de candidatos opositores en las elecciones del año próximo. Otros creen que el gobierno bolivariano busca recrear un conflicto bélico de baja intensidad o, incluso, simular una especie de Guerra de Malvinas, para suspender las elecciones presidenciales de 2024 y dar rienda suelta a un Estado que, con la excusa de la guerra, pueda desplegar un potencial represivo inusitado.
Por su parte, voceros del gobierno insisten en la legitimidad del reclamo territorial y en que Guyana ha incumplido el Acuerdo de Ginebra que prohíbe, mientras se resuelve el diferendo fronterizo, la actividad extractiva en toda la zona en reclamación. La petrolera Exxon impulsa enormes proyectos de inversión en el Esequibo, y Miraflores ha amenazado a la firma estadounidense y lanzado un ultimátum exigiendo su retirada. Pero en Guyana también opera la China National Offshore Oil Corporation.
En este marco, el gobierno de Maduro ha organizado un polémico referéndum para consultar a la población sobre los reclamos territoriales, con el que buscó movilizar a sus bases políticas, al parecer con poco éxito. En la consulta, se habilita la posibilidad de recuperación del territorio por «todas las vías posibles». Brasil y la Comunidad del Caribe (Caricom) han reaccionado promoviendo una reunión para distender la relación entre los países vecinos.
Así las cosas, nos proponemos dilucidar, de manera muy sintética, algunos aspectos de este enfrentamiento y pensar sus diversas aristas, en medio de un contexto preelectoral.
