Venezuela parece aproximarse a uno de esos momentos históricos en los que las decisiones políticas pueden determinar no solamente el rumbo de un gobierno, sino el destino de varias generaciones.
Los acontecimientos recientes, las conversaciones internacionales sobre una transición, los movimientos de dirigentes políticos dentro del país, las exigencias de liberación de los presos políticos y las expectativas de renovación de las instituciones públicas han vuelto a colocar una pregunta en el centro de la discusión nacional: ¿Qué Venezuela queremos construir a partir de ahora?
No se trata de una pregunta menor. Tampoco podemos permitir que su respuesta quede exclusivamente en manos de quienes hoy ocupan posiciones de poder o de quienes participan en las negociaciones internacionales.
La transición venezolana, si verdaderamente aspira a ser democrática, debe tener como principal protagonista a los venezolanos.
Las instituciones no pueden seguir siendo propiedad de quienes gobiernan
Las informaciones que circulan sobre la posible renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, así como los planteamientos atribuidos a funcionarios estadounidenses sobre la necesidad de acelerar estos procesos, apuntan hacia un asunto fundamental: la reconstrucción institucional.
Pero renovar nombres no significa necesariamente transformar instituciones.
Un nuevo Consejo Nacional Electoral debe ofrecer garantías de independencia, transparencia, equilibrio y confianza. Un nuevo Tribunal Supremo de Justicia debe responder al mandato constitucional y no a los intereses de una parcialidad política.
La legitimidad de estas instituciones no se construye únicamente mediante nombramientos. Se construye con procedimientos transparentes, respeto a la Constitución y credibilidad ante los ciudadanos.
Y aquí aparece una cuestión que no podemos ignorar: la posibilidad de unas nuevas elecciones.
Hablar de elecciones sin instituciones confiables, sin condiciones de participación, sin garantías para las organizaciones políticas y sin respeto a los derechos ciudadanos sería adelantar el calendario sin resolver los problemas de fondo.
No necesitamos simplemente una convocatoria electoral. Necesitamos que el voto vuelva a tener valor, que cada ciudadano pueda elegir libremente y que los resultados sean respetados.
La política venezolana también necesita nuevos protagonistas
Durante demasiado tiempo, buena parte de nuestra vida política ha girado alrededor de liderazgos individuales, estructuras cerradas y confrontaciones que han terminado desplazando las necesidades reales de la población.
La eventual apertura de una nueva etapa democrática debería permitir el surgimiento de nuevas organizaciones, la renovación de los partidos existentes y la incorporación de ciudadanos con preparación, vocación de servicio y propuestas concretas.
Venezuela necesita dirigentes que sepan escuchar, profesionales que puedan aportar conocimientos, jóvenes que encuentren espacios para participar y ciudadanos que comprendan que la política no es una profesión reservada para unos pocos.
En ese contexto, los recorridos de María Corina Machado por distintas regiones del país y sus encuentros con familiares de presos políticos forman parte de una realidad que no puede quedar fuera de esta discusión.
La situación de los presos políticos y sus familias representa una de las heridas más profundas que debe atender cualquier proceso de transición.
Las exigencias de liberación, las voces de sus familiares y los pronunciamientos de dirigentes como Dinorah Figuera nos recuerdan que no puede hablarse de reconciliación mientras existan ciudadanos privados de libertad por razones políticas o familias esperando justicia.
La liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y las garantías para quienes piensan distinto no son concesiones de un gobierno. Son obligaciones de un Estado democrático.
Una transición no puede convertirse en otra oportunidad para perpetuarse en el poder.
También resulta necesario observar con atención los pronunciamientos sobre la continuidad política de quienes actualmente ejercen responsabilidades de gobierno.
Las declaraciones atribuidas a Delcy Rodríguez sobre una eventual permanencia hasta 2040, de confirmarse en esos términos y contexto, merecen una reflexión constitucional y democrática.
Ninguna autoridad puede confundir el ejercicio temporal de una responsabilidad con un mandato popular que no ha recibido mediante elecciones.
La legitimidad del poder no nace de una designación, de un acuerdo internacional ni de la voluntad de una persona. En una democracia, nace de la soberanía popular y del cumplimiento de la Constitución.
Quien ejerce una responsabilidad transitoria debe entender que su obligación es contribuir a crear las condiciones para que los ciudadanos puedan decidir libremente su futuro.
El poder no es una propiedad personal ni un patrimonio que pueda heredarse o prolongarse por voluntad propia.
El cambio también debe llegar a las aulas
Precisamente este jueves tuve la oportunidad de participar como ponente en un encuentro con Enrique Márquez, en el que se presentaron propuestas desde diferentes ámbitos para el futuro del país.
Mi planteamiento estuvo relacionado con la adecuación curricular de la educación en el estado Sucre, tomando en consideración las características, potencialidades y necesidades de su territorio.
¿Por qué incorporar esta experiencia a una reflexión sobre la transición política?
Porque considero que allí se encuentra una de las grandes diferencias entre cambiar un gobierno y transformar una nación.
No podemos hablar de reconstrucción nacional mientras nuestros jóvenes continúen formándose de espaldas a las oportunidades económicas, productivas, culturales y sociales de sus propias regiones.
La educación debe conectarse con el territorio, con sus recursos, con sus posibilidades de desarrollo y con las necesidades de su gente.
Necesitamos preparar a nuestros estudiantes para el mundo que les corresponde vivir, ofrecerles herramientas para el trabajo, el emprendimiento, la innovación y la participación ciudadana.
La transformación educativa no puede esperar a que se resuelva toda la agenda política. Debe formar parte de ella.
Un país que no invierte en la preparación de sus nuevas generaciones difícilmente podrá sostener una democracia sólida.
No basta con cambiar el gobierno: hay que cambiar la manera de hacer país
Venezuela tiene por delante desafíos enormes. La recuperación económica, la reconstrucción de los servicios públicos, la dignificación de los trabajadores, la recuperación del sistema educativo, la independencia de los poderes públicos y el restablecimiento de la confianza ciudadana no se resolverán con anuncios ni con acuerdos de corto plazo.
Tampoco podemos permitir que la transición se convierta en una competencia por ocupar los espacios que otros dejan vacíos.
El verdadero desafío es construir instituciones que funcionen independientemente de quién las dirija; partidos que representen ideas y ciudadanos, no intereses personales; y liderazgos capaces de entender que gobernar significa servir.
La participación de Estados Unidos y de otros actores internacionales puede tener una incidencia importante en los acontecimientos que vivimos. Pero ninguna estrategia externa podrá sustituir la responsabilidad histórica de los venezolanos.
La democracia no se importa ni se entrega como un paquete terminado. Se construye con ciudadanos conscientes de sus derechos, instituciones legítimas y dirigentes comprometidos con el bien común.
Tal vez estemos ante una nueva oportunidad. Pero las oportunidades históricas también pueden perderse cuando se confunde la urgencia con la improvisación, la renovación con el reparto de cuotas y el liderazgo con la ambición de poder.
Venezuela no necesita solamente nuevos gobernantes. Necesita nuevos ciudadanos en la política, nuevas ideas en las instituciones y una generación de dirigentes que comprenda que el poder no es una propiedad personal, sino una responsabilidad temporal al servicio de la nación.
Porque, al final, la pregunta no debería ser quién ocupará los próximos cargos públicos, sino qué país estaremos construyendo cuando esas personas dejen de ocuparlos.
Cambiar los nombres puede ser el comienzo. Transformar el país debe ser el propósito.
Aquí y ahora, Venezuela.
@JannethTex
