Nominalmente republicana y constitucional, la Fuerza Armada Nacional (FAN) ha estado sometida a los avatares de una prolongada crisis, propia de la acentuación del Estado despótico y, específicamente, de la supervivencia política del comandante en jefe a cualquier precio. Responsabilidad inherente al ejercicio presidencial, terminó convertida bajo el socialismo del siglo XXI en un inexplicable grado militar, desrepublicanizando a la corporación castrense y sometiéndola a la ineludible dinámica de ultrapartidización del propio Estado.
Reivindicando la perspectiva jurídico-constitucional, el republicanismo también permite comprender a la institución armada como parte de una comunidad de personas libres e iguales, regida por las leyes y las instituciones, en la que el poder está limitado, debe rendir cuentas y admite la participación activa de la ciudadanía. Imposible concebir el territorio militar como el de un país aparte, amparado en inmunidades absolutas y en los oropeles de un Estado crecientemente discapacitado, como lo pusieron de manifiesto los hechos del 3-E.
Corren tiempos para un reencuentro necesario con el país del que la institución se aisló, encumbrada en privilegios, entre ellos, una calidad de vida superior a la del resto de los venezolanos, el desarrollo de intereses ajenos al ejercicio profesional y la impunidad ante los atropellos denunciados en los informes nacionales e internacionales de DD. HH. La reintegración social supone también equilibrar el aula militar con el aula civil, pues la diferencia entre ambas, en materia de atención y soporte material, revela una desigualdad difícil de justificar en una República que se pretenda de ciudadanos libres e iguales.
No imaginamos a los militares como meros espectadores de una transición que se hace proceso, aunque el tutelaje estadounidense haya limitado la intención de arbitrarla, como quizá habría ocurrido en una coyuntura continental diferente, tildada de clásica. Las negociaciones apenas comienzan a traducirse en iniciativas concretas (entre ellas, las relativas al TSJ y al CNE) y todavía no permiten informar suficientemente al país, ni a sus distintos sectores sociales, incluidos los soldados profesionales; entretanto, urge promover entre todo el personal militar los principios y valores constitucionales, abiertamente contradichos por las consignas partidistas que el chavismo ha cultivado en las academias y hasta en los ejercicios cotidianos de la tropa.
¿Por qué habría de suponer que la FAN debe defenderse de una transición democrática llamada, precisamente, a reivindicarla? Podrán etiquetarla de diferentes maneras y surgir propuestas para actualizarla y reorganizarla según las exigencias del momento histórico, pero ni siquiera su hipotética eliminación resolvería el delicado problema de asegurar debidamente el monopolio estatal legítimo y lícito de la violencia.
La subordinación militar dependerá, en definitiva, de las estrategias institucionales empleadas y de la capacidad para equilibrar las ventajas estratégicas de quienes conservan el poder con las capacidades institucionales necesarias para gobernar democráticamente la defensa. Frente a un gobierno que retiene importantes recursos materiales y simbólicos, disponiendo de ventajas políticas, una oposición convincentemente estructurada ha de fortalecer sus recursos organizativos, participativos y consultivos, articulando sabia y eficazmente las distintas expresiones de la inevitable pluralidad que la caracteriza: las movilizaciones unitarias, estratégicamente coordinadas, pertinentes y decisivas no surgen de un golpe de dados.
Republicanizar a la FAN permite abrir oportunidades para comprender y asumir una verdad trágica que el país – el de adentro, el de afuera – necesita superar. Se trata de recuperar aquel republicanismo atlántico que inspiró la deliberación constituyente y contribuyó a dar forma a los principios y valores de la Constitución de 1811.
