Aquí y Ahora Venezuela.
Hay silencios que dicen más que los discursos. Hay esperas que, de tanto prolongarse, terminan convirtiéndose en resignación. Y hay procesos políticos que, bajo la promesa de un cambio, corren el riesgo de acostumbrarnos a que nada cambie realmente.
Hoy me pregunto, y quisiera que también lo hicieran quienes me leen: ¿en qué momento comenzamos a normalizar la incertidumbre sobre el futuro democrático de Venezuela?
La transición que despertó tantas expectativas parece avanzar sin ofrecer las certezas que el país necesita. Se habla de acuerdos económicos, de estabilización y de nuevas relaciones internacionales, pero seguimos esperando una ruta electoral clara, instituciones independientes y garantías para el ejercicio pleno de nuestros derechos.
La transición corre el riesgo de convertirse en una palabra que repetimos sin saber exactamente cuándo ni hacia dónde nos conduce.
Cuando lo provisional comienza a parecer permanente
Me llama la atención cómo cambia el lenguaje del poder. La presidenta encargada comienza a proyectarse desde la investidura de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, mientras persisten las interrogantes sobre la duración y los alcances de este proceso político.
No se trata solamente de nombres o títulos. Las palabras también construyen realidades y pueden modificar nuestra percepción de lo que ocurre.
Una transición democrática no se consolida porque cambien las formas de nombrar a quien ejerce el poder. Se consolida cuando existen garantías verificables, libertades restituidas, instituciones independientes y una ruta electoral transparente.
¿Dónde está el cronograma que permita saber cuándo podremos elegir libremente? ¿Cuándo se concretará la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar su independencia?
La ausencia de una fecha electoral definida alimenta el desconcierto. Mientras las negociaciones avanzan en otros asuntos, el país sigue sin una respuesta concreta sobre cuándo podrá decidir democráticamente su futuro.
Y aquí surge una preocupación inevitable: ¿estamos avanzando hacia una transición democrática o estamos normalizando una nueva forma de permanencia en el poder?
La libertad no puede quedar en segundo plano
También me inquieta que la liberación de los presos políticos pierda protagonismo frente a las negociaciones económicas y los acuerdos internacionales.
Aunque se han producido excarcelaciones, organizaciones de derechos humanos siguen denunciando la existencia de centenares de personas detenidas por motivos políticos. Cada caso representa una familia que espera, hijos que preguntan y seres humanos cuya libertad no debería depender de conveniencias políticas.
La libertad no puede administrarse como una concesión ni convertirse en una promesa que se diluye con el paso del tiempo.
Cuando dejamos de preguntar por quienes siguen privados de libertad, cuando sus nombres desaparecen de las conversaciones y su ausencia deja de incomodarnos, corremos el riesgo de aceptar como normal aquello que jamás debió serlo.
¿Puede llamarse transición democrática a un proceso en el que todavía no están garantizadas plenamente las libertades políticas?
¿Quién está decidiendo el futuro de Venezuela?
Otro asunto que merece una reflexión profunda es nuestra relación con Estados Unidos.
El acercamiento entre Washington y las autoridades venezolanas ha abierto nuevas negociaciones económicas y petroleras. El diálogo internacional no es, por sí mismo, un problema. Ningún país tiene que renunciar a la cooperación ni cerrarse a las oportunidades de inversión.
La verdadera pregunta es otra: ¿quién establece las prioridades de esa relación y a quién beneficia lo que se está negociando?
Cuando las decisiones que comprometen nuestros recursos parecen avanzar con mayor rapidez que las garantías democráticas, mientras los ciudadanos siguen esperando respuestas sobre sus necesidades esenciales, tenemos razones legítimas para exigir transparencia.
Si existe una tutela estadounidense sobre este proceso, como sugieren sus propios condicionamientos y prioridades, debemos preguntarnos hasta qué punto los venezolanos estamos participando en las decisiones que afectan nuestro destino.
No se trata de rechazar toda relación con Estados Unidos, sino de defender el derecho de Venezuela a decidir soberanamente sobre sus recursos, sus instituciones y su futuro.
Podemos recibir inversiones, establecer acuerdos comerciales y recuperar espacios económicos sin renunciar a la democracia. Porque la recuperación económica es necesaria, pero no sustituye la voluntad popular.
La soberanía no consiste en cerrar las puertas al mundo, sino en poder abrirlas sin entregar el derecho a decidir por nosotros mismos.
Menos de diez dólares para quienes educan a una nación, otro tema que preocupa.
Mientras el país debate su futuro político y económico, hay una realidad que no admite discursos triunfalistas: la precariedad de los trabajadores públicos.
El 23 de octubre, El Pitazo informó que el bono de fin de año para los trabajadores universitarios podría oscilar entre seis mil y diez mil bolívares, una cantidad que, según estimaciones gremiales, representa menos de diez dólares en la mayoría de los casos.
Detengámonos un momento en esa cifra.
Menos de diez dólares.
Detrás de esa cantidad hay personas que madrugan, sostienen hogares, pagan transporte, compran alimentos y deben decidir qué necesidad atender primero y cuál dejar para después.
Quiero detenerme especialmente en los docentes.
Quienes hemos asumido la responsabilidad de enseñar sabemos que educar es mucho más que cumplir un horario o desarrollar un contenido. Es formar criterios, despertar conciencias, enseñar a pensar y ofrecer herramientas para construir un futuro.
El maestro participa en la formación del médico que atenderá a nuestros enfermos, del ingeniero que diseñará nuestras obras, del profesional que administrará nuestros recursos y del ciudadano que asumirá responsabilidades en la sociedad.
Todas las profesiones necesitan de alguien que contribuya a abrir el camino del conocimiento.
Ese alguien también tiene una familia, necesidades, aspiraciones y derecho a vivir dignamente de su trabajo.
Por eso resulta doloroso observar cómo la educación es exaltada en los discursos mientras quienes la sostienen continúan enfrentando una realidad económica que compromete su bienestar.
Un bono que no alcanza para cubrir necesidades elementales no puede sustituir una política salarial digna. Tampoco puede convertirse en la respuesta a una deuda acumulada con quienes dedican su vida a formar generaciones.
No podemos exigirle al maestro que forme ciudadanos capaces de transformar la sociedad mientras permitimos que viva en condiciones que limitan sus propias posibilidades de desarrollo.
¿Qué futuro estamos construyendo si quienes forman a las nuevas generaciones no cuentan con las condiciones mínimas para vivir con dignidad?
Esta pregunta no pertenece únicamente al magisterio. Nos concierne a todos.
El peligro de acostumbrarnos
Quizás uno de los mayores riesgos que enfrentamos como sociedad sea acostumbrarnos.
Acostumbrarnos a que no exista una fecha electoral. A que la renovación institucional se anuncie sin que sepamos cuándo se concretará. A que la libertad de algunos siga pendiente. A que los acuerdos económicos avancen mientras las necesidades sociales esperan respuestas.
Y acostumbrarnos, incluso, a que nuestros docentes reciban bonificaciones insuficientes y que esa realidad termine convertida en una noticia pasajera.
Cuando una sociedad se acostumbra a lo inaceptable, comienza a reducir sus expectativas. Deja de exigir soluciones estructurales y aprende a conformarse con pequeños alivios.
Pero la normalidad que necesitamos no es el silencio de las calles ni la ausencia de confrontación. Es poder vivir sin miedo, trabajar sin humillaciones, expresarnos sin persecución y elegir sin incertidumbre.
Una transición verdaderamente democrática debe medirse por los derechos que recuperan los ciudadanos, la independencia de las instituciones, las libertades que se garantizan y las posibilidades reales de elegir el rumbo de la nación.
La recuperación económica también debe sentirse en la mesa de cada familia, en las aulas de nuestras escuelas y en la posibilidad de que un profesional viva dignamente de su esfuerzo.
No basta con que el país se adapte a una nueva realidad política. Esa realidad debe ofrecer oportunidades concretas para vivir mejor y ejercer nuestros derechos.
Y ahora, Venezuela, ¿qué estamos dispuestos a aceptar?
Escribo estas líneas porque no quiero que la palabra transición se convierta en una promesa interminable. No quiero que la liberación de los presos políticos deje de ser una prioridad, que la renovación de los poderes públicos se postergue indefinidamente ni que las decisiones que comprometen nuestros recursos se tomen de espaldas a los ciudadanos.
Tampoco quiero que la precariedad de nuestros maestros termine siendo asumida como una condición natural de la profesión.
No podemos delegar nuestra conciencia en los actores políticos ni entregar nuestra capacidad de reflexión a quienes aseguran saber qué es lo mejor para nosotros. Nos corresponde observar, preguntar, contrastar y exigir transparencia.
Porque una transición democrática no debería pedirnos que esperemos indefinidamente, sino ofrecernos razones verificables para confiar.
Hoy tengo una pregunta que quisiera compartir contigo, que me lees desde Venezuela o desde cualquier lugar del mundo al que te haya llevado la necesidad de buscar nuevas oportunidades:
¿Estamos avanzando hacia una transición democrática o estamos normalizando una incertidumbre que amenaza con prolongarse?
Quiero conocer tu opinión. Porque el futuro de Venezuela no debería ser una conversación reservada para quienes ejercen el poder, sino una reflexión permanente entre ciudadanos que todavía creemos que este país merece algo mejor.
El verdadero cambio no comienza cuando dejamos de hablar de la crisis. Comienza cuando dejamos de aceptar como normal aquello que nos impide vivir con dignidad.
Aquí y Ahora Venezuela. La reflexión también es una forma de ciudadanía.
Janneth Jiménez – @JannethTex
