Aquí y ahora, Venezuela.
Hay noticias que llegan con la apariencia de una solución y, sin embargo, dejan más preguntas que respuestas.
El nuevo acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela es una de ellas.
Nos hablan de inversión. De recuperación de la industria. De producción. De miles de millones de dólares. De 17 campos petroleros y de una relación energética que podría extenderse durante 25 años.
Nos dicen que es histórico.
Pero yo me pregunto:
¿Histórico para quién?
Porque mientras desde los grandes escritorios se habla de petróleo, inversiones y futuro, aquí abajo, donde vive el venezolano de a pie, el presente sigue siendo una batalla diaria.
El dólar continúa comiéndose el salario.
Cada vez cuesta más comprar lo necesario.
La electricidad se va durante horas que parecen interminables. El agua desaparece de los hogares y obliga a las familias a organizar su vida alrededor de un servicio que debería ser elemental.
Y todavía tenemos una deuda moral, económica y social con quienes hace apenas dos meses perdieron familiares, viviendas, pertenencias y certezas bajo los efectos de aquel doblete sísmico que estremeció al país.
Entonces resulta inevitable preguntar:
¿De qué recuperación estamos hablando si el ciudadano todavía no puede recuperar la tranquilidad de vivir?
El petróleo venezolano no es cualquier recurso.
Es una riqueza que pertenece a la Nación. Y precisamente por eso, cualquier acuerdo que comprometa su explotación durante décadas no puede ser visto solamente como un negocio entre gobiernos.
Tiene que ser visto como una decisión que alcanza a varias generaciones de venezolanos.
Y aquí aparece el gran dilema.
¿Puede un gobierno interino, cuestionado políticamente y sin haber recibido mediante elecciones directas el mandato ciudadano para conducir el destino definitivo del país, comprometer durante 25 años una parte tan importante de nuestra principal riqueza?
La pregunta no pretende desconocer la necesidad urgente de recuperar la industria petrolera.
Todo lo contrario.
Venezuela necesita producir.
Necesita inversión.
Necesita tecnología.
Necesita reconstruir PDVSA y recuperar su capacidad productiva.
Necesita volver a convertir el petróleo en una herramienta para generar bienestar y no en una promesa eterna de bienestar.
Pero una cosa es recuperar la industria y otra muy distinta es comprometer el futuro de la Nación sin que los venezolanos podamos conocer con claridad qué se está firmando, bajo qué condiciones, quién gana, quién recibe, quién controla y qué queda para Venezuela.
La propia Constitución contempla límites y controles para los contratos de interés público con Estados extranjeros. Y establece, además, el carácter estratégico de la actividad petrolera y la obligación del Estado de preservar el control sobre PDVSA.
Por eso hay algo que no debemos perder de vista:
El petróleo no puede convertirse en la moneda de cambio de una transición política.
Ni puede ser utilizado para comprar legitimidad.
Ni para sustituir elecciones.
Ni para convencernos de que un acuerdo económico puede resolver lo que en esencia sigue siendo un problema político e institucional.
Y aquí quiero detenerme en algo que quizá resulte incómodo.
También debemos reconocer nuestra propia responsabilidad.
Porque llevamos demasiado tiempo esperando.
Esperando que alguien venga a salvarnos.
Que una potencia extranjera resuelva nuestros problemas.
Que un líder aparezca con la fórmula definitiva.
Que otro gobierno negocie por nosotros.
Que alguien, desde algún lugar, produzca el cambio que nosotros no hemos sido capaces de impulsar desde nuestros propios espacios.
Y esa espera también tiene un costo.
Las soluciones mesiánicas pueden parecer atractivas cuando estamos cansados. Cuando estamos desesperados. Cuando llevamos años escuchando promesas.
Pero una sociedad que entrega todas sus esperanzas a un salvador termina entregándole también buena parte de su capacidad para decidir.
Y Venezuela necesita exactamente lo contrario.
Necesita ciudadanos despiertos.
Informados. Organizados. Capaces de preguntar. Capaces de leer. Capaces de conocer la Constitución y las leyes.
Capaces de exigir que los acuerdos que comprometen los recursos nacionales sean públicos, transparentes y sometidos a los controles correspondientes.
Porque reclamar elecciones libres no puede seguir siendo solamente una consigna.
Tiene que convertirse en una demanda ciudadana.
Una demanda seria. Persistente. Documentada. Jurídicamente sustentada.
No podemos continuar viviendo bajo tutelajes indefinidos mientras se toman decisiones que comprometen nuestro futuro.
Necesitamos elecciones.
Pero no solamente porque votar sea un derecho.
Necesitamos elecciones porque la legitimidad democrática importa cuando se toman decisiones que pueden comprometer a una nación durante décadas.
Y aquí hay algo que debemos comenzar a entender como sociedad:
El cambio no comienza necesariamente en Miraflores.
También comienza en una comunidad.
En una universidad. En una escuela. En un gremio. En una organización civil. En una conversación familiar. En alguien que decide informarse antes de repetir una consigna. En un ciudadano que pregunta dónde está el contrato. En un abogado que explica sus implicaciones.
En un periodista que investiga.
En un profesor que enseña a sus estudiantes que la ciudadanía también significa vigilar el poder.
En una sociedad que deja de conformarse.
Porque quizás ese sea nuestro mayor problema.
Nos hemos acostumbrado demasiado a sobrevivir.
A celebrar que llegó el agua.
A agradecer que volvió la electricidad.
A calcular cuánto alcanza el salario.
A caminar cuando el transporte aumenta.
A esperar. Siempre esperar.
Y mientras esperamos, otros deciden.
Deciden cuánto vale nuestro petróleo.
Quién lo explota.
Durante cuánto tiempo.
Bajo qué condiciones.
Qué parte recibirá Venezuela.
Y qué parte quedará en manos de quienes hoy tienen el poder de negociar.
Por eso el acuerdo petrolero puede ser mucho más que una discusión sobre barriles.
Puede convertirse en el espejo donde finalmente nos miremos como sociedad.
¿Vamos a seguir esperando que otros decidan por nosotros?
¿O vamos a comenzar a ejercer nuestra ciudadanía?
Porque incluso si mañana un gobierno democráticamente electo revisara este acuerdo y, conforme al derecho, decidiera renegociarlo, impugnarlo o dejarlo sin efecto en aquello que resulte jurídicamente improcedente, quedaría una enseñanza mucho más importante:
El futuro de Venezuela no puede seguir firmándose a espaldas de los venezolanos.
No se trata de cerrar las puertas a Estados Unidos.
Ni de rechazar la inversión extranjera.
Ni de negar que necesitamos capital y tecnología para levantar nuestra industria.
Se trata de algo mucho más sencillo.
Que Venezuela negocie como una Nación soberana, con instituciones legítimas, controles democráticos y ciudadanos capaces de exigir cuentas.
Porque nuestro petróleo puede volver a producir millones de barriles.
Pero si seguimos sin producir ciudadanía, seguiremos teniendo el mismo problema.
Y quizá llegó la hora de dejar de preguntarnos quién vendrá a salvarnos.
La pregunta correcta es otra:
¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros para cambiar el país que vamos a dejarles a nuestros hijos y nietos?
El petróleo puede financiar la reconstrucción.
Pero solamente una sociedad activa puede construir una democracia capaz de sostenerla.
Y eso, compatriotas, no puede delegarse.
@JannethTex
