El mundo ha cambiado y una expresión de ese cambio es la imposibilidad ética de las naciones de permanecer al margen de realidades que conciernen al mundo entero.
Resulta cada vez más inaceptable que, en nombre de su soberanía nacional, los países puedan encerrarse dentro de sus fronteras exigiendo absoluta impunidad para sus errores y crímenes. El caso más extremo sería lo sucedido en el año 1994 en Ruanda. En un lapso de tres meses casi un millón de personas fueron asesinadas a machetazos por razones étnicas. ¿Se justificó entonces la no intervención en el país para no vulnerar su soberanía? ¿Se justifica que un gobierno cualquiera someta a su población a toda clase de exacciones mientras el mundo entero contempla sin hacer nada al respecto?
Existen razones evidentes para que algunos países se nieguen a aceptar injerencia alguna de organismos defensores de valores que nunca deberían dejar de defenderse. Países en manos de gobiernos sátrapas, de caudillos causantes de todas las miserias imaginables para sus gobernados, de naciones poderosos que no aceptan que nadie pueda afectar intereses políticos o financieros.
Quizá de todas las injusticias geopolíticas de nuestro mundo contemporáneo una de las más incómodas sea el “derecho de veto” de ciertas países en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es el remanente de una realidad injusta que, desde el principio de las sociedades humanas, ha señalado que la justicia nunca será igual para todos; que los grandes dictan reglas que los pequeños no tienen más remedio que cumplir. Es lamentable que así sea y, desde luego, debería ser de otra manera. Pero la respuesta a esa realidad no puede ser la inercia y la pasiva resignación. Ante la suficiencia de los poderosos la respuesta planetaria no debería ser otra que el constante cuestionamiento de la injusticia.
Por cierto: no deja de ser curioso que, en algunas ocasiones, ciertas naciones “débiles” decidan apoyar a las “fuertes” para escapar de las condenas que los crímenes de los gobernantes de esas naciones “débiles” deberían merecer. Es el clásico espectáculo del chico confabulándose con el grande en busca de un propio beneficio por mampuesto.
El gran error de la Corte Penal Internacional, o mejor, sus dos principales errores son: no actuar con la premura y eficacia necesarias; y, en ciertas ocasiones, no escapar de cierta ideologización que la conduce a tasar de manera diferente crímenes semejantes. Ignoro cómo podría instrumentarse mayor celeridad y un más justo equilibrio a la hora de dictar la Corte Penal sus decisiones, pero en ningún caso eso significa negar la conveniente existencia de organismos dedicados a condenar lo condenable en cualquier parte del mundo.
El mundo del mañana será definitivamente, un lugar un poco mejor que nuestro mundo presente cuando instituciones munidas con la real potestad real de corregir los desmanes de las naciones, por poderosas que ésta sean, actúen en consecuencia. Desde luego no se me oculta que algunas naciones poderosas -de hecho muy muy pocas- poseen, a través de sus parlamentos, poderes políticos independientes, una opinión pública tomada en cuenta y una prensa libre, mecanismos de supervisión a la hora de verse obligadas a corregir ciertos excesos. Eso, sin duda, las obliga a contenerse en cierta medida.
Un mundo empequeñecido, cada vez más interdependiente, precisa de instancias capaces de actuar en favor de una convivencia planetaria un poco más justa, un poco menos inhumana. Se trata de dar al mundo herramientas efectivas capaces de condenar el crimen allí donde el crimen exista.
