La política venezolana ha dejado de ser un asunto puramente nacional o regional. Hoy es una variable dependiente de la política interna de Estados Unidos y de la dinámica geopolítica global. El devenir del conflicto venezolano se entrecruza con el escenario de las elecciones legislativas de noviembre en EE. UU., la inflación en ese país, directamente relacionado con la situación del mercado petrolero, y la reconfiguración imperial en Europa y Asia.
Trump enfrenta una sostenida erosión en sus índices de aprobación, impulsada principalmente por factores económicos e internacionales. En primer lugar, están las preocupaciones del norteamericano común por el repunte inflacionario, acentuado por el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía y los combustibles, ha impactado directamente el bolsillo de la clase media y trabajadora estadounidense. Pero también está el costo del conflicto con Irán, el cual ha generado un creciente rechazo ciudadano, especialmente de algunas tendencias dentro del propio movimiento trumpista, el MAGA, alimentando la percepción de un gasto exterior costoso e indeterminado. Todo esto ha tenido, entre sus consecuencias, un avance de la oposición demócrata en varios importantes comicios locales y estatales, por lo que se prevé un escenario bastante incómodo para las elecciones de medio mandato, en noviembre. La pérdida potencial de mayorías legislativas por parte del Partido Republicano estrecha el margen de maniobra de la Casa Blanca.
En este contexto, la política exterior de EE. UU., incluida la gestión de la crisis venezolana, se ve presionada a buscar resultados concretos y estables que eviten mayores costos políticos en las urnas. Aunque Trum no pierde ocasión de celebrar los resultados de su intervención y protectorado en Venezuela, la cosa no está tan bien como lo pintan. Es cierto que ya Trump se cobró varias veces los costos de la intervención militar, que retiene y controla los ingresos por el petróleo, que Chevrón tiene jugosas ganancias, pero eso no llega al pueblo venezolano, y tiene todas las apariencias de un vulgar saqueo. Y eso lo señalan los mismos parlamentarios norteamericanos, tanto demócratas como republicanos.
Para cualquiera es evidente que no es verdad que los venezolanos estamos haciendo un trencito bailando en las calles (me perdonan la fijación con los trenes). Esos cauchos quemados en varias ciudades, entre ellas Valencia, donde las llamas y el humo negro frente a la casa del Gobernador Drácula, no eran para hacer una parrillada. Las conversaciones entre los dos grupos tutorados por Rubio, sin ninguna legitimidad ni mucho menos legalidad, aparte de haberse iniciado con la exclusión de fuerzas importantes, sobre todo la de los que ganaron, con actas en la mano, las elecciones de 2024, no termina de arrancar y es inevitable pensar que es una nueva pérdida de tiempo en el camino de reparar el hilo constitucional roto ya tantas veces. El escepticismo se ha cultivado durante todos estos años. No es una necedad.
El estancamiento del proceso venezolano, o del Plan Rubio que es casi lo mismo, ocurre en medio de un reordenamiento de las potencias globales. Beijing consolida su influencia económica e infraestructura estratégica en países clave de Sudamérica como Brasil y Perú. A nivel estratégico, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha delineado tres líneas prioritarias de desarrollo tecnológico (inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías de energía limpia), posición ratificada en los recientes encuentros asiáticos sobre IA. China compite no solo por recursos, sino por el estándar tecnológico del siglo XXI.
Por otra parte, el empantanamiento militar y las crecientes dificultades económicas derivadas de la guerra en Ucrania debilitan la capacidad de Moscú para proyectar poder efectivo en el hemisferio occidental, limitando su rol como respaldo financiero y militar de regímenes aliados. También influye en el cuadro el crecimiento de sectores de extrema derecha en diversos parlamentos europeos, lo cual quiebra el consenso multilateral tradicional, priorizando enfoques soberanistas y alterando las alianzas diplomáticas de la Unión Europea hacia América Latina.
Este escenario tripolar obliga a revisar críticamente las concepciones tradicionales del “antiimperialismo”. En primer lugar, la premisa: el imperialismo es una fase de desarrollo del capitalismo, no solo la fuerza de una potencia especifica. O sea, no existe únicamente el imperialismo norteamericano, sino que hay otros, algunos, como el ruso, orientado por la ocupación territorial, y otros, basados en el poderío comercial y tecnológico (China). En segundo lugar, cada potencia mundial tiene su estructura y su fisiología. Estados Unidos es una gran potencia mundial, pero ha circunscrito su dominio a este hemisferio y apoya la expansión de otro tipo de fuerza de control territorial, el sionismo israelí. Además, su accionar político e incluso militar, tiene sus contrapesos en la institucionalidad democrática, que incluyen el control de sus leyes, tribunales y parlamento, e, incluso, las contradicciones entre nuevos y viejos grupos de presión ideológicos y las tecnocorporaciones con su propio proyecto. En cambio, China dispone del poder indiscutido de su Partido único y su líder, elevado, por disposiciones constitucionales, a gran conductor de esa gran Nación.
Comprender estas diferencias evita caer en simplificaciones ideológicas que enmascaran autoritarismos locales en nombre de un falso “antiimperialismo”. Mientras el modelo chino opera mediante la disciplina de partido único y el ruso mediante la autocracia, la presencia de contrapesos democráticos en EE. UU. permite a la sociedad civil e internacional incidir mediante la negociación y la presión institucional. La intersección entre la coyuntura de Washington y la geopolítica global, abre una ventana estratégica para las fuerzas democráticas venezolanas. Para aprovechar este momento antes de noviembre, la agenda de acción debe priorizar cuatro demandas fundamentales:
1. Restitución plena de las libertades democráticas: Cese de la persecución política, liberación completa de prisioneros políticos y garantías para la libertad de expresión y reunión.
2. Reestructuración institucional: Reforma e institucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE) para asegurar independencia judicial y arbitraje imparcial.
3. Devolución de los partidos políticos: Restablecimiento de la legalidad y de las directivas legítimas de las organizaciones políticas a sus militancias.
4. Cronograma electoral transparente: Publicación de una ruta clara y garantizada para procesos electorales libres.
A pesar de su inicio dudoso, las conversaciones impulsadas por Rubio, podrían verse presionadas por la necesidad de la administración estadounidense de mostrar avances políticos estables antes de las elecciones de noviembre. Sin contar con que Rubio también se las está jugando por la candidatura republicana, compitiendo con Vance. En ese contexto, la crisis de la electricidad y del agua, así como la eliminación de los salarios y de prácticamente todo el derecho laboral, debe mostrarse como muy diferente al “baile en las calles” del discurso trumpista.
La clave es saber vincular las realidades de Washington y la dinámica multipolar, con la presión interna por la restitución de la democracia, mediante la convocatoria a las elecciones y cambio en las instituciones, además de la solución a los graves problemas de la supervivencia de las familias y las diversas emergencias nacionales, previas y agudizadas por el terremoto, exigiendo institucionalidad y garantías democráticas reales.
