McKinsey & Company es una firma global de consultoría estratégica, fundada en Chicago en 1926 por el profesor de contabilidad James O. McKinsey. Desde sus inicios, ha sostenido una trayectoria ascendente e independiente en apoyo a empresas, gobiernos e instituciones diversas, abarcando modelos de innovación, gestión administrativa y desarrollo de diferentes negocios. Destacan sus densos estudios económicos, así como también las metodologías de negocios. En sus caminos andados, la firma ha creado modelos de gestión y análisis empresarial, abordando los elementos clave de la organización —i.e. valores, estructura, sistemas—, indagaciones estratégicas basadas en ventajas competitivas, habiendo creado su propio centro de investigación —el McKinsey Global Institute— que produce y divulga trabajos económicos enfocados en tendencias y el impulsivo impacto global del desarrollo tecnológico de nuestros días.
El momento de la infraestructura, titula McKinsey & Company el estudio elaborado y presentado en septiembre de 2025. Leemos en sus primeras páginas que a medida que la definición de infraestructura se amplía, los inversores, operadores y gobiernos necesitarán modificar sus enfoques en materia de financiación, construcción y mantenimiento de obras de cierta envergadura. Ello porque la infraestructura es un motor esencial del crecimiento económico mundial a largo plazo. Se trata de respaldar y consolidar sociedades prósperas, con elevados estándares de vida y el soporte tanto de un moderno aparato industrial, como de empresas proveedoras de servicios esenciales. Sobre este asunto, McKinsey anota que la expansión y continua evolución del concepto ha transformado su definición, exigiendo un cambio fundamental de mentalidad entre los gobiernos, inversores y operadores industriales acerca de cómo financiar, construir y mantener en el tiempo las grandes obras de infraestructura.
En este orden de ideas, McKinsey estima que será necesaria una enorme inversión acumulada en dólares de aquí al año 2040, para satisfacer la necesidad de infraestructura nueva y actualizada conforme a los modernos procedimientos constructivos, siempre apoyándose en el progreso tecnológico. La inversión requerida abarca siete sectores de infraestructura crítica, donde el transporte y la logística requieren la mayor parte —36 trillones de dólares—, seguido de energía eléctrica —23 trillones—, industria digital —9 trillones—, desarrollo social —16 trillones—, desechos sólidos y agua potable —6 trillones—, agricultura y ganadería sostenibles —5 trillones— y seguridad y defensa —2 trillones—.
Las observaciones consignadas en el estudio de McKinsey interesan sobremanera a la nación venezolana de nuestros días, luego de décadas de abandono, asolamiento y falta de actualización —según sean los casos— de numerosas infraestructuras a las cuales deberán añadirse novedosos proyectos de construcción y dotación de equipos modernos. Comenzamos por la recuperación y actualización del sistema eléctrico, para lo cual —además de rehabilitar lo reparable— podrían instalarse redes inteligentes, plantas generadoras de energías alternativas y sus correspondientes acumuladores, así como también lo necesario para asegurar la eficiente distribución de energía eléctrica a lo largo y ancho del país. La infraestructura portuaria y aeroportuaria no escapó al incalificable abandono en comentarios, por lo cual perdió su espacio como plataforma logística regional del Caribe, dada su privilegiada ubicación geográfica al norte del continente sudamericano. Bien conocida es su importancia para las exportaciones de productos diversos —i.e. acero y aluminio de las empresas de Guayana, sumidas en la desidia de los últimos lustros—, petróleo, petroquímica y otros derivados de la menguada industria de los hidrocarburos, frutos agropecuarios en los que somos competitivos, para lo cual se requerirán nuevos terminales de carga y descarga, grúas, patios logísticos y facilidades de almacenaje.
Tema de singular relevancia y actualidad es el relativo a la infraestructura digital y sus componentes —almacenaje de datos, fibra óptica, inteligencia artificial—, uno de los motores más importantes del desarrollo económico en las próximas décadas. Dicha infraestructura digital requiere enormes cantidades de energía eléctrica para operar servidores y sus redes, así como sistemas de refrigeración. Un creciente ecosistema global que representa en estos momentos alrededor de 5% de la demanda de energía eléctrica a nivel mundial. Ya no es novedad que el auge de la inteligencia artificial viene presionando y fatigando las redes eléctricas cercanas a los centros de datos —data centers— que albergan sistemas de almacenamiento y equipos que procesan y distribuyen información digital. Por último, haremos referencia a la infraestructura destinada a satisfacer necesidades sociales —i.e. vivienda digna y sismorresistente en países como el nuestro, instalaciones hospitalarias, vialidad y sistemas ferroviarios de transporte—. Si algo requiere Venezuela con urgencia, es la recuperación y ampliación consciente y responsable de infraestructuras que apoyen el desarrollo económico en todas sus vertientes, aseguren el bienestar colectivo y mejoren ostensiblemente la calidad de vida de la población.
El asunto es que los proyectos constructivos requerirán ingentes inversiones de capital, aunadas a protocolos de gestión y mantenimiento que deberían ser administrados por firmas debidamente acreditadas. Muchas de esas infraestructuras podrían canalizarse en la práctica sobre regímenes de concesión a término, para lo cual es imprescindible la reinstitucionalización del país. Con una baja calificación crediticia, resultante de la actual condición de morosidad de la República y de Pdvsa no será posible obtener financiamiento para acometer las obras que se nos plantean con urgencia. En cuanto al régimen de concesiones a término —el contrato mediante el cual el Estado otorgaría a una determinada empresa privada y suficientemente calificada el derecho a construir, explotar económicamente y administrar bienes nacionales o servicios públicos durante un período de tiempo determinado—, no será posible como opción válida mientras no existan instituciones legítimas ni garantías de absoluto respeto al Estado de derecho.
Llegamos pues al quid del asunto, a la esencia o el punto crítico para poder avanzar razonablemente: mientras no tenga lugar la reinstitucionalización del país, seguirá siendo poco probable que se promuevan y ejecuten las obras de infraestructura imprescindibles que nos permitirían retomar la senda del desarrollo sostenible en todos los campos de actividad social y económica.
