La entrega anterior cerró con una pregunta: si el mecanismo que documenté en 2018 era real, ¿dónde quedó registrado fuera de mis propios cálculos? La respuesta está en cuatro expedientes del Distrito Sur de Florida, con nombres propios, montos verificables y, en tres de los cuatro casos, sentencia firme.
El expediente que describe mi propio ejemplo
Empiezo por el caso que más me sorprendió cuando lo crucé contra mi artículo de 2018. Abraham Edgardo Ortega fue director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA. El 31 de octubre de 2018 se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida de un cargo de conspiración para lavado de dinero [1]. El expediente judicial describe una operación en la que una empresa identificada como “Compañía C” prestó a PDVSA aproximadamente 17.400 millones de bolívares, con el compromiso de que PDVSA repagaría ese préstamo en dólares, a la tasa de cambio oficial fijada por el Gobierno.
Es, con otros nombres y otro monto, exactamente el mecanismo que expliqué con la empresa X en 2018. La diferencia entre la tasa a la que se otorgó el préstamo y la tasa a la que realmente se movía el dinero fuera de los libros oficiales generó, según el propio expediente, 1.200 millones de dólares desviados de PDVSA. Ortega admitió haber recibido 5 millones de dólares en sobornos por dar prioridad crediticia a una empresa francesa y a un banco ruso, y otros 12 millones por su participación en un segundo esquema de préstamo y contrato cambiario. Fue sentenciado en mayo de 2021 a 28 meses de prisión.
Cito este caso porque demuestra algo más que una coincidencia: la arquitectura que describí como ilustración pedagógica en La Patilla era, en ese mismo período, el modus operandi documentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dentro de PDVSA.
El acceso a los bonos como mercancía de soborno
El segundo expediente añade una capa que conecta directamente con la deuda que hoy se reestructura. Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera nacional de Venezuela, fue declarada culpable por un jurado el 13 de diciembre de 2022 de conspiración para lavado de dinero y lavado de dinero [2]. Según el expediente, ella y su esposo Adrián Velásquez aceptaron y lavaron más de 136 millones de dólares en sobornos pagados por Raúl Gorrín, empresario venezolano dueño de Globovisión.
Lo que hace insustituible este caso para Pilar Cero es el propósito específico del soborno: Gorrín pagó para obtener acceso preferencial a la compra de bonos del Tesoro venezolano a una tasa de cambio favorable, revendiéndolos después con cientos de millones de dólares de ganancia. Con nombre y sentencia firme, son bonos soberanos usados como vehículo de un esquema de lavado, no un desvío genérico de fondos públicos.
El financiero que sostuvo el esquema
Alejandro Andrade Cedeño, extesorero nacional y antecesor de Díaz Guillén en el cargo, se declaró culpable el 22 de diciembre de 2017 y fue sentenciado el 27 de noviembre de 2018 a diez años de prisión, la pena más alta entre los cuatro expedientes [3]. Andrade admitió haber recibido más de mil millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros conspiradores a cambio de usar su posición como tesorero para favorecer el mismo tipo de operaciones cambiarias preferenciales. Como parte de su acuerdo, se comprometió a entregar ese monto junto con los activos adquiridos con él: propiedades, vehículos, caballos de competencia, relojes, aviones y cuentas bancarias.
El nodo: Raúl Gorrín Belisario
Los tres casos anteriores convergen en una sola figura. Gorrín fue acusado por primera vez el 16 de agosto de 2017 por conspirar para violar la ley contra prácticas corruptas en el extranjero y por lavado de dinero, acusación centrada en el pago de sobornos a Andrade y a otro exfuncionario para asegurar derechos de cambio de divisas a tasas favorables para el Gobierno venezolano [4]. Permaneció prófugo durante años, incluido en la lista de más buscados del ICE. El 23 de octubre de 2024, un gran jurado de Florida emitió un segundo expediente en su contra, esta vez por un esquema adicional de 1.200 millones de dólares. Según registros públicos, fue detenido en 2026 en una operación conjunta entre Estados Unidos y Venezuela.
El 3 de mayo de 2019, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) publicó el aviso FIN-2019-A002 sobre corrupción pública generalizada en Venezuela, documento que cita expresamente este tipo de esquemas como patrón de riesgo para el sistema financiero internacional [5]. Es una advertencia regulatoria formal, con fecha y número de referencia, construida sobre estos mismos expedientes, no una opinión académica sobre el caso venezolano.
Por qué esto ya no es una hipótesis
La Entrega N°1 mostró un mecanismo mediante un caso ilustrativo. Esta entrega muestra que ese mismo mecanismo tiene nombre, cargo, sentencia y, en el caso de Gorrín, una captura reciente. Tres condenas firmes y un expediente activo prueban algo más incómodo que la contaminación bono por bono: que el sistema del cual salieron esos instrumentos operó, durante los mismos años, bajo el control parcial de personas condenadas por lavar dinero usando exactamente el tipo de operación cambiaria y de acceso a bonos que hoy se pretende reestructurar sin auditoría previa.
Con esta base judicial establecida queda planteada una tarea que, hasta donde sé, nadie ha hecho todavía en público: tomar el universo completo de veinticuatro bonos hoy en reestructuración y cruzarlo, uno por uno, contra los nombres, las fechas y los montos que acabamos de repasar. La próxima entrega hace exactamente eso, a manera de ejercicio preliminar y con fines estrictamente didácticos, no como pericia forense: ¿cuáles de esos instrumentos coinciden en el tiempo, en los actores o en el mecanismo con lo que un tribunal de Florida ya dio por probado?
Adelanto solo esto: ese cruce, por revelador que resulte, es apenas un mapa preliminar, no una auditoría real. Justamente por eso la auditoría forense sigue siendo una exigencia ineludible. El Grupo Egmont, a través de sus 164 Unidades de Inteligencia Financiera, es el único mecanismo con acceso legal a lo que un artículo de prensa jamás podrá ver: la titularidad real detrás de cada bono, tenedor por tenedor. Y no hablamos solo de los 58.522,61 millones de dólares de principal vigente: sumados los intereses impagos acumulados desde el default selectivo de noviembre de 2017 (unos 36.777 millones de dólares), la exposición total de este segmento de bonos supera los 95.300 millones de dólares. Sin trazabilidad, esa cifra completa seguirá siendo un número sin rostro. Con ella, sabremos por fin cuánto de esa deuda puede reestructurarse limpia y cuánto arrastra el mismo patrón que ya condenó a un tesorero, a una tesorera y a un director financiero de PDVSA.
Fuentes primarias
2. U.S. Department of Justice, “United States v. Claudia Patricia Diaz Guillen”
3. U.S. Department of Justice, “United States v. Alejandro Andrade Cedeno”
4. U.S. Department of Justice, “United States v. Raul Gorrin Belisario”
