El pasado sábado 3 de julio en estas mismas páginas ofrecimos unas primeras reflexiones en relación con el importante sismo que acababa de ocurrir días antes. Allí se esbozaban algunas tendencias que, con buena fe, pudieron interpretarse como iniciales ante un acontecimiento que, lamentablemente, es recurrente en el país: falta de preparación, ineficiencia politización, etc.
Hoy, cuando los rescatistas ya están regresando a sus países y la magnitud de la tragedia se hace cada vez más evidente, comprobamos con frustración y dolor que esas falencias iniciales, lejos de solucionarse, se consolidaron y ya forman parte de una evaluación más comprensiva.
La primera critica no puede ser sino la de la incompetencia en la decisión y urgencia de brindar ayuda. Empecemos con el hecho de que en estos años se permitió el desmantelamiento de Funvisis que, con criterio técnico, se había montado y reforzado después del sismo de 1967. Quienes se ocupan de eso señalan que los puestos de monitoreo y control, que llegaron en su momento a ser cerca de trescientos, han quedado reducidos tan solo a tres, disminuyendo así la posibilidad de estar más alerta.
Ha salido a relucir también el relanzamiento, doloso o al menos culpable, del cumplimiento de las normas para proteger las construcciones hechas desde entonces, con las medidas técnicas requeridas para minimizar la posibilidad de daños.
Ha sido patética la constatación de que una buena parte de las construcciones originadas en planes sociales cayeron al piso como castillos de barajitas y en la aparición de rellenos de gomaespuma o anime dentro de los paneles utilizados para la construcción. Esto, evidentemente, constituyó un fraude doloso cometido por diseñadores, contratistas y/o inspectores que omitieron controlar y denunciar aquello. El resultado quedó a la vista con la destrucción casi total de esas urbanizaciones, construidas al amparo de dichos planes más políticos que sociales.
Pero lo que más parece haber contribuido a la medida del desastre es la ausencia de las Fuerzas Armadas y policiales durante las horas iniciales. Se ha criticado con razón y evidencia que esas fuerzas no fueron desplegadas de inmediato para organizar el esfuerzo necesario. Mucho han evidenciado fotos y vídeos revelando esa ausencia y/o la poca colaboración práctica que prestaron esos mismos cuerpos tan prestos a reaccionar para reprimir manifestaciones populares cuando las hubo.
Ni se digan las escenas constatadas en las que aparecen funcionarios de distintos entes públicos saqueando entre los restos, en búsqueda de cajas contentivas de dólares en efectivo, almacenadas en distintos inmuebles con el propósito de esconder fondos mal habidos de turbios negocios.
Dicho lo anterior ,que seguramente contribuyó al retraso e ineficiencia, deben reconocerse los heroicos esfuerzos de la población que con escasos medios se abocó al rescate de sobrevivientes y cadáveres.
Así como lo anterior da lugar a la percepción de ineptitud, también es necesario resaltar la rápida generosa y eficiente ayuda internacional reflejada en la casi inmediata llegada de grupos de rescatistas públicos y privados, cuya labor resultó determinante en las primeras horas.
Quedó también claro que una buena parte de nuestro continente y de otros lugares expresó su solidaridad por encima de los reales o posibles desacuerdos políticos entre el régimen venezolano y países como El Salvador, Chile, Estados Unidos, Israel, etc., quienes con su conocimiento, equipos especializados y generosa disposición contribuyeron decisivamente en los rescates.
Merece especial mención la presencia de efectivos militares y civiles norteamericanos que a las pocas horas ya estaban en el lugar en plena tarea. No faltan ya quienes pretenden confundir esa presencia norteamericana con una “invasión” en detrimento de nuestra soberanía, tanto más cuanto altos jefes militares se hicieron presentes en el terreno y en Miraflores, alegando la indispensable necesidad de coordinar los esfuerzos.
Necesario es también mencionar y agradecer los esfuerzos de nuestros compatriotas tanto en Venezuela como en el exterior, estableciendo centros de acopio de ayuda (ropa víveres ,agua, etc.). En Florida fuimos testigos de la organización de esa gente y del esfuerzo para que lo recogido llegase a manos de quienes lo necesiten. Tal expresión de solidaridad bien habla del sentimiento de pertenencia de nuestros compatriotas en el exterior y de las comunidades en las que interactúan.
Así y todo, no puede ignorarse alguno que otro episodio oscuro, como fue la constatación —con indignación propia y ajena— del alcalde de la ciudad de Panamá de que parte de la ayuda recogida en ese país fue a parar, nada menos, que a Maturín, a cientos de kilómetros del área afectada. Hay quienes acusan a dicho funcionario por haber tenido precaución y desconfianza al colocar posicionadores GPS satelitales dentro de los bultos, a fin de determinar el lugar de su llegada. No le faltó razón.
Corresponde también traer a consideración un principio de derecho internacional conocido como ”responsabilidad de protección” (R2P), que está tomando forma en la actualidad.
En resumen, se trata de una nueva doctrina del derecho internacional que daría fundamento a la obligación legal —además de la moral—, para que los países asuman como norma jurídica —no solo moral— la responsabilidad de proteger a las poblaciones que se vean abusadas por sus gobiernos, ante la violación generalizada de sus derechos humanos fundamentales y, ahora, ante eventos catastróficos como el que se vivió en Venezuela.
Quienes impulsan esa doctrina sostienen que existe la obligación legal, dentro del marco del derecho internacional, de acudir en protección de esos pueblos abusados, incluyéndola en el derecho vigente. Apoyamos sin reserva esa posición, aunque reconocemos que a estas alturas todavía no ha podido cobrar fuerza legal. El destacado compatriota y jurista Carlos Sarmiento Sosa, en lúcido artículo publicado en estas páginas el 4 de julio (Carlos Sarmiento Sosa: Venezuela y R2P ante la tragedia del 24 de junio), ha hecho interesantes consideraciones sobre el tema. Es de esperar que, más temprano que tarde, esa incorporación al derecho internacional vigente pueda incluir no solo lo moral, sino que se convierta en legalmente exigible entre los miembros de la comunidad internacional. Hasta ahora no lo es, puesto que para ponerla en práctica se requiere flexibilizar el tradicional concepto de soberanía.
Una humanidad mejor, más sólida y más unida tal vez pudiera conseguir que esa “doctrina” se convierta en obligación legal.
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