Una madre pasó más de un año buscando a su hijo desaparecido. La tiranía ya sabía que estaba muerto. El caso de Víctor Hugo Quero Navas expone el nivel de crueldad, encubrimiento y deshumanización de la maquinaria represiva chavista. Un relato duro sobre desaparición forzada, mentira institucional y memoria.
El caso de Víctor Hugo Quero Navas me pegó. Me dolió. Me indignó. Lo ocurrido es uno de los episodios más macabros y reveladores de la maquinaria represiva y criminal chavista en los últimos años. Y eso, en un país donde el horror se ha vuelto cotidiano, es decir mucho.
Víctor Hugo fue secuestrado el 1 de enero de 2025. Desde entonces, el régimen venezolano lo sometió a desaparición forzada. Durante más de un año, su madre, Carmen Teresa Navas, de 82 años, recorrió tribunales, cárceles, fiscalías y oficinas públicas buscando respuestas sobre el paradero de su hijo. Rogó información. Suplicó una fe de vida. Tocó todas las puertas posibles. El régimen respondió con silencio, humillación y mentira.
Ahora, el Ministerio para el Servicio Penitenciario —controlado por la estructura de poder de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez— reconoce que Víctor Hugo murió el 24 de julio de 2025 bajo custodia del Estado. Es decir: mientras su madre lo buscaba desesperadamente, el régimen ya sabía que estaba muerto. Lo sabía y calló durante diez meses.
Pero el horror no termina allí.
El comunicado oficial asegura que Víctor Hugo murió en un hospital militar luego de presentar graves complicaciones de salud y que posteriormente fue enterrado “ante ausencia de familiares”. Una frase burocrática, fría y miserable que se derrumba frente a la realidad: Carmen Teresa jamás dejó de buscar a su hijo. Nunca abandonó su caso. Nunca se fue. El Estado simplemente decidió desaparecer también la verdad.
La imagen de Carmen Teresa llegando finalmente a una supuesta tumba improvisada, luego de más de un año de incertidumbre y sufrimiento, es una de las fotografías más devastadoras de esta tragedia venezolana. Y ni siquiera allí aparecen certezas: la fecha de defunción en la lápida no coincide con la fecha informada por el propio régimen en su comunicado oficial. Hasta la muerte está rodeada de contradicciones.
Lo más grave es que las mentiras fueron institucionales y coordinadas.
En octubre de 2025, tres meses después de la fecha en la que el régimen asegura que Víctor Hugo murió, la Defensoría del Pueblo —en coordinación con la Fiscalía de Tarek William Saab— informó formalmente a Carmen Teresa Navas que su hijo seguía detenido en Rodeo I. Ese documento existe. Tiene firmas. Tiene nombres. Tiene funcionarios responsables. Para ese momento, según la propia versión oficial chavista, Víctor Hugo ya llevaba meses muerto.
Eso significa que distintos órganos del Estado venezolano sostuvieron deliberadamente una ficción sobre el paradero de una persona fallecida bajo custodia. La Fiscalía, la Defensoría y el sistema penitenciario administraron el engaño mientras una madre anciana seguía buscando a su hijo desaparecido.
Y todavía hay más.
El 5 de mayo de 2026, apenas dos días antes de que el régimen admitiera la muerte de Víctor Hugo, un tribunal rechazó una solicitud de amnistía a su favor. Sí, un tribunal venezolano seguía procesando judicialmente a un hombre que, según el propio Estado, llevaba diez meses muerto. Mientras abogados discutían expedientes y organizaciones de derechos humanos exigían información sobre su paradero, el aparato represivo chavista ya había enterrado el cuerpo.
Esto no es un caso de negligencia o desorden burocrático. Lo que emerge es un patrón de desaparición forzada continuada, encubrimiento institucional, manipulación de información pública y administración deliberada del sufrimiento de las víctimas y sus familias.
Y todo ocurre en un país donde morir bajo custodia se ha convertido en una práctica recurrente.
Jesús Martínez Medina. Jesús Rafael Álvarez. Osgual González. César Mayora. Jesús Gutiérrez González. Reinaldo Araujo. Lindomar Amaro Bustamante. Alfredo Díaz. Edison Torres Fernández. Víctor Hugo Quero. Antes de ellos: Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo, Raúl Baduel, Salvador Franco, Rodolfo González, Carlos Andrés García, Pedro Pablo Santana y tantos otros.
Todos forman parte de la misma lógica de exterminio político. Todos son nombres de una misma estructura criminal dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Algunos murieron lentamente dentro de centros de tortura. Otros fueron liberados apenas antes de morir, destruidos física y psicológicamente tras meses de secuestro y tratos inhumanos. La finalidad siempre es la misma: quebrar, castigar, aterrorizar y enviar un mensaje de control absoluto.
Por eso el caso de Víctor Hugo Quero es mucho más que una tragedia individual. Es la radiografía completa de un sistema. Un sistema donde el Estado secuestra, desaparece, tortura, miente, encubre y finalmente administra la muerte con lenguaje burocrático, sellos oficiales y funcionarios sonrientes frente a cámaras de televisión.
Contra esta familia se cometieron todos los crímenes de lesa humanidad posibles. Y quienes participaron de esto —desde los responsables políticos hasta los funcionarios que firmaron documentos falsos o sostuvieron mentiras deliberadas— deberán responder algún día ante la justicia.
Porque eso fue lo que hicieron con Víctor Hugo Quero Navas: lo mataron. Y después intentaron desaparecer también la verdad.
Esta barbarie tiene que terminar. Y tiene que terminar lo más pronto posible. No dentro de unos años. No cuando la tiranía decida. Ya.
Porque ya han hecho demasiado daño. Ya han causado demasiadas muertes. Ya han destruido demasiadas familias venezolanas. Ya han convertido demasiados hogares en lugares atravesados por el duelo, el miedo, la cárcel, el exilio y la tortura.
La señora Carmen Teresa Navas merece justicia. Merece verdad. Merece reparación. Y como ella, miles de víctimas de esta tragedia nacional.
Venezuela necesita memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Necesita cerrar los centros de tortura. Necesita liberar a todos los presos políticos. Necesita desmontar esta maquinaria criminal que ha convertido al Estado en un instrumento de persecución y muerte.
Por mi parte, no hay perdón ni olvido.
Que la justicia, en la democracia que debemos rescatar, se encargue, porque no quiero venganza. Pero olvidar, jamás. Jamás.
