En Venezuela, cada vez que se habla de transición y reinstitucionalización, el debate gira casi automáticamente en torno al árbitro electoral, el sistema judicial o el Ministerio Público. Es lógico: sin un Consejo Nacional Electoral confiable, sin jueces independientes y sin fiscales autónomos, no hay democracia posible. Sin embargo, hay un poder del Estado que, más que olvidado, resulta indispensable para que cualquier transición sea sostenible: el poder contralor.
La Contraloría General de la República hoy no cumple su función. No es un órgano de control efectivo, sino una institución que oscila entre la irrelevancia y el abuso político. Esa distorsión ha tenido consecuencias profundas. Los escándalos de corrupción más graves de nuestra historia contemporánea —particularmente en Pdvsa, cuya ruina financiera es ya parte del colapso nacional— ocurrieron bajo su mirada pasiva o cómplice. No hubo alertas oportunas, ni auditorías independientes, ni sanciones consistentes. Pero sí ha habido actuación selectiva cuando se trata de inhabilitar candidaturas de oposición, muchas veces con base en acusaciones arbitrarias o nunca comprobadas. Ese contraste no es casual: es el reflejo de una institución secuestrada.
Hoy, en medio de una apertura económica aún incipiente, comienzan a surgir propuestas que, aunque pragmáticas, revelan la magnitud del vacío institucional. Se plantea la contratación de auditorías privadas para el Banco Central de Venezuela como condición para su operación bajo esquemas de licencias de la OFAC; se implementan mecanismos de supervisión sobre recursos públicos provenientes del petróleo por parte de los Estados Unidos, incluyendo el depósito y la gestión de fondos venezolanos en cuentas del Tesoro. Son soluciones comprensibles y quizás inevitables en este contexto y en el cortísimo plazo, pero profundamente problemáticas en su lógica de fondo. Un país que no puede auditarse a sí mismo está, en la práctica, cediendo una dimensión esencial de su soberanía. En ese mismo contexto, la madeja de sanciones económicas y regímenes de licencias en la que hoy se encuentra Venezuela también ha encontrado justificación —más allá de la condicionalidad política— en la falta de confiabilidad sobre la administración de los recursos públicos. La debilidad institucional no solo erosiona la soberanía interna; termina, además, legitimando esquemas externos de control.
La historia demuestra que estos arreglos “transitorios” rara vez lo son. La Enmienda Platt, vigente durante 33 años entre 1901 y 1934, convirtió la naciente república cubana en un Estado condicionado, con capacidad de intervención externa en sus asuntos internos. Más recientemente, tras la Invasión de Irak de 2003, el país ha vivido más de dos décadas —ya más de 20 años— bajo esquemas de soberanía limitada y fuerte influencia internacional en la administración de sus recursos estratégicos e instituciones. En ambos casos, lo que se presentó como una solución coyuntural terminó consolidando estructuras prolongadas de dependencia.
Para nadie es un secreto que en Estados Unidos, desde los tiempos de la Doctrina Monroe y su prolongada interpretación estratégica, los poderes e intereses de esa nación han visto como una tentación recurrente subordinar la soberanía de los países del hemisferio. El planteamiento de seguridad nacional articulado durante la administración Trump es una expresión contemporánea de esa perspectiva. Ese riesgo no es meramente coyuntural: está siempre latente cuando las instituciones internas fallan y cuando no existe un compromiso nacional sólido con su fortalecimiento.
Ese es el riesgo que enfrenta Venezuela hoy. La transición requiere sentar las bases para reconstruir el Estado y esa reconstrucción pasa necesariamente por dotar al país de un sistema de control fiscal moderno, independiente y eficaz. Una Contraloría verdaderamente funcional debe estar blindada frente a presiones políticas, integrada por el mejor talento técnico disponible y dotada de capacidad real de auditoría y sanción en sectores críticos como el petróleo, las finanzas públicas y las empresas del Estado. A ello debe sumarse la adopción de herramientas completamente nuevas: sistemas de trazabilidad digital del gasto público, auditorías automatizadas, mecanismos de alerta temprana y el uso de inteligencia artificial para detectar patrones de corrupción en tiempo real.
Un acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas para fortalecer y restituir la autonomía del poder contralor permitiría canalizar con rapidez recursos significativos hacia la reconstrucción de esta institución. Ello evitaría la necesidad de incurrir en erogaciones multianuales de decenas de millones de dólares en firmas privadas extranjeras de auditoría, llamadas hoy a cumplir funciones que, por mandato constitucional, corresponden a la Contraloría General de la República.
Definitivamente, urge un gran acuerdo político que permita nacionalizar la solución de nuestro conflicto y regresar a la constitucionalidad. Sin ese acuerdo —que debe incluir un plan serio de reinstitucionalización— Venezuela corre el riesgo de un prolongado tutelaje estadounidense, sin retomar el control efectivo de sus recursos. Y sin ese control, ejercido bajo un poder contralor independiente, serio y eficaz, no será posible desarrollar una política económica y monetaria coherente que sostenga una transición económica exitosa. Más allá de las aperturas petrolera y minera que hoy comienzan a adelantarse, lo que está en juego es la capacidad de construir un modelo de gestión pública confiable que permita estabilidad, inversión y crecimiento con justicia social en el tiempo.
No se trata únicamente de combatir la corrupción, aunque eso sería ya un avance sustancial. Se trata de restituir la confianza en el Estado, de reconstruir la capacidad de gestionar lo público con criterios de legalidad, eficiencia y responsabilidad. Sin Contraloría no hay transparencia, sin transparencia no hay confianza y sin confianza no habrá política económica viable ni transición sostenible.
Por eso, un verdadero acuerdo nacional debe asumir la reconstrucción del poder contralor como una prioridad inmediata y no diferible. Mientras esa dimensión siga ausente, la tentación del tutelaje externo seguirá presente —y probablemente creciente—, y con ella el riesgo de que Venezuela entre en un ciclo de dependencia que comprometa su soberanía por años o incluso décadas.
La transición venezolana no puede ser solo un cambio de actores. Debe ser, ante todo, la recuperación de capacidades y entre ellas, pocas son tan estratégicas —y tan necesarias— como el poder contralor. Esa tarea no es abstracta ni técnica: es una definición política de fondo y recae, por igual, sobre el liderazgo del gobierno encargado y sobre el liderazgo de la alternativa democrática.
