La emergencia en materia de seguridad industrial continúa en Pdvsa.
Entre 2005 y 2012, el Centro Refinador de Paraguaná sufrió un deterioro progresivo por la falta de mantenimiento, fallas en los sistemas de seguridad y ausencia de correctivos. El 25 de agosto de 2012 ocurrió la tragedia de la Refinería de Amuay: oficialmente 42 fallecidos, 5 desaparecidos, cientos de heridos y graves daños a las instalaciones y comunidades cercanas.
Hoy, casi 14 años después, hechos similares vuelven a repetirse en el Zulia, en las instalaciones de LAMARGAS en el Lago de Maracaibo. Un trabajador falleció en circunstancias que reflejan nuevamente el abandono de la seguridad industrial. Videos grabados por los propios trabajadores muestran personal sin equipos de protección adecuados, trasladados en lanchas improvisadas y sin protocolos de emergencia acordes con una instalación petrolera marítima.
La formación del personal y prevención industrial, prácticamente han desaparecido los protocolos de seguridad. Los sistemas de detección y respuesta están obsoletos o dañados. Los simulacros operacionales que deben realizarse constantemente para preparar a los trabajadores ante eventos críticos ya no se ejecutan. En una emergencia de gran magnitud, los trabajadores deben saber inmediatamente cómo actuar, hacia dónde evacuar y qué procedimientos aplicar. Hoy eso no está ocurriendo.
En instalaciones petroleras marítimas y acuíferas debe existir permanentemente una aero-ambulancia o helicóptero preparado para trasladar heridos de inmediato. En las instalaciones terrestres también deberían existir ambulancias equipadas, con personal capacitado en primeros auxilios, rescate y seguridad industrial. Nada de eso se está garantizando hoy en la industria petrolera venezolana.
Las empresas que operan en Venezuela, incluyendo compañías internacionales como Concord Resources, están obligadas a cumplir estándares internacionales de seguridad, salud ocupacional y protección de la vida humana. Aquí se evidencia que esos estándares no se están cumpliendo y PDVSA, que en teoría debe supervisarlos, de espaldas a la realidad.
La desaparición de los sindicatos y el despido de delegados de prevención dejaron a los trabajadores indefensos. También desaparecieron pólizas, seguros de vida y coberturas por accidentes laborales, violando derechos establecidos en la ley y en las contrataciones colectivas.
La tragedia de Amuay no terminó en 2012. La emergencia continúa. Hoy se produce petróleo bajo condiciones de precariedad extrema, con trabajadores expuestos, sin protección y sometidos a la esclavitud.
La muerte de Jorge Rivera en este lamentable accidente es una lección y una advertencia ante la inexistencia de regulaciones y normas que eviten la repetición de estas tragedias.
A sus familiares, compañeros de trabajo y allegados, se les expresa el más sentido pesar y acompañamiento en su dolor en este momento difícil.
Secretario General del SUTPGEF -Miembro de Junta. Organizadora de FETRAENERGIA
