La semana pasada, a raíz de mi participación en un evento organizado por Amnistía Internacional −Jornada de Derechos Humanos, para una Agenda Nacional−, inicié una reflexión sobre dos temas que he venido tratando: voto y emigración, y que el evento me proporcionó la oportunidad de integrar y sintetizar. Comencé con una descripción de las dificultades que enfrentan los venezolanos en el exterior para ejercer su derecho político al voto, desde el punto de vista jurídico, práctico y político, y me propongo examinar ahora algunas soluciones a esas dificultades.
Dificultades Jurídicas:
En la legislación electoral hay muchas cosas que reformar; se trata de una legislación atrasada, diseñada para un país que ya no existe; sobre todo para un país que cuenta con otra Venezuela fuera de nuestras fronteras, pues actualmente casi un tercio de la población venezolana vive fuera del país. Esta inmensa población −que supera en número a la población total de treinta y dos países europeos y diecinueve de Latinoamérica y el Caribe− está hoy privada del derecho al voto y en ese tema nos debemos concentrar.
Como ya señalé en mi artículo de la semana pasada (ver: Ismael Pérez Vigil: Tareas Políticas Actuales (1), jurídicamente hablando la principal restricción se concentra en la inconstitucionalidad del Artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y artículos correspondientes del Reglamento (RLOPRE), que en síntesis establecen una discriminación entre venezolanos, al privar de ese derecho político a los que están en el exterior, con base, además, en lo que la legislación de otro país determine acerca de qué es “residencia legal”.
La propuesta para solucionar esta dificultad es adoptar una de varias opciones posibles:
1. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que “desaplique” el artículo 124 de la LOPRE o lo declare inconstitucional.
2. Que la Asamblea Nacional (AN) modifique la LOPRE; y
3. Modificar el Reglamento, lo que puede hacer el Consejo Nacional Electoral.
Desde luego, esto solo podrá ser posible a partir o como producto de un “acuerdo político” para realizar elecciones; y el CNE que modifique el Reglamento no sería el actual, sino un nuevo CNE que se nombre por consenso, a partir también de ese “acuerdo político”.
También con relación a las dificultades jurídicas a ser superadas, pero ahora con respecto a la votación como tal y al Registro Electoral (RE), con base en que en el exterior no se puede obtener la cédula de identidad (CI), se debe permitir que por vía de excepción se utilice el pasaporte en vez de la CI para los actos electorales; lo que implicaría desaplicar el artículo 25, párrafo 2, de la LOPRE, que es el que establece que la CI “…laminada, aun cuando esté vencida… único documento válido para el ejercicio del derecho al sufragio”. Y para registrarse o actualizar el RE.
Dificultades Prácticas
De momento, la mayor dificultad práctica, sobre la que se debe actuar de manera inmediata, es la inscripción y actualización del RE, mientras se implementan los otros cambios, producto del “acuerdo político” que hay que lograr.
El RE, que es una pieza fundamental del proceso y como ya dije en mi artículo anterior, está severamente limitado y sujeto a una normativa atrasada, pensada para un país en el que no había una gran emigración y, como sabemos, de acuerdo con el artículo 27 del RLOPRE y decisiones habituales del CNE, está supeditado a que se realice en embajadas o consulados, que tienen escasa capacidad para administrar este mecanismo, no cuentan con recursos ni personal y, en muchas ocasiones, tampoco con la disposición ni instrucciones para realizar esta tarea.
La solución de largo alcance, que debe ser también objeto del “acuerdo político”, es comenzar a implantar un RE telemático, por Internet, con las facilidades tecnológicas de hoy en día y con base en la experiencia de la Elección Primaria de 2023.
Experiencia de la Primaria 2023
En esa ocasión, seleccionamos 81 ciudades en donde se votaría, para que quienes residieran en ellas o en su zona de influencia actualizaran su RE. Sabíamos, por información que nos facilitaron las autoridades de esos países, que en esas ciudades había unos seis millones de venezolanos y que de esos unos tres o cuatro millones tenían derecho al voto y estaban registrados para hacerlo en Venezuela. En apenas seis semanas, con pocos recursos y casi sin publicidad, logramos registrar 370 mil electores, 61 mil por semana, 8 mil diarios. Aplicando mecánicamente esos resultados, con ese ritmo de inscripción, para unos cuatro millones y medio de venezolanos que tienen derecho al voto en el exterior, se necesitarían 74 semanas, 18 meses, más de año y medio. Obviamente con más recursos y tiempo esto se puede mejorar; pero debemos estar conscientes de que esta solución no es inmediata, requiere de tiempo para desarrollarse y habría que preguntarse: ¿vale la pena esperar, supeditar el proceso electoral a que se resuelva el tema del RE en el exterior? La respuesta es sí, aun sabiendo que esto no resolverá el problema de manera definitiva, pues conocemos que no todos acudirán a registrarse o actualizar el registro y que no todos los que lo hagan acudirán a votar. En la Primaria 2023 acudió a votar el 37% de los registrados y fue un éxito rotundo; en Venezuela votó el 12% y sabemos que en los procesos de primarias solamente vota un 8 o 10% de los electores. De lograrse el mismo porcentaje de la Primaria 2023, estaríamos hablando de uno y medio o dos millones de electores en el exterior; que es una cifra significativa; pero, más importante, se garantiza el derecho al voto en el exterior y nos colocamos en la ruta de resolverlo, con el tiempo, de manera definitiva.
Mientras tanto, es importante comenzar la presión interna e internacional para que se comience a actualizar el RE de inmediato, aun con la legislación vigente; es decir, que en Venezuela comencemos a presionar al CNE para que instruya a las misiones diplomáticas del país para que inicien el proceso y que los venezolanos en el exterior se organicen para presionar a embajadas y consulados para que permitan que quienes están registrados para votar en Venezuela hagan su actualización y cambio de domicilio.
Dificultades Políticas
El tema de las dificultades políticas tiene dos aristas que hay que considerar. Una es que ya se comienza a hablar del “regreso” de los venezolanos al país. Problema complejo, que ya traté en otra ocasión (ver en mi Blog Ismael Pérez Vigil); como ya dije, creo que es algo que se producirá limitadamente y al respecto ya cité, en esos artículos, algunas encuestas que tocan a fondo el tema. Me concentraré entonces en la segunda arista: los que no lo van a hacer de manera inmediata, porque no solo “físicamente” se regresa al país.
Y aquí entonces el verdadero problema es político: ¿cómo hacer para que los venezolanos en el exterior participen en la vida política del país?, en el próximo proceso electoral, suponiendo que logremos resolver las dificultades jurídicas y que avancemos en las dificultades prácticas.
Identifiquemos el problema
Los venezolanos que están afuera se parecen mucho a los venezolanos que estamos aquí; en todos es notorio que hay un “hastío”, una fatiga, un cansancio o decepción de la “política”. Ese es un primer dato a tomar en cuenta.
Los venezolanos que están en el exterior, a pesar de estar vinculados al país, a través de familiares y amigos, y de apoyar económicamente −a través de remesas−; de mantener diversos vínculos empresariales y culturales con el país; de mantener propiedades aquí, etcétera; pareciera que tienen poco interés por la política, masivamente hablando. No me refiero a los casos individuales, de los pocos o miles que sí se interesan, y por qué son múltiples razones. Reflexionemos en una que considero muy grave e importante, pues nos afecta a los que vivimos aquí y a los que están en el exterior.
Cifras del problema
Según las cifras que conocimos para la elección del 28 de julio (28J) de 2024, actualizadas por el “latinobarómetro…” y el RE del CNE, en Venezuela somos 28,4 millones de habitantes (28.405.543) y de esos, 21,3 millones estamos en edad de votar, es decir, el 75,3% (21.392.464) Para mí lo alarmante, si me permiten la expresión, es que más del 63% (63,4%), es decir, 18 millones de venezolanos (18.156.643), son menores de 40 años; en términos prácticos, no conocen, no han vivido en democracia. Para ellos, democracia es una mera referencia, familiar, teórica, pero no es una vivencia personal. Para muchos, la “democracia” es lo que han vivido estos 27 años, en los cuales la política es diatriba y un ejercicio de disputas entre enemigos, donde “negociar” y “llegar a acuerdos”, que es parte esencial de la actividad política, es “traicionar principios”. La discusión política es “polarización” irreconciliable. Y eso lo vivieron en Venezuela muchos de los que se fueron, y lo han continuado viviendo en los países de acogida en el exterior, que están viviendo crisis de la democracia de iguales o peores magnitudes que las del país que dejaron atrás.
Valoración de la democracia
En momentos en que se plantea la posibilidad de regresar al país para participar en la “transición” hacia la democracia, es importante considerar cuál es la valoración que se tiene de la democracia. En la sección anterior mencioné entre las referencias de cifras al “latinobarómetro”, que es un estudio de opinión pública que se realiza mediante entrevistas en 18 países de América Latina, organizado por la Corporación Latinobarómetro, que es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile. Los datos correspondientes al último informe fueron tomados en Venezuela entre el 18 de septiembre y el 9 de octubre de 2024. (No se hicieron entrevistas a venezolanos en el exterior, pero asumo que los resultados de los que estamos en Venezuela se pueden proyectar a los que están en el exterior).
En cuanto a la valoración de la democracia, que es el punto que me interesa, pues como dije el 63% de los venezolanos no la conocen de manera vivencial y directa, los resultados, para mí alarmantes, son los siguientes: (datos tomados de un artículo de Marino J. González)
* “…el 60% de las personas indicó que prefería la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno; [pero…]
* … el 17% de la población señaló que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible.
* … para el 19% de la población de Venezuela da lo mismo que el régimen sea democrático que no democrático.”
La conclusión de Marino J. González, palabras más o menos, es la siguiente: si bien el respaldo a la democracia en 2024 era del 60%, el 17% de la población prefería un gobierno autoritario, y al 19% le era indiferente.
Conclusión: Tareas Políticas.
Esa es la verdadera tarea que tenemos por delante. Iniciar un proceso político y educativo −tarea de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil−, para rescatar en ellos, en los menores de 40 años, y enseñarles qué es verdaderamente la democracia, por qué vale la pena rescatarla y vivir en democracia.
