La mina de oro y diamantes más oscura del mundo.
La extracción de oro ha dejado un rastro sangriento a su paso por Venezuela y Guyana desde la conquista española. Hasta hoy, nada ha cambiado. En 2016 se legalizó el Arco Minero del Orinoco (AMO): más de 111 000 kilómetros cuadrados. Empresas chinas, rusas y turcas, así como grupos criminales armados, operan allí sin ningún tipo de control. Desde entonces, han salido del país miles de millones de dólares en oro, la mayor parte a través de bandas de contrabandistas. Es una de las zonas de extracción de oro más peligrosas y mortíferas del mundo.
A pesar del consenso en torno a la extrema degradación ambiental que causa la minería en el AMO, algunos piensan que puede contribuir al desarrollo nacional, por los tributos y el oro que al país podría ingresar. Sin embargo, entre el florecimiento del AMO, como zona económica especial (2013) y 2025, la cantidad de oro monetario en las arcas del BCV ha caído en 86 %, como lo indica el gráfico que aparece en el inicio. Las ventas tampoco se han traducido en ingresos adicionales, ya que las reservas internacionales han caído, en el mismo período (2014-2025) en alrededor de 75 %, sin contar los DEG en manos del FMI. Entonces, diríase que la explotación de esos recursos perjudica enormemente al país, no deja casi nada al fisco, y sólo beneficia a un puñado de depredadores extractivistas, bien conectados, que lucran con la ruina ambiental, hidroeléctrica y sanitaria de millones.
El caso de esta mega mina a cielo abierto es muy interesante, ya que no surgió de decisiones puramente económicas, sino debido a que el Gobierno venezolano buscaba socios comerciales de los que esperaba, ante todo, apoyo diplomático (Rusia, Turquía, Irán y China). Esto explica en parte por qué el Gobierno autorizó tan tarde la explotación de enormes canteras, que anteriormente estaban prohibida por motivos ecológicos, debido al enorme impacto medioambiental que la minería causaría en esa zona.
La explotación de los 111 000 kilómetros cuadrados del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO) tiene lugar en pleno Amazonas, la selva tropical más grande del planeta, con una superficie de 7,8 millones de kilómetros cuadrados. Aproximadamente el 40 % de esta superficie está ocupada por reservas indígenas y áreas protegidas. Este enorme pulmón vegetal también es la reserva hídrica más importante del planeta y una muy potente fuente de energía verde (hidroeléctrica), que es severamente dañada por la actividad minera.
El AMO es un intento de diversificar la estructura exportadora unilateral de Venezuela (mayoritariamente, petróleo crudo). La explotación a cielo abierto tiene como objetivo desarrollar una zona tan grande como la superficie total de Cuba o como un tercio de la superficie de Alemania. La zona abarca el 12 % de la superficie de Venezuela. En esta región hay más de 45 tipos de yacimientos minerales de gran valor industrial, entre ellos 33,8 millones de toneladas de diamantes. Y es, al mismo tiempo, la mayor fuente de agua dulce del país y una de las mayores del mundo. Por ello, los procesos de deforestación provocados por la minería son especialmente preocupantes, ya que han llevado a una reducción de los recursos de agua dulce en la región y, con ello, a un agravamiento de la crisis energética del país, que tiene sufriendo de extensos apagones diarios, a millones de personas. El probable auge de la actividad petrolera, altamente demandante de energía eléctrica, agravaría aún más una muy precaria situación.
Enormes daños medioambientales
Varios analistas coinciden en que este megaproyecto tiene repercusiones socioecológicas internacionales debido a la contaminación de los ríos que desembocan en el Atlántico, lo que afecta negativamente a la pesca en Venezuela y en los países vecinos: Colombia, Brasil y Guyana. Aún más graves son, debido a la contaminación del agua y del aire, las repercusiones sobre la salud de decenas de miles de personas que viven en estas zonas.
La minería artesanal, que se practica desde hace muchos años en estas zonas, también es muy perjudicial para el medio ambiente. El uso de maquinaria pesada y de cada vez más productos químicos (compuestos de mercurio y cianuro) agrava la situación. La mega mina a cielo abierto prevista por el Gobierno tiene como objetivo extraer y procesar grandes cantidades de minerales, sin tener en cuenta en absoluto los enormes daños medioambientales.
Los periodistas que visitaron la AMO informaron que la autoridad del Estado venezolano ha sido paulatinamente sustituida por la cruel dirección de los grupos criminales organizados, profundamente arraigados en la región, que se benefician de la minería ilegal e imponen sus normas por la fuerza. La deforestación y el uso de mercurio en la minería violan el derecho a la tierra de alrededor de 198 comunidades indígenas, algunas de las cuales han rechazado categóricamente el uso de cianuro como supuesta «alternativa ecológica» al mercurio.
Una prisión sin muros
Las Claritas, el asentamiento más cercano al mayor yacimiento de oro de Venezuela, se asemeja a una prisión sin muros. Miles de personas viven en la calle, durmiendo apiñadas unas sobre otras, en hamacas o en el suelo. A la vista de todos, florecen todo tipo de negocios ilegales con alimentos, medicamentos y combustible, sin que las fuerzas de seguridad tomen medidas al respecto, más allá de exigir alguna comisión (vacuna). Enfermedades como la malaria, el dengue y el virus del Zika se propagan sin obstáculos debido a la falta de hospitales y centros de control epidemiológico.
Según estudios de Yvette Sierra Praeli, aproximadamente el 91 % del oro venezolano se extrae ilegalmente (Link 3). La mayor parte de este oro se saca de contrabando al extranjero a través de Colombia y las islas del Caribe. Según otro informe, al menos el 86 % se extrae ilegalmente, de lo cual el 70%, por un valor de unos 4400 millones de dólares, se saca de contrabando del país y se «blanquea» allí (Link 4).
La presidente interina, Delcy Rodríguez, anunció que la producción nacional de oro en el ejercicio fiscal 2025 ascendió a un total de 9,5 toneladas. Según sus datos, durante este periodo la minería registró una evolución positiva, que se distribuyó entre el sector público, con un aumento del 81 %, y el sector privado, con un crecimiento del 34,8 %. Lamentablemente, estas cifras no son fiables, ya que el país no publica datos oficiales (es decir, desglosados y absolutos) sobre el PIB desde 2019, ni datos sobre la inflación desde 2024. En estas circunstancias, estos datos son tan poco creíbles como los supuestos 20 trimestres consecutivos de crecimiento económico que el Gobierno proclama con orgullo, pero sin ningún fundamento estadístico. Las tasas promedio de crecimiento por trimestre (crecimientos interanuales medidos por trimestre) rozan el 9,8 %, lo cual, en cinco años, podría ser Venezuela el país con mayor crecimiento mundial, por muy lejos, cosa que luce en completo divorcio con el discurso oficial que insiste en no poder aumentar el salario mínimo, debido al feroz bloqueo económico que impone EEUU.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha identificado al sector aurífero de Venezuela como fuente principal de financiación ilegal del régimen a través de actividades ilícitas (Link 5). Luego del tres de enero de 2026, se ha hablado de volver a instalar empresas estadounidenses en el arco minero para que puedan extraer oro allí. Aunque la AMO es una zona económica especial con enormes ventajas fiscales y otras ventajas económicas para los inversores y prácticamente no tiene restricciones medioambientales, la extrema inseguridad y la situación catastrófica de los servicios públicos más básicos hacen que las inversiones allí sean prácticamente imposibles.
Por todo lo anterior, es más probable que el Gobierno de Trump se centre inicialmente en el petróleo y el gas, y posponga para más adelante las delicadas cuestiones relacionadas con el oro y los diamantes, a pesar de la reciente promulgación de una nueva ley de minería extremadamente ventajosa para el capital transnacional. En la actualidad, todo parece indicar que primero EUU intentará frenar el contrabando y desarticular a las brutales bandas armadas —guerrillas colombianas y grupos armados venezolanos— para, a continuación, llevar a cabo una reorganización administrativa de esta zona hostil y atraer a empresas capitalistas tradicionales.
Economista venezolano con un máster en Ingeniería Industrial y un doctorado en Estudios sobre el Desarrollo. Además, es profesor y coordinador de estudios en el CENDES (Centro de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela). Traducción: Laura Held.
