Desde el inicio de este Siglo XXI, Venezuela está sufriendo una grave crisis multifacética.
Es una crisis política que se manifiesta en la inobservancia de la Constitución Nacional y en el desconocimiento de los resultados electorales.
Es una crisis económica, que se manifiesta en la recesión y en la inflación. Las cifras dadas a conocer recientemente por el Banco Central de Venezuela son contundentes al respecto.
Es una crisis social que se manifiesta en el crecimiento de la pobreza, de la pobreza extrema y de la marginalidad. También en el deterioro de la salud, de la educación, del empleo y del salario.
Es una crisis cultural y antropológica y, finalmente, es una crisis ética, que se manifiesta en la corrupción monumental que prevalece en el país.
La solución de la crisis pasa, entre otras cosas, por la celebración de un proceso electoral transparente y merecedor del reconocimiento de todas las partes.
Para hacer posible ese proceso electoral se necesita cumplir, entre otras, las siguientes condiciones:
Primero: Elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, dirigidos ambos organismos, por ciudadanos honorables, independientes y competentes. Personalidades que reúnan cabalmente las condiciones exigidas por la Constitución.
Segundo: Libertad absoluta de todos los presos políticos, civiles y militares. Regreso de los exiliados y cese de la persecución por razones políticas.
Tercero: Cese de las inhabilitaciones políticas sin fórmula de juicio. Caso de María Corina Machado, por ejemplo.
Cuarto: Establecer, de común acuerdo, el cronograma electoral.
Quinto: Promover y facilitar el voto de los venezolanos residentes en el exterior.
Sexto: Revisión y actualización del registro electoral.
Séptimo: Libre acceso a todos los medios de comunicación social, públicos y privados.
Octavo: libre acceso de todos los actores políticos al proceso de escrutinio y contabilizacion de los votos.
Noveno: Derogación de todas las leyes diseñadas para amedrentar a la oposición. Por ejemplo, la ley contra el odio y la ley Simón Bolívar.
Décimo: Garantía de supervisión y asesoría de los organismos internacionales para la organización y supervisión de los procesos electorales. Nos referimos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Unión Europea (UE), etcétera.
A los puntos anteriores habría que añadir la libertad de acceso a todos los medios de comunicación social, públicos y privados y el pleno ejercicio de las libertades públicas consagradas en la Constitución Nacional.
El decálogo anterior debe estar acompañado por un compromiso muy claro de respeto a los resultados electorales: respeto a los ganadores y respeto a los perdedores. Ambos, ganadores y perdedores, deben estar amparados por la Constitución y por la voluntad política de los actores.
Finalmente, hacemos presente la circunstancia de que Venezuela vive una situación excepcional, con un gobierno de facto que carece de legitimidad y con una dramática disminución de su soberanía.
Seguiremos conversando.
