Políticas ineficientes, una sociedad transformada y una propuesta disruptiva.
Europa lleva medio siglo perfeccionando el arte de administrar su propia decadencia demográfica. No se trata de fatalismo, al contrario, sino de una paradoja que ningún libro de texto de políticas públicas ha sabido resolver satisfactoriamente. Cuanto más sofisticados, generosos y políticamente ambiciosos son los marcos de apoyo a la natalidad (permisos parentales, guarderías subvencionadas, incentivos fiscales, planes de conciliación), más sistemáticamente se acerca Europa a una cifra que la condena: 1,34 hijos por mujer en el conjunto de la Unión Europea en 2024, una tasa que casi ha reducido a la mitad la de hace seis décadas, cuando se situaba en 2,62.
El Estado del bienestar construyó todas las condiciones para que nacer fuera menos costoso, y aun así los europeos decidieron, mayoritariamente, no hacerlo. Esa contradicción es el nudo central de cualquier análisis honesto sobre el futuro del continente. Y es también el contexto en que debe leerse la irrupción de voces como la del sociólogo noruego Mads Larsen, investigador de la Universidad de Oslo, cuya diagnóstico ha comenzado a circular con inusitada velocidad entre académicos y comentaristas políticos.
Larsen no es un ideólogo de cabecera ni un agitador populista. Es, más bien, el síntoma de un vacío, el espacio intelectual que emerge cuando las soluciones convencionales han demostrado, durante décadas, su insuficiencia. La tesis de Larsen es incómoda precisamente porque no apela a los instrumentos habituales. No pide más guarderías ni mejores permisos de paternidad. Como explicaba en su reciente entrevista con Héctor García Barnés, el individualismo occidental es la condición estructural de la crisis reproductiva.
Para él, el cambio decisivo no fue legislativo ni económico, sino cultural. Ese momento en que las aspiraciones individuales, como la elección libre de pareja, la autonomía personal y la optimización del proyecto de vida, se convirtieron en el valor supremo de las sociedades occidentales. Tecnologías como las aplicaciones de citas han intensificado estas dinámicas, creando mercados relacionales que favorecen la postergación del compromiso y, con él, de la reproducción. El resultado, según sus cálculos, es una contracción generacional sin precedentes. Donde hoy hay cien niños comenzando la escuela, dentro de tres generaciones podría haber cuatro. La demografía, concluye, no es un indicador económico más, sino una cuestión de supervivencia civilizatoria.
No es necesario suscribir íntegramente ese marco para reconocer que Larsen toca algo que las políticas públicas europeas han preferido no formular: que la crisis demográfica no tiene solución técnica porque su raíz no es técnica. Aquí conviene cambiar de plano y observar los datos con frialdad.
Francia lidera entre las grandes economías del continente, con 1,61 hijos por mujer. En los países nórdicos, Islandia alcanza 1,56, Dinamarca 1,47, Noruega 1,45 y Suecia 1,43. Hungría, a pesar de haber convertido la política pronatalista en razón de Estado bajo Viktor Orbán, con transferencias directas y exenciones fiscales masivas, registra 1,41. Por encima de la media comunitaria, sí, pero a casi tres décimas de distancia del nivel de reemplazo. Los países nórdicos, con políticas familiares comparativamente generosas, han experimentado también descensos pronunciados, lo que sugiere que el apoyo institucional por sí solo no puede explicar las tendencias actuales.
Europa, en suma, no dispone de un modelo que funcione. Ninguno. Y en ese paisaje europeo de fracasos relativos, España ocupa un lugar singular. No el del mal alumno que no ha intentado siquiera aprobar, sino el del alumno confuso que estudia con denuedo una asignatura que, al parecer, no tiene solución con las herramientas disponibles.
España es, en términos demográficos, el caso más perturbador del continente. Con 1,10 hijos por mujer en 2024 —1,07 entre las españolas— el país registra su mínimo histórico. En varias comunidades autónomas, la fecundidad cae por debajo de un hijo por mujer. Canarias alcanza el dato más extremo, con 0,82, y apenas 0,78 entre las españolas. Los nacimientos de madres nacidas en el extranjero supusieron ya el 33,3% del total en 2024. Este último dato no es un matiz, sino la clave de lectura de todo lo demás. La natalidad española, en términos nativos, no se sostiene sin el aporte de la población inmigrante. Y aun con él, sigue cayendo.
Lo paradójico es que los ocho años de gobierno socialista de Pedro Sánchez han coincidido exactamente con esta espiral descendente, pese a constituir el período legislativo de mayor activismo en materia de conciliación e igualdad de la historia democrática española.
En 2019 se aprobó la equiparación progresiva de los permisos de nacimiento de madres y padres, con el principio de igualdad, intransferibilidad y remuneración al 100%; el permiso de paternidad pasó de 5 semanas a 8 ese año, y a 12 en 2020. En 2024, el permiso se amplió a 19 semanas, con 32 para las familias monoparentales (donde casi el 80% son mujeres), proclamándose desde el Ejecutivo que España se había convertido en referente internacional en conciliación y corresponsabilidad. Entretanto, el número de nacimientos continuó su tendencia a la baja durante toda la última década.
El Gobierno socialista ha apostado por la igualdad de género como condición para la natalidad, con la corresponsabilidad en el hogar como palanca, y el desmontaje de asimetrías estructurales entre hombres y mujeres como camino. No es una apuesta irracional. La brecha entre fecundidad deseada y fecundidad real es significativa en España, y las dificultades para la conciliación se identifican consistentemente como una de las razones principales por las que las mujeres tienen menos hijos de los que desearían.
El problema no es el diagnóstico, es el tratamiento: aplicado durante ocho años con creciente intensidad, no ha movido ni un decimal en la dirección correcta. La igualdad formal avanza, los nacimientos, no. Ambas cosas pueden ser simultáneamente verdaderas, y esa incomodidad es la que el gobierno socialista no ha sabido o no ha querido articular públicamente.
El feminismo institucional, convertido en gramática obligatoria del discurso progresista, ha tenido aquí un efecto paradójico. Al enmarcar la política de natalidad exclusivamente como política de igualdad, se ha reducido el espacio para analizar los determinantes materiales más elementales: el precio de la vivienda, que las encuestas identifican como el factor condicionante más decisivo (el 68% de las mujeres jóvenes sin intención de tener hijos lo señala como condición previa imprescindible), o la precariedad laboral de una generación que no puede proyectar su vida a tres años vista.
Pedir a una mujer de 32 años con contrato temporal y sin acceso a una vivienda digna que anticipe una maternidad no es empoderamiento, es pura ignorancia social vestida de política pública.
La oposición, por su parte, no ha sido capaz de ofrecer una alternativa solvente. El Partido Popular se ha limitado a presentar propuestas de conciliación sin articular un marco coherente sobre por qué esas medidas funcionarían, cuando las equivalentes no han funcionado en ningún otro país europeo. El debate en el PP oscila entre la retórica de la libertad y el pragmatismo electoral, sin abordar los determinantes de fondo que la demografía exige.
Vox, el extremo populista y antisistema del espacio conservador, completa el cuadro con una simplificación que sería cómica si no aspirase a ser gobernante. Su propuesta central ha sido eliminar el Ministerio de Igualdad y crear uno de Familia, con el objetivo de repoblar España con españoles. Al mismo tiempo, ha abrazado la teoría del reemplazo poblacional, denunciando que la inmigración constituye un plan deliberado de las élites para sustituir a la población autóctona. Es decir, rechazan la única variable que efectivamente evita que la pirámide demográfica española colapse en el corto plazo, sin proponer nada que, en ningún lugar del mundo, haya demostrado sustituirla. El nacionalismo demográfico como postura estética, no como política.
Porque la inmigración es en España, como en toda Europa, la diferencia entre el colapso administrado y el colapso acelerado. Solo entre 2022 y 2024 ingresaron 1,2 millones de inmigrantes netos, y las proyecciones del INE indican que España podría ganar población a medio plazo exclusivamente gracias a estos flujos. La población total alcanzó un máximo histórico de 49,44 millones en octubre de 2025, pero este crecimiento se debe en exclusiva a la llegada de inmigrantes, ya que la población española autóctona disminuye desde 2011 por saldo vegetativo negativo.
Lo que importa, pues, no es negar esta realidad, como hace Vox, ni instrumentalizarla sin mayor reflexión como hace el Gobierno, sino plantear con honestidad qué tipo de inmigración puede sostener un modelo social basado en pensiones, sanidad universal y educación pública. Una inmigración con integración real, capacitación progresiva, participación en el mercado formal y pertenencia cívica efectiva. Eso no se improvisa con decretos. Requiere políticas de largo plazo que ningún partido español ha diseñado todavía con seriedad suficiente.
Europa no está resolviendo su crisis demográfica. España la está protagonizando con especial intensidad, con el agravante de que su clase política, dividida entre la igualdad como panacea y la xenofobia como coartada, ha sido incapaz de formular siquiera el problema en sus términos correctos.
La demografía no es un reto de políticas públicas al uso. Es un espejo en el que una sociedad contempla qué condiciones ofrece a quienes desean tener hijos y qué respuesta institucional merece ese deseo. Lo que España -y Europa- ven en ese espejo no es tranquilizador. Y seguir debatiendo sobre el nombre de un ministerio o la extensión de un permiso de paternidad mientras la curva de nacimientos no para de caer no es política demográfica: es, simplemente, otra forma de administrar el declive.
