En momentos como los que vive Venezuela, con el remanente de un régimen popularmente rechazado intentando aferrarse desesperadamente al poder y una transición incierta y todavía por construirse, la atención suele centrarse en los gobiernos de Trump y de los Rodríguez, en las posibles negociaciones a la sombra o en la presión internacional. Sin embargo, la literatura politológica es clara en que existe un actor silencioso pero fundamental sin el cual pocas transiciones logran consolidarse y es la sociedad civil organizada.
Desde los sindicatos polacos de “Solidaridad” hasta las organizaciones de derechos humanos en Túnez, la historia reciente demuestra que los movimientos ciudadanos no sólo ayudan a superar regímenes autoritarios, sino que son el andamiaje sobre el que se construye una democracia funcional.
Y esto es así porque si algo ha demostrado la experiencia histórica es que la sociedad civil no es un mero espectador ni un convidado de piedra en las transiciones. Sin instancias de diálogo ciudadano, monitoreo de acuerdos o educación cívica desde abajo, cualquier cambio de régimen corre el riesgo de quedarse en una simple rotación de élites o en una transición fallida, porque las organizaciones de la sociedad civil funcionan de hecho como el tejido conectivo entre las aspiraciones populares y las instancias de decisión política, y es el actor que otorga al final tanto la legitimidad como la viabilidad practica a cualquier diseño de transición política.
Al analizar los ejemplos de transiciones a la democracia exitosas en el mundo, se identifica cómo las organizaciones civiles cumplen al menos cinco funciones concretas e irremplazables para impedir que un cambio de régimen derive en una democracia débil, una reversión autoritaria o un colapso institucional.
La primera es ejercer una labor de pedagogía democrática y empoderamiento cívico. Importantes sectores de una población sometida a cinco largos lustros de autoritarismo político pueden desconocer, en gran medida, cómo funcionan en verdad los mecanismos democráticos, especialmente en materia de participación no tutelada y de defensa de sus derechos humanos fundamentales. En este aspecto, la sociedad civil debe asumir un rol educativo masivo y descentralizado. ¿Qué implica esto en la práctica? Desde talleres en sectores populares sobre sus derechos democráticos y cómo exigir su cumplimiento, hasta la creación de “escuelas abiertas de participación, reconciliación y democracia” en sindicatos, universidades, parroquias y centros vecinales, pasando por la elaboración de guías ciudadanas sobre la necesidad de acuerdos e identificación de consensos, y por el necesario monitoreo electoral con observadores capacitados localmente.
Una segunda función es la de mediación. Las transiciones suelen ocurrir en climas de desconfianza mutua entre el viejo régimen, la oposición emergente y los movimientos populares. La sociedad civil organizada puede facilitar espacios de diálogo que destraben conflictos críticos. Así, por ejemplo, sectores civiles organizados pueden convocar a fuerzas políticas antagónicas –no solamente de gobierno y oposición, sino entre la diversidad de fuerzas de estos últimos- a espacios de confianza, como lo pueden ser las universidades o la Iglesia, para encontrarse e identificar elementos comunes que puedan eventualmente servir de base para acuerdos mínimos sobre reglas electorales, reformas institucionales, garantías para las partes y, en general, para viabilizar una transición democrática. En Libia (2011), la ausencia de una sociedad civil con capacidad de mediación, por décadas de represión totalitaria, dejó el espacio de diálogo vacío que fue finalmente ocupado por milicias armadas con intereses regionales. El resultado no fue otro que guerra civil y fragmentación social.
Si bien el tutor externo ha hablado de tres fases en su plan para con Venezuela, nadie tiene claro en que consiste y cuáles son las características de la última etapa de ese plan: la eventual transición política. Aquí la sociedad civil no sólo no puede reducir su papel a mero espectador pasivo de las decisiones de otros, sino que tampoco debe limitarse a presentar opiniones en consultas simbólicas o reuniones “cívicas” de salón. Su rol –y en esto consiste su tercera función- debe ser vinculante y propositivamediante, por ejemplo, espacios deliberativos paralelos que generen insumos para un acuerdo político que vaya más allá de los dos actores de poder, iniciativas populares sobre las reformas institucionales necesarias y sobre qué debe incluir una transición, y veedurías ciudadanas para hacer seguimiento a lo que decidan las administraciones de Trump y de los Rodríguez, con alertas tempranas sobre posibles retrocesos y exclusiones democráticas.
Una cuarta función es la de contención social y gestión de expectativas. La posibilidad de una transición genera lógicamente esperanzas y expectativas. La ciudadanía que ha sufrido por largo tiempo los azotes de la pobreza y la represión sistemática, espera por supuesto cambios inmediatos. Cuando esos cambios no llegan, el desencanto puede abrir puertas, o bien a una frustración paralizante o a la aparición, por desesperación, de nuevos populismos autoritarios. Aquí, la sociedad civil cumple un rol realista pero movilizador, que insista en la demanda sistemática y exigencia permanente de los cambios necesarios, pero sin caer en la alimentación de expectativas tan irreales que sólo conduzcan a la frustración. Por ejemplo, diseñar y propiciar canales no violentos de protesta, que incluyen organizar marchas, petitorios y cabildos abiertos para encauzar la indignación sin caer en la desestabilización; diseñar mecanismos de docencia social para la gestión inteligente de expectativas y exigencias, y prevenir la peligrosa nostalgia autoritaria, mediante la denuncia y el combate a la narrativa que vende la eficacia o inevitabilidad de las soluciones por la fuerza.
Y una quinta función, aunque no última, de los sectores organizados de la sociedad civil, tiene que ver con la necesaria vigilancia de los acuerdos de transición y la defensa anticiclica de los riesgos de reversión autoritaria. Por lo general, una democracia recién nacida es frágil. Sectores del antiguo régimen suelen operar desde las sombras generando debilidades en el nuevo modelo, y nuevos gobiernos pueden caer en la tentación de justificar prácticas autoritarias “por la vía democrática” (cierre de medios, persecución a opositores, control judicial) como excusa para su sostenibilidad. La sociedad civil debe ante estos riesgos transformarse en perro guardián permanente, para lo cual su fortaleza, organización, cohesión de fines y coordinación de acciones son condiciones ineludibles.
Mientras la atención sigue centrada casi exclusivamente en lo que ocurre en la Casa Blanca y en el Palacio de Miraflores, la historia y la literatura especializada insisten en alertarnos sobre un elemento clave en la ecuación: los autoritarismos pueden caer por inviabilidad o por presiones externas, pero sólo la sociedad civil organizada puede asegurar que no vuelvan a levantarse, y más importante aún, puede garantizar que lo que viene después sea una auténtica transición y no sólo una mera normalización económica sin justicia social ni democratización política.
@angeloropeza182
