Transiciones no exportables
Quien equipara la transición chilena con la venezolana desconoce que las transiciones no se exportan como modelos técnicos: emergen de historias institucionales, culturas socio-políticas y correlaciones de fuerza específicas.
Chile estructuró su vida republicana sobre 3 constituciones claramente duraderas —la de 1833 (jurada el 25 de mayo de 1833), la de 1925 (promulgada el 18 de septiembre de 1925) y la de 1980 (aprobada el 11 de septiembre de 1980)—; Venezuela, en cambio, ha tenido 27 constituciones diferentes a lo largo de su historia republicana. En Chile, desde el siglo XIX hasta la actualidad, solo pueden identificarse dos interrupciones dictatoriales claras —la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927–1931) y la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet (1973–1990)—; en Venezuela, antes de 1961, hubo más de 40 mandatos presidenciales que no surgieron de elecciones populares competidas, entre golpes de Estado, designaciones congresionales cerradas y gobiernos de facto. La diferencia no es retórica ni ideológica: es cuantitativa, estructural y verificable. Comparar ambos procesos como si partieran del mismo suelo histórico es desconocer la densidad institucional de uno y la inestabilidad crónica del otro. Ello no significa que la historia chilena haya sido lineal ni exenta de rupturas profundas; significa que incluso sus quiebres ocurrieron sobre una matriz institucional relativamente consolidada.
Dos proyectos de sociedad
En Chile, la transición de 1988-1990 fue posible porque existían dos modelos de sociedad claramente definidos y reconocibles: quienes apoyaban a Pinochet defendían autoridad fuerte, centralidad de la propiedad privada y desmovilización política; quienes respaldaban la apertura democrática con Aylwin y luego Lagos promovían soberanía electoral, pluralismo e institucionalidad republicana. Esta claridad se apoyaba en una subjetividad política históricamente formada: ciudadanía jerarquizada, orden estatal fuerte, y articulación entre propiedad, familia, ejército (con estructura y práctica del modelo prusiano) y educación como dispositivos que formaban al sujeto colectivo. Incluso cuando el orden se tensionó con la elección de Salvador Allende en 1970, primera en que votaron todos los ciudadanos sin requisito de alfabetización, la disputa era entre proyectos nacionales definidos, no improvisaciones ni agendas externas. Aunque existiera apoyo internacional y los intereses de Estados Unidos estuvieran presentes, la transición fue posible porque se negociaron racionalidades internas con base social e histórica, no por delegación ni imposición externa.
Decisiones desde fuera
Lo que sucede en Venezuela es que las decisiones estratégicas que definen el horizonte político, como la política petrolera, no se toman pensando en el interés nacional a largo plazo, sino que responden a agendas externas —particularmente al gobierno de Trump—, subordinadas al calendario de su presidencia y a sus objetivos globales. En paralelo, medidas como la ley de amnistía reflejan demandas legítimas de la sociedad venezolana y un mínimo de condición democrática, aunque su implementación sigue condicionada por dinámicas externas, no por voluntad autónoma del país.
Transición no es elección
La confusión en Venezuela nace de equiparar transición con elección. Cuando todo se reduce a esta última, proliferan palabras como libertad, bienestar, paz, reconciliación, transformación, productividad o la genérica democracia: vocablos invocados sin densidad ni programa. De allí que tanto el régimen como la resistencia concentren sus energías en procedimientos internos como plan de trabajo —cambiar autoridades electorales, designar fiscales o defensores—; pero reinstitucionalizar (paso necesario) sin deliberar sobre fines y contenidos termina siendo una colcha de retazos. La política pierde sustancia y, entonces, parece que todos coinciden con el plan estadounidense, el régimen y los líderes de la resistencia (estabilización, recuperación y transición); entonces, lo decisivo es quién se alía con quién, quién es amigo o enemigo, quién traiciona y quién ocupa qué cargo. Trivialidades; pura escasez de discusión política. Venezuela actúa como quien repara una casa con materiales dispersos: la estructura permanece inestable y puede ceder en cualquier momento, como un rancho levantado sin planos ni cimientos.
Un Estado cívico-militar
La ausencia de pensamiento político se refleja en la falta de deliberación sobre la verdadera naturaleza del Estado venezolano, que no es solo civil sino cívico-militar y policial, articulado además sobre una economía hipercentralizada donde la renta y los sectores estratégicos son administrados discrecionalmente desde el poder. En esa arquitectura, la FANB no actúa como fuerza subordinada al poder civil, sino como actor pretoriano, estructurado en función de lealtades: árbitro y garante último del orden político, con capacidad de decidir su continuidad. Es poder efectivo en las armas, en la economía y en la política. Independientemente de la orientación política de los líderes civiles, cualquier proyecto de transición que no coloque la reforma de esta estructura como eje central difícilmente podrá garantizar estabilidad y soberanía efectiva, porque el poder decisorio real no reside exclusivamente en autoridades civiles elegidas o designadas, sino en una élite militarizada que gestiona coerción y renta. Mientras esa estructura conserve el control concentrado de ambos resortes, toda alternancia operará dentro de límites severos y permanecerá estructuralmente condicionada.
Poder militar
Las fuerzas armadas controlan directamente empresas y corporaciones como la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (BANFANB), la Empresa Militar de Transporte (EMILTRA), la Empresa de Sistema de Comunicaciones de la FANB (EMCOFANB), TVFANB y Tiuna FM, AGROFANB, Constructora FANB, Seguros Horizonte, EMSOVEN y otras entidades empresariales estatales bajo gestión castrense o con estructuras de mando militar —presencia que se extiende también a puertos, aduanas, centros de distribución y misiones de abastecimiento—. A esta inserción directa en la economía formal se suma la práctica de los ilegalismos como modalidad cotidiana de ejercicio del poder. En conjunto, esta estructura demuestra que la FANB no solo posee el monopolio de la fuerza, sino que también actúa como un actor económico dominante que condiciona la vida política y social del país.
Desmilitarizar el Estado y la sociedad
En Venezuela no existe una organización política estructurada que represente de manera estable a la sociedad civil y a sus diversos sectores, capaz de articular demandas sociales, deliberar fines y proponer un proyecto de país. Aunque líderes individuales movilicen simpatías masivas (70 % en las encuestas), carecen de estructura orgánica que pueda gobernar y confrontar al poder real. Sin esta organización que traduzca aspiraciones en acción política sustentada, el nudo del poder militarizado no podrá desatarse. Cualquier intento de transición que no coloque la desmilitarización del Estado y de la sociedad como eje central seguirá siendo limitado; la inestabilidad estructural y los ciclos de arbitrariedad permanecerán.
La degradación del debate
Mientras tanto, la ciudadanía, especialmente en redes y podcast, reemplaza la deliberación sobre ideas por ataques personales, descalificaciones y conspiraciones sobre amistades y reuniones de líderes: una orgía autodestructiva que aparenta participación, pero consume la posibilidad de pensar juntos y construir algo estable. Venezuela sufre así no solo por la subordinación a agendas externas y por procedimientos vacíos de contenido, sino por la ausencia de pensamiento político capaz de orientar aspiraciones en proyectos concretos y de desatar ese nudo que mantiene militarizada la vida del país.
Pensamiento organizado o deterioro e inestabilidad
El problema venezolano no es solo de gobierno: es de estructura y de conciencia colectiva. Sin reconstrucción deliberativa —en universidades, gremios, partidos y espacios públicos reales— y sin organización representativa no habrá transición, sino administración del deterioro. Mientras el poder efectivo permanezca militarizado y la política se reduzca a rituales procedimentales, alternancias sin horizonte y lealtades personales, toda mutación será apenas cosmética y, por ello, reversible. La transición, si ha de existir, nacerá de pensamiento organizado y de la disputa consciente del poder real. Y eso no se improvisa.
Profesor universitario.
