Uno de los paraísos del capitalismo en su estado extremo tiene su sede: Argentina. No es el único emplazamiento, pero sin duda constituye una muestra muy elocuente de este neocapitalismo, bautizado como anarcocapitalismo, en el que se critica la intervención del Estado en economía, pero se recurre a ese Estado para todo lo que se adscriba a negociaciones de carácter privado. Lo estamos viendo también en Estados Unidos, con la administración Trump. El planteamiento económico de Javier Milei es claro: él ha manifestado reiteradamente su admiración por los economistas austríacos y en particular por Friedrich Hayek. En un estudio publicado en 1931 (Precios y producción, este es el título), Hayek seguía defendiendo los preceptos básicos del patrón-oro, cuyas reglas, aplicadas a una economía en depresión a raíz del crac de 1929, demostraban un fracaso estrepitoso. La intervención pública no se contempla en ese análisis, y debe ser un mercado sin cortapisas lo que facilite el crecimiento de la economía, bajo la única vigilancia de la autoridad monetaria. En tal sentido, no ha lugar a una inversión pública que pueda generar déficit público, al tiempo que se contempla el salario como un precio más con el que “jugar”.
Ambos elementos derivados de los preceptos de Hayek, la reducción del gasto público en coyunturas de crisis y el recorte de prestaciones salariales y sociales, conforman un binomio clave en la política económica argentina actual. En tal aspecto, las propuestas de Milei son extremas: elevar la jornada laboral a 12 horas; establecer un “salario dinámico” –que puede también ser devengado en especie– y que, a su vez, se pueda bajar si la empresa considera que se ha reducido la productividad; no abonar las horas extras; facilitar al máximo el despido sin indemnización; que las empresas puedan elegir las vacaciones de sus trabajadores; y que, en fin, las bajas laborales se costeen en un mínimo del 50% entre trabajadores y empresarios, conforman un paquete de factores de carácter regresivo, con un claro desenlace: el aumento de la explotación. Y con otra derivada: el retroceso de las conquistas sociales y laborales históricas.
La base de ese modelo argentino, que en España se observa con interés por parte de la extrema derecha y de gobiernos autonómicos –el de Madrid sería el más representativo–, promueve la destrucción gradual pero inexorable de la economía pública, la privatización de los servicios esenciales –sanidad y educación– y el apoyo a las iniciativas privadas con capital público que se detrae de asignaciones presupuestarias que deberían canalizarse hacia hospitales, universidades, escuelas y servicios sociales. Todo invocando la libertad. Sería muy positivo que la población supiera qué se esconde tras soflamas como el enaltecimiento de una libertad sin que se cualifique, o sobre encendidas diatribas a favor de una patria cuyo contenido real debe rellenarse, más allá de las banderas u otros utensilios. El espejo argentino puede ser útil para saber lo que nos espera si triunfan las opciones que lo defienden.
