Venezuela no produce petróleo como antes, no produce instituciones desde hace mucho y no produce confianza desde hace un cuarto de siglo. Pero sí produce algo con notable eficiencia: deuda impaga. Miles de millones de dólares en bonos en default circulan hoy por los mercados internacionales como piezas de una herencia maldita que todos reclaman y nadie puede cobrar.
Un reciente reportaje de CNBC detalla cómo los tenedores de deuda venezolana —fondos especializados en activos en dificultades, los llamados distressed debt funds— hacen fila para un eventual reparto que, por ahora, solo existe en el terreno de la especulación. Son los buitres de manual: compran barato lo que otros consideran irrecuperable y esperan, con paciencia jurídica y apetito financiero, el día en que el cadáver se convierta en botín.
El monto es colosal. Se habla de más de 150 mil millones de dólares entre bonos soberanos, deuda de PDVSA, laudos arbitrales y reclamaciones varias. Una montaña de papel que refleja no solo la quiebra financiera del Estado venezolano, sino la quiebra moral de un proyecto político que hipotecó el país para financiar su permanencia en el poder.
Pero el asunto no es solo contable. Es geopolítico.
En el universo de la deuda venezolana coexisten actores muy distintos: fondos de inversión estadounidenses, acreedores chinos y rusos, empresas expropiadas que ganaron arbitrajes internacionales, y hasta particulares que compraron bonos en tiempos de bonanza petrolera creyendo que el “riesgo país” era una exageración académica.
Esperan un cambio político que permita una reestructuración ordenada. Esperan el levantamiento de sanciones que hoy impiden negociar libremente esos títulos. Esperan que algún gobierno futuro reconozca, renegocie y pague.
Venezuela tiene una industria petrolera devastada, una economía enana respecto a la que alguna vez fue, y compromisos acumulados que harían sudar a cualquier ministro de Finanzas con vocación suicida. Pensar que el país podrá honrar íntegramente esa deuda es, por decirlo con elegancia, una fantasía contable.
En los procesos clásicos de reestructuración soberana —Argentina es el ejemplo inevitable— los acreedores aceptan quitas severas a cambio de recuperar algo. Aquí la quita no sería un gesto técnico, sino una necesidad estructural. El país simplemente no tiene cómo pagar.
El chavismo utilizó la deuda como instrumento de poder. Emitió bonos para financiar gasto corriente, sostuvo subsidios inviables y alimentó una red clientelar que garantizara lealtades. PDVSA fue convertida en caja chica ideológica y en garantía de compromisos que hipotecaron hasta las refinerías en el exterior.
El caso de CITGO es paradigmático: acciones comprometidas como colateral, litigios abiertos, acreedores que litigan en tribunales estadounidenses esperando quedarse con activos estratégicos. No es una metáfora: la soberanía terminó convertida en garantía prendaria.
Paradójicamente, el mismo régimen que denuncia al “imperialismo financiero” dejó al país a merced de los tribunales de Nueva York y Delaware. La retórica antiimperialista fue siempre más sonora que coherente.
Los fondos que hoy compran bonos venezolanos a precios de remate no lo hacen por romanticismo caribeño. Apuestan a un escenario de transición política que abra la puerta a una gran negociación. En ese momento, quien tenga títulos acumulados tendrá asiento en la mesa.
Es una apuesta racional. Pero también revela algo más profundo: el mercado internacional da por descontado que el modelo chavista es económicamente inviable en el largo plazo. Nadie compra deuda para cobrarle a Maduro; compran para cobrarle al país que venga después.
Y allí aparece una ironía cruel: el eventual gobierno de transición heredaría no solo un Estado colapsado, sino una cuenta gigantesca que otros contrajeron. Gobernar sería, en buena medida, administrar ruinas y negociar con acreedores impacientes.
No sería la épica refundacional que algunos imaginan, sino una larga y árida conversación con abogados y fondos de inversión.
Es fácil caricaturizar a los fondos de deuda como aves de rapiña. Pero conviene no perder perspectiva. Los buitres no crean el cadáver; se alimentan de él. La responsabilidad primaria de esta debacle es interna, profundamente interna.
Durante años se emitieron bonos con tasas exorbitantes porque el riesgo era evidente. Muchos advirtieron que ese endeudamiento era insostenible. Se les llamó agoreros. Hoy los números hablan con una elocuencia brutal.
Venezuela no solo deberá reconstruir su economía; deberá reconstruir su credibilidad. Y eso no se logra con consignas ni con decretos. Se logra con instituciones, transparencia y disciplina fiscal. Tres palabras que el chavismo trató como enemigos ideológicos.
El mercado ya hizo su diagnóstico. Compra barato hoy lo que espera que mañana valga algo bajo otro gobierno. Es una forma fría, casi cínica, de tener fe en el cambio.
La pregunta, sin embargo, sigue flotando como una deuda moral más que financiera: ¿habrá país capaz de pagar no solo lo que debe en dólares, sino lo que debe en confianza?
Porque de eso, al final, depende todo. Y eso no cotiza en Wall Street.
Maestría en Negociación y Conflicto – California State University – @humbertotweets – +1 (407) 221-4603.
