La clave en el combate a la pobreza.
Hay un secreto encubierto o ignorado por los sectores que han tenido responsabilidad en el desarrollo económico del país en las últimas décadas, en la formulación de estrategias del combate contra la pobreza y la extinción del hambre que está afectando a una gran proporción de las nuevas generaciones, infancia y juventud que ya muestra signos de deterioro por la crisis alimentaria que ha atravesado Venezuela y es la importancia irremplazable de la agricultura familiar.Se ha ignorado que las explotaciones de agricultura familiar representan más de 90% de todas las explotaciones agrícolas del planeta y producen 80% de los alimentos del mundo en términos de valor. La agricultura familiar se refiere a todos los tipos de modelos de producción familiar, agrícola, forestal, pastoral y acuícola. Hay aproximadamente 608 millones de explotaciones agrícolas en el mundo. 95% de las explotaciones familiares tiene una superficie inferior a 5 hectáreas.
Las empresas de la agricultura familiar forman parte de los principales impulsores del desarrollo sostenible, incluyendo la erradicación del hambre y todas las formas de malnutrición, condiciones que le otorgan un papel decisivo en la garantía de seguridad alimentaria mundial.
A partir del año 2000 la gran preocupación de la dirigencia venezolana en el poder se afincó con gran énfasis en el cambio de las relaciones de propiedad en el mundo rural, con este fin se expropiaron más de 6 millones de hectáreas de fincas productivas que fueron arrasadas, destruida su capacidad de generar alimentos y empleos que respondiera a los requerimientos económicos, alimentarios y nutricionales de la población. Acción política contra las grandes empresas que impactó y destruyó empresas medianas y la agricultura familiar, para las hordas invasoras no tenía importancia el tamaño de la explotación, eran solo presas a ser despojadas. Estas políticas tuvieron dos efectos visibles inmediatos, aumentar la miseria en el medio rural y las hambrunas en los sectores urbanos. Esta política contra la propiedad agrícola tuvo un claro origen ideológico, era cambiar las relaciones entre productores y trabajadores acabando con el derecho de propiedad establecido en la Constitución nacional vigente, en principio enfilada contra grandes productores, pero arrastrando en su violencia a medianos y a gran parte de la agricultura familiar. Las oficinas locales del Ministerio de Agricultura se convirtieron en la sede para imponer listas de expropiación, entregadas a invasores irresponsables, sin importar tamaño ni tipo de empresa ya sea familiar, mediana o grande.
El saldo de este proceso de destrucción de la propiedad fue claro, más pobreza, explosión de una desnutrición que marcaba el futuro de las nuevas generaciones, fomento del éxodo masivo hacia otros países de gran parte de los agricultores y aumento de la marginalidad urbana por la inseguridad existente en el medio rural: invasiones, robo de implementos agrícolas, inseguridad y con ello la destrucción de fuentes de trabajo tradicionales. En respuesta a esta crisis se implementaron medidas de emergencia que implicaban la necesidad de desviar recursos que podían ser utilizados en mejorar la educación y los servicios de agua y electricidad de nuestros pueblos; destinados ahora a la importación de alimentos de países vecinos, entre ellos México y Colombia. El régimen en el poder ante la crisis en el mundo rural derivado de la violencia de los procesos de expropiación que enfrentaba a trabajadores con sus patronos en los sectores productivos -estos últimos en clara desventaja por la utilización de las fuerzas armadas en los procesos expropiatorios contra el empresariado rural- ante estas circunstancias el gobierno en el poder se ve forzado a crear programas de índole alimentario para apaciguar la magnitud de la crisis social que envolvía a más de 80% de los venezolanos. Se crean las operaciones de ayuda alimentaria, entrega de bolsas de alimentos para la población afectada en su gran mayoría por la pérdida de sus ocupaciones tradicionales como agricultores. Pdvsa, la matriz petrolera, es involucrada en esta tarea de reparto populista. Este reparto de bolsas de alimentos con un carácter puramente paliativo, no se convierte en instrumento generador de actividad económica, como sí lo es la agricultura familiar, sólo es una medida directa para intentar favorecer el consumo de los sectores mayoritarios en situación de pobreza extrema. Tras este objetivo se crea un Ministerio de la Alimentación en septiembre de 2004, su principal objetivo es “velar por el cumplimiento al acceso a la canasta alimentaria y manejar el mercado relacionado con la entrega de bolsas de alimentos a la población, constituido como base ideológica de la seguridad alimentaria del país”.
En síntesis, se podría concluir que al desatar la guerra contra la propiedad se destruye la base nacional productora de alimentos, se propicia el éxodo rural hacia las principales ciudades del país, se fomenta los cinturones de miseria alrededor de estas, conformada por sectores cuya única experiencia laboral era su participación en labores agrícolas y pecuarias.
Ante esta situación la salida claramente establecida era utilizar parte de los recursos generados por el petróleo en la importación de alimentos y crear instituciones como el Ministerio de la Alimentación ocupado de los menesteres del comercio y manejo económico de los alimentos con los cuales se intentaría paliar la crisis alimentaria-nutricional del país.
Hoy, en 2025, estamos ante una amarga situación que obliga reconocer que las políticas expropiatorias tuvieron el funesto resultado de aumentar la marginalidad urbana irresoluble, acrecentar la pobreza y la desnutrición, al vaciar el campo venezolano de oportunidades de empleo y eliminar además un componente fundamental de los procesos alimentarios en el mundo como son los extensos grupos de agricultores familiares que constituían la principal fuente de ingreso en 17 de las 24 entidades federales más el Distrito Capital, que suman 25 en total. Además de reforzar la cruel diáspora de trabajadores hacia países donde la recepción ha sido muy dura y hostil.
Hoy podemos ver con claridad que la principal vía para revertir la destrucción de la ruralidad venezolana es un renacimiento poderoso de la agricultura familiar capaz de aportar los alimentos que requiere la población venezolana y proporcionar el ingreso de las familias ocupadas en este sector agrícola, es decir, la amplia mayoría de la población rural que ocupa más de 70% del territorio. Podría además aliviar las duras condiciones de la población que vive en las áreas marginales de la ciudad carentes en su mayoría de servicios públicos agua, electricidad, aseo urbano y seguridad familiar por residir en zonas caracterizadas por su alta peligrosidad, facilitando un posible y optimista retorno al campo.
Es seguro que las empresas grandes que han subsistido estas últimas décadas tendrán nuevas oportunidades de crecimiento y expansión, pero también es una realidad inocultable que la más eficiente medida contra la pobreza y la desnutrición es el fomento como lineamiento de nuestro Plan País del apoyo a la agricultura familiar generadora de alimentos, de bienes semiindustrializados y de oportunidades de empleo para amplios sectores de trabajadores hoy parte de una triste diáspora.
La más eficiente medida para acabar con la desnutrición que afecta sobre todo a nuestra población infantil y juvenil no es el reparto de comida importada, ni de bolsas con dudosa calidad de alimentos, está muy claro hoy que debe ser el fomento y expansión de una agricultura familiar como gran política de desarrollo rural por una mejor Venezuela.
