Durante los primeros cuatro meses de 2025, 66 ciudadanos noruegos se reunieron para debatir cómo la inmensa riqueza petrolera de Noruega puede servir mejor a las generaciones presentes y futuras, tanto a nivel nacional como global. A diferencia del proceso tradicional de formulación de políticas, en el que los funcionarios electos y los expertos toman las decisiones, este llamado Panel del Futuro –el segundo de este tipo celebrado en Noruega– permitió que ciudadanos comunes, seleccionados mediante un proceso representativo y dotados del conocimiento necesario, elaboraran recomendaciones mediante un debate informado.
Al adoptar un modelo más radical de democracia deliberativa, centrado en el bien colectivo a largo plazo en lugar de intereses políticos a corto plazo, Noruega está marcando un precedente para otros países. Quizá aún más importante, al presentar sus recomendaciones al parlamento noruego el 13 de mayo, el Panel del Futuro exigió formalmente un marco legal –incluido un comisionado dedicado– para proteger a las futuras generaciones. Si se aprueba, esto demostraría que la acción ciudadana puede provocar un cambio de paradigma en la gobernanza.
Experimenté personalmente el potencial de este cambio como la primera Comisionada para las Generaciones Futuras de Gales, que aprobó la Ley del Bienestar de las Generaciones Futuras en 2015. Esta ley exige a los organismos públicos considerar las consecuencias a largo plazo de sus decisiones, garantizando que la sostenibilidad y la justicia intergeneracional estén integradas en la formulación de políticas.
La ley fue el resultado de un año de conversación nacional, otro proceso de democracia deliberativa. En 2014, el gobierno galés pidió a sus ciudadanos que debatieran qué tipo de país querían dejar a sus hijos y nietos. Sus respuestas ayudaron a definir los siete objetivos de bienestar a largo plazo de la legislación, que sirven como guía para los responsables de políticas.
El impulso para este tipo de legislación está creciendo a nivel global. En septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una Declaración sobre las Generaciones Futuras que alienta a los gobiernos a institucionalizar el pensamiento a largo plazo.
La oportunidad de Noruega de hacerlo podría resultar especialmente trascendental debido a su fondo soberano de petróleo, valorado en 1,8 billones de dólares. A medida que se acelera el cambio climático y se profundiza la incertidumbre económica, Noruega debe desarrollar una nueva visión de gestión financiera que ayude a preservar el bienestar del planeta y de la sociedad.
Ante todo, como uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, Noruega debe enfrentarse a su dependencia de los combustibles fósiles. Si bien el país ha asumido compromisos climáticos ambiciosos, incluidos los de alcanzar emisiones netas cero para 2050, continúa expandiendo la exploración petrolera, a pesar del llamado global a una reducción controlada de la producción de combustibles fósiles y de la vulnerabilidad de sus ecosistemas prístinos –desde la tundra ártica hasta los vastos fiordos– a la degradación ambiental. Noruega también enfrenta el reto de avanzar hacia una economía post-petróleo en medio de la transición a las energías renovables. Para mitigar el costo de los activos varados, proteger a los trabajadores y garantizar una transición justa, el país deberá diversificar con cuidado.
Una ley noruega para las generaciones futuras basada en el modelo galés integraría la responsabilidad intergeneracional en las decisiones de política, asegurando que el gobierno busque equilibrar el bienestar social, económico, ambiental y cultural de las generaciones presentes y futuras. Como parte de ese proceso, un comisionado para las generaciones futuras podría actuar como defensor independiente, señalando medidas que contradigan el objetivo de la ley y haciendo responsables a los líderes políticos de mantener el equilibrio entre el corto y el largo plazo.
Muchos de los desafíos actuales dan cuenta de las graves consecuencias de no planificar para el futuro. Desde el cambio climático hasta los cambios demográficos, estos problemas interconectados suelen ser consecuencia de decisiones cortoplacistas y de una ceguera deliberada ante los datos y tendencias sólidas. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando la población envejecida de Noruega tenga dificultades para adaptarse a temperaturas más altas, lo que aumentará aún más la presión sobre su ya saturado sistema de salud?
Pero pensar a largo plazo no se trata solo de prevenir problemas. También implica trabajar por un futuro mejor y más esperanzador. El modelo galés, por ejemplo, ha proporcionado al gobierno y a las instituciones públicas una visión que busca trascender los ciclos políticos. Desde que se adoptó una perspectiva más orientada al futuro, los responsables de políticas han priorizado la inversión en transporte público por sobre la construcción de carreteras; se han enfocado en mantener a las personas saludables en lugar de solo tratar enfermedades; e incluso han revivido el galés, una lengua que estuvo en peligro de extinción.
El Panel del Futuro de Noruega ya se ha expresado, y ahora el gobierno se encuentra en una encrucijada. ¿Se convertirá en un líder global en planificación de políticas a largo plazo, garantizando que su riqueza petrolera beneficie a las generaciones venideras? ¿O tomará decisiones basadas únicamente en consideraciones a corto plazo, perpetuando crisis que los ciudadanos del futuro tendrán que resolver? Si desea respetar la voluntad de sus ciudadanos, Noruega debe asumir la responsabilidad de ayudar a crear un mundo que mejore el bienestar humano y la equidad.
Fue la primera comisionada para las Generaciones Futuras de Gales.
