El próximo mes de junio delegaciones de personas trabajadoras, empleadoras y gobiernos de los 187 Estados Miembros de la OIT, celebrarán en Ginebra la 113ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Si las Conferencias Internacionales de la OIT constituyen en sí mismas hitos esenciales en el avance de los derechos de las personas trabajadoras, en esta ocasión y en el actual contexto mundial la Conferencia cobra una especial relevancia.
Abordar los retos del mundo del trabajo para avanzar en justicia social y promover el trabajo decente desde el tripartismo y el diálogo social es clave en la actual encrucijada.
Entre los documentos de la Conferencia, en concreto en la Memoria del Director General de la OIT, “Empleo, derechos y crecimiento: fortalecer el nexo” se reafirma la idea de que la justicia social depende del fortalecimiento de la relación entre el empleo, los derechos y el crecimiento. También se argumenta, en el prefacio de la misma, que esa profunda relación se apoya en valores e instituciones democráticos, que son los que aseguran la rendición de cuentas, la participación, la equidad, y lo que es crucial, la participación democrática.
Se reitera la importancia del diálogo social, como el lugar donde se sustancian esos valores y el espacio que permite expresar las opiniones sobre las cuestiones que importan e idear las soluciones que definirán el futuro colectivo.
Define el autor de la Memoria como un “tiempo de descontento” el nuevo período de turbulencias e incertidumbres que enfrenta el mundo y pone el acento en cómo los resultados de las elecciones en todo el mundo son un serio recordatorio en cuanto a las graves consecuencias que está suponiendo el retrasar las medidas de alivio de las dificultades cotidianas que enfrenta la población.
Recuerda, asimismo, cómo la historia nos enseña que las brechas económicas y sociales llevan inevitablemente a una polarización política que, a su vez, amenaza los propios cimientos de las sociedades democráticas y de la prosperidad compartida.
Se pregunta, cómo podemos asegurarnos que el crecimiento económico genere más y mejores empleos, reforzando al mismo tiempo derechos laborales para todos y para todas.
No obvia que, si bien el crecimiento, es ampliamente considerado como una condición necesaria para crear empleo, nunca ha sido suficiente por sí solo. De hecho, señala, cómo el crecimiento puede ser un arma de doble filo, en cuanto a que en ocasiones exacerba las desigualdades, daña el medio ambiente, debilita a las comunidades e incluso socava la democracia y los derechos laborales.
Reivindica que ello no tiene por qué ser así y que, si bien, nunca ha sido fácil establecer un nexo positivo entre el empleo, los derechos y el crecimiento, es perfectamente posible transformar ese “trilema” en un “trinomio” dinámico, de manera que sus tres elementos se refuercen mutuamente. Para ello, lógicamente se requieren políticas, instituciones, recursos, diálogo y voluntad política adecuados.
En este sentido y con toda la humildad requerida, creo que la Conferencia debe ser un buen momento para poner de manifiesto que la denominada, en el ámbito europeo, “excepción española” en cuanto a las previsiones de crecimiento, representa un vivo ejemplo acerca de cómo es posible y necesario ese refuerzo entre empleo, derechos y crecimiento.
La recuperación de derechos laborales y sociales promovida por las políticas públicas desplegadas por el Gobierno de España en los últimos años, está arrojando resultados tan positivos en materia de empleo y de crecimiento, el diálogo social, la política energética y la incorporación laboral de las personas trabajadoras migrantes, se configuran así como elementos estratégicos, siendo que España es la economía de la OCDE que más crece en 2024, batiendo el récord de población ocupada con 21.823.000 personas trabajadoras, de las cuales más de 4,5 millones son personas trabajadoras de nacionalidad extranjera y de doble nacionalidad.
Lograr la justicia social, como señala la Memoria mencionada, nos compete a todos, a nivel individual, nacional y mundial.
Aportar nuestra experiencia contribuyendo al reto que se propone en la Conferencia para fortalecer la Coalición Mundial para la Justicia Social y reconocer la aportación de la gente común en la construcción y fortalecimiento de la democracia es una de las tareas centrales esenciales, tanto para nuestro Gobierno como para los interlocutores sociales.
