Hambre en Venezuela.
El gobierno de Nicolás Maduro detuvo arbitrariamente a 120 líderes sindicales entre 2013 y 2023, dice informe de la ONG Provea. En 10 años del presidente obrero, los trabajadores cayeron en la precariedad.
En este periodo, 120 dirigentes sindicales han sido detenidos y 3.479 trabajadores amenazados por levantar la voz, y hasta por actualizar sus estados de Whatsapp, dijo el coordinador general de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, durante presentación del informe este 30 de abril en Caracas.
Asimismo, dijo que esa es la realidad actual de muchos de los empleados públicos y de empresas estratégicas de Venezuela, donde hay una sistemática persecución.
27.000 protestas por derechos laborales, bajo Maduro
Provea, de acuerdo a su informe, documentó, al menos, 27.000 protestas por reivindicaciones laborales entre 2013 y 2023. Sostuvo que la situación de los derechos laborales en la nación caribeña sigue signada por la pérdida de la capacidad adquisitiva, la precariedad y el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores venezolanos.
Durante 2023, prosiguió, el Gobierno venezolano no decretó un aumento de salario y continuó con su política de bonificaciones sin incidencia en las prestaciones sociales, pensiones u otros beneficios.
La desigualdad en todas sus formas se afianzó como una constante de la realidad venezolana, afectando principalmente a los sectores vulnerables: mujeres, jubilados, niños, niñas y adolescentes, añadió.
Ante esto, Provea pidió al Gobierno tomar medidas eficaces y urgentes contra la pérdida del poder adquisitivo del salario, corrigiendo las políticas lesivas al derecho a un salario suficiente que afecten la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales de los trabajadores.
Salario y pensión de 3,5 dólares mensuales
Igualmente, exigió que se respeten los derechos colectivos del trabajo, en especial, el derecho a la negociación colectiva, de huelga, manifestación pacífica, así como el de libertad de asociación y reunión.
Desde marzo de 2022, el salario mínimo y la pensión se mantienen en 130 bolívares al mes, que en ese entonces, al cambio oficial, eran unos 30 dólares y hoy 3,5 dólares por la devaluación de la moneda local, lo que significa que se han reducido un 88 % en su equivalente en la divisa estadounidense, usada como referencia para fijar precios en Venezuela.
DW
