Agentes del Grupo de Investigaciones sobre el Crimen Organizado (GICO), de la Guardia di Finanza italiana.
La policía italiana ha anunciado este jueves una operación contra el fraude relacionada con el cobro de fondos europeos y con los esquemas de reparto en el país, aunque el grupo operaba en varios territorios comunitarios. La intervención se ha saldado con el arresto de 22 personas y la incautación de bienes, como mansiones o relojes de lujo, por valor de más de 600 millones de euros. En concreto, la red se habría aprovechado de los fondos europeos de recuperación de la pandemia y los generosos programas para la mejora de las casas que puso en marcha Italia con esa financiación procedente de la UE. La policía señala que se trata de pequeños grupos relacionadas con el crimen organizado, pero no apunta a ninguna relación con mafias nacionales.
En la operación, según el relato de la policía, se han incautado pisos y mansiones, oro y criptomonedas, así como relojes, joyas y coches de marcas de lujo como Lamborghini. Estos se habrían obtenido a través del fraude, que consistía básicamente en obtener créditos fiscales ilegales para la rehabilitación de hogares. De los 22 detenidos, 17 se encontraban en varios lugares de Italia, además se ha arrestado a dos personas en Austria y a tres en Eslovaquia. Pero la intervención no se considera cerrada, ya que se está buscando algunas personas presuntamente involucradas en Rumanía.
Italia siempre ha tenido serios problemas en la gestión de los fondos europeos procedentes de Bruselas. Durante años, muchas administraciones han tenido que renunciar a recibir grandes sumas de dinero por el temor -y la aceptación implícita- de que caerían en manos del crimen organizado. La macroperación anunciada este jueves alimenta ahora los temores de que la llegada masiva de dinero y los programas de ayuda puestos en marcha por el Gobierno italiano carecen de suficiente control para prevenir el fraude.Italia fue el país más beneficiado, ligeramente por delante de España, en el reparto de fondos europeos de recuperación. El país transalpino ha recibido ya, entre ayudas directas y créditos ventajosos, unos 102.000 millones. Y hasta 2026 espera la llegada de unos 90.000 millones más.
Entre las iniciativas que se planteó erradicar el Ejecutivo que encabeza Giorgia Meloni, que ganó las elecciones de 2022 con la formación ultraderechista Hermanos de Italia, había el llamado superbonus, que implantó el gobierno del entonces primero ministro Giuseppe Conte. Se trataba de un programa que pagaba las renovaciones para mejorar la eficiencia energética de las viviendas con un 110% de su coste. Es decir, más de lo que el propietario había pagado por esos trabajos. Una medida que abrió la puerta a todo tipo de estafas y creó un gran agujero en las arcas del estado.
La policía fiscal ha señalado que los sospechosos, a los que no ha identificado, idearon sofisticados sistemas de fraude para presentar proyectos ficticios y obtener con ello dinero de las ayudas. Para ello se servían de algunas compañías pantalla que, una vez obtenían el crédito fiscal, iniciaban un proceso de lavado del dinero en el que se valían de servidores en la nube ubicados en paraísos fiscales y de criptoactivos.
En la operación ha participado la oficina de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), que es la responsable de investigar y perseguir crímenes contra los intereses financieros de la Unión. En su último informe, publicado el pasado febrero, la EPPO señalaba que en 2023 tenía en marcha 1.927 investigaciones, que conjuntamente sumaban 19.200 millones de euros en supuestos fraudes.
El País de España