Inicia el 2024 y el sufrimiento de los ciudadanos sigue su curso. No hay rectificación por parte del gobierno nacional para resolver temas que con urgencia requieren un tratamiento de amplio debate y acuerdo con los trabajadores en cuanto al salario y sus beneficios. El desconocimiento de los sindicatos y gremios, y con ello el de las convenciones y contrataciones colectivas es bandera en el oficialismo. La normativa legal la pisan con la bota que asumen es permanente y les da el derecho de ser irremplazables. En sector radical de la oposición continúan con su canto desafinado y ahora se sienten inmaculados. Muchos de los que están allí apostaron en el ayer a la destrucción del sistema, y hoy pretenden ser los salvadores. Ni la llegada de los Reyes Magos les hace reflexión y asumir sus responsabilidades con hidalguía.
El tema salarial ha sido objeto de debate por parte de los representantes del gobierno venezolano, en lugares oscuros, sin intermediarios, o tal vez, cuando se encuentran de vacaciones o de paseo en espacios exóticos, porque ante los planteamientos de los funcionarios del sector público, salen a relucir los abusos, atropellos y burlas a las propuestas realizadas. La inflación ha sido desenfrenada y la economía está colapsada. Los alardes que hacen sobre la producción son con vendas en los ojos. La ciencia ficción hace gala en cada alocución gubernamental. Todo se maneja con la brocha y el barniz para tapar los claros que deja ver la puerta.
Los funcionarios de la administración pública han enfrentado enormes desafíos para sostener sus hogares y mantener un nivel de vida decente, porque los salarios se encuentran por debajo de los estándares internacionales, siendo el sueldo mínimo una de los más míseros de América Latina, y, para terminar de sembrar la burla, incluyen en el presupuesto nacional 2024, incremento general de un 10%. Todo un exabrupto que ofende la dignidad humana, y enrarece el clima sosegado que han mantenido los trabajadores al enterarse del tratamiento que reciben de las autoridades gubernamentales. La sordera del oficialismo para escuchar el reclamo de los trabajadores hace entender que viven fuera del contexto socioeconómico en que gravita el colectivo social. El presidente de Colombia le dio una bofetada a su homologo camarada presidente de Venezuela al establecer los beneficios económicos para los trabajadores de ese hermano país.
Los paños de agua tibia, o mejor, las migajas que ha generado el régimen con los pírricos incrementos con los llamados bonos, solo sirven para mitigar a medias los efectos de la inflación y especulación, generados por el desbarajuste económico, al presentarse incrementos vertiginosos de los precios de los alimentos, medicamentos y servicios básicos (aupados por el gobierno). Además, se acrecienta de forma permanente la brecha salarial entre los trabajadores del sector público y el privado, y sin embargo, estos últimos también realizan grandes esfuerzos para mantener el poder adquisitivo, pero en menor medida en que lo hace el sector público.
La ausencia de incentivos para los empleados públicos está haciendo estragos en la moral de los funcionarios, al fomentarse la corrupción y el nepotismo, aceptando sobornos o prácticas ilícitas para poder sobrevivir, afectando la calidad del servicio y perpetuando la crisis en el país. Los educadores y profesionales de la salud, actores de primera línea por la razón social de sus profesiones, han sufrido en profundidad la crisis salarial. Muchos de ellos han renunciado a sus cargos para irse a buscar mejores ingresos en el extranjero, lo que ha llevado a una escasez de personal en estos sectores claves, y de eso el régimen se mofa.
Es necesario que el gobierno enfrente la situación salarial con la responsabilidad que el caso amerita. No hay excusa que les reivindique ante la miseria que impusieron a los trabajadores y a todos los venezolanos.
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