Ramón Cardozo: (In)seguridad alimentaria y desnutrición en Venezuela

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El Banco Mundial, en su más reciente actualización del informe sobre seguridad alimentaria, publicada el pasado 11 de agosto, advirtió que “el alza sin precedente de los precios de los alimentos ha provocado una crisis mundial que empujará a millones de personas más a la pobreza extrema, aumentando el hambre y la malnutrición, y amenazando con eliminar los avances en materia de desarrollo logrados con tanto esfuerzo”. La actual inflación en el sector alimentario, que afecta sobre todo a los países de ingresos bajos y medianos, obedece, según el organismo multilateral, a la guerra en Ucrania, a las interrupciones en la cadena de suministro y a las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19.

Respecto al caso específico de Venezuela, el Banco Mundial, utilizando datos del Fondo Monetario Internacional correspondientes al período abril-julio de este año, estimó en 155% la inflación anual de los bienes relacionados con la alimentación en Venezuela, ubicándolo como el tercer país con mayor inflación alimentaria del mundo, solo superado por el Líbano y Zimbabue. Según los datos publicados por el Observatorio Venezolano de Finanzas, la canasta alimentaria familiar en el país pasó de 303 dólares en julio de 2021 a 392 dólares en julio de 2022.

Esta inflación de los alimentos a nivel mundial afecta de manera muy significativa a Venezuela pues agudiza la crisis prolongada de inseguridad alimentaria que el país ha venido sufriendo desde hace más de una década. Desde el año 2010, los porcentajes de la población que enfrenta una grave privación de alimentos (prevalencia de la subalimentación) en Venezuela se han incrementado notablemente, pasando de 2,5% (2010-2012) a 22,9 % (2019-2021), de acuerdo con los informes anuales sobre “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, elaborados por la FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF.

Por su parte, el “Índice global del hambre” (Global Hunger Index – GHI 2021) elaborado por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), indicó que Venezuela pasó de un nivel de hambre bajo (7,4%) en el 2012 a un nivel de hambre grave (22,2%) en el 2021, ocupando el puesto número 82 dentro de un grupo de 116 países, siendo solo superada en la región por Haití (32,8), el cual se ubicó en el puesto 109.

De acuerdo con la FAO, una persona se encuentra en situación de inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. En el año 2019, una evaluación de seguridad alimentaria en Venezuela realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas encontró que el 92% de la población venezolana sufría de inseguridad alimentaria. De ese porcentaje, el 32,3 %  (9,3 millones) tenía brechas significativas o extremas en el consumo de alimentos (Inseguridad alimentaria moderada o severa), lo cual ubicó a la venezolana dentro de las 10 peores crisis alimentarias a nivel mundial durante el 2019. En el informe del siguiente año (2020), el PMA no incluyó a Venezuela debido a la falta de información. Sin embargo, señaló que la seguridad alimentaria del país seguramente estaba empeorando.

Los hallazgos de estas organizaciones internacionales se corresponden con los resultados de la encuesta anual “Condiciones de vida de los venezolanos – (ENCOVI)” de la Universidad Católica Andrés Bello. Esta encuesta reportó para el período 2017-2021 un aumento sostenido de los altos porcentajes de hogares venezolanos que sufren de inseguridad alimentaria: 80% (2017), 88% (2018), 93,4% (2019-2020), y 94.2% (2021). Dentro de estos totales, el porcentaje de hogares del país que reducen la cantidad de alimentos, se saltan comidas y experimentan hambre (Inseguridad alimentaria severa) alcanzó los siguientes porcentajes: 32% (2018), 23,3% (2019-2020), y 24,5% (2021).

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Inseguridad alimentaria y desnutrición crónica

En Venezuela, la inseguridad alimentaria ha sido un factor determinante en el aumento de la malnutrición que ha afectado a la población, en especial a sus sectores más vulnerables. Al respecto, la doctora Marianella Herrera, médica investigadora y presidenta del Observatorio Venezolano de la Salud, señala: “En una población que deba enfrentar la inseguridad alimentaria en términos de acceso, disponibilidad, o bio-utilización de los alimentos, se generan importantes impactos en el estado nutricional de sus miembros, sobre todo de aquellos pertenecientes a los grupos más vulnerables que allí conviven como, por ejemplo, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, adultos mayores y niños menores de cinco años”.

Por sus efectos permanentes en el largo plazo, son de especial relevancia los impactos que la inseguridad alimentaria produce sobre la desnutrición de niños menores de cinco años y de las mujeres embarazadas, los cuales pueden conducir a una “desnutrición crónica” en esos grupos. Así lo señala el estudio “Venezuela entre la inseguridad alimentaria y la malnutrición”, elaborado por la doctora Herrera junto a las doctoras Maritza Landaeta-Jiménez y Yaritza Sifontes: “El retraso del crecimiento, o talla baja para la edad, es una alteración en el crecimiento físico y funcional, en gran medida irreversible, debido a una nutrición inadecuada y brotes de infección repetidos durante los primeros 1000 días de vida. Este retraso tiene una serie de efectos a largo plazo para los individuos y las sociedades entre los cuales se encuentran: disminución del desarrollo cognitivo y físico, reducción de la capacidad productiva, mala salud y aumento del riesgo de enfermedades degenerativas como la diabetes”.

 

La organización Caritas, en un estudio realizado con datos recopilados entre 2017 y 2019 sobre una población de 46.462 niños menores de 5 años en áreas pobres de Venezuela, encontró que el 31,7 % de este grupo de niños tenía una tasa de retraso en su crecimiento. En la misma dirección, la ya referida encuesta ENCOVI encontró que en el periodo 2019-2020, el 30% de los niños menores de cinco años sufría de desnutrición crónica, lo cual ubicaba a Venezuela como el segundo país de América Latina con los peores niveles de esta grave alteración en el desarrollo de estos niños. El Informe de la encuesta cierra con la advertencia de que “las secuelas de largo plazo de los actuales estados nutricionales de Venezuela pueden ser irreversibles”.

La doctora Herrera advierte, además, que “hoy en día se considera que las desventajas ambientales, incluyendo las deficiencias nutricionales, pueden producir alteraciones en la secuencia del ADN de las personas, mientras las deficiencias persistan (marcas epigenéticas), lo cual es terrible porque estas alteraciones podrían pasar de una generación a otra”. En otras palabras, los impactos negativos de la desnutrición crónica no solo acompañarían a la persona por el resto de su vida, sino que podrían ser transmitidos a sus descendientes.

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Causas de la inseguridad alimentaria en Venezuela

La nutricionista venezolana Susana Raffalli, especialista en temas de seguridad alimentaria y acción humanitaria, considera que la incapacidad del Estado venezolano para garantizarle a la nación una adecuada oferta alimentaria está asociada, entre otros factores, al deterioro del aparato productivo nacional, la caída de las importaciones, la alta inflación, el bajo poder de compra del salario mínimo del venezolano y a los inadecuados e insuficientes programas alimentarios del gobierno nacional. “Ni sumando los bonos, ni sumando los alimentos subsidiados de la caja Clap y el salario mínimo se llega a tener siquiera 30 % de la canasta del grupo de alimentos mínimo que una familia en Venezuela necesita, y eso, por definición, es una inseguridad alimentaria muy severa”, afirmó Rafalli en noviembre del 2020 en una entrevista con Crónica Uno. A un año y medio de esa declaración, la situación continúa igual. Por ejemplo, el reciente incremento del salario mínimo a 20,25$ apenas alcanza para cubrir el 5% de la canasta alimentaria familiar.

El hueco negro de las cifras gubernamentales

En el reciente informe de junio de 2022 de la FAO y el PMA sobre inseguridad alimentaria aguda titulado “Puntos críticos del hambre: Alertas tempranas”, se señala nuevamente de manera expresa que Venezuela no fue incluida como un foco de hambre debido a la no disponibilidad o a la escasez de datos actualizados sobre inseguridad alimentaria.

Desde hace ya casi una década, el Estado Venezolano ha dejado de publicar cifras oficiales relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición de la población. El último anuario de mortalidad se publicó en el 2014 y desde el 2015 no se publican cifras sobre el consumo y la disponibilidad de alimentos en el país. La ausencia de datos oficiales ha tenido que ser suplida por investigaciones propias de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, las cuales procuran ofrecer una descripción lo más exacta posible de la crisis alimentaria en Venezuela no obstante las dificultades y limitaciones derivadas del silencio del Estado venezolano.

Para los venezolanos expertos en políticas públicas sobre nutrición, así como para los organismos internacionales como la FAO o el PMA, este hueco negro de cifras oficiales es uno de los obstáculos más graves que existen en Venezuela para implementar los correctivos necesarios y así enfrentar de manera eficaz la grave inseguridad alimentaria. Con esta política de silencio, el gobierno pretende reforzar, tanto interna como externamente, su prédica de que en Venezuela la vida se ha normalizado. Sin embargo, esta estrategia nada le dice a la gran mayoría de venezolanos que día a día siguen sufriendo en carne propia los graves efectos de la inseguridad alimentaria.

 

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