En el último día de la 341 reunión del Consejo de Administración de la OIT, el 27 de marzo, el órgano decidió mediante votación de 27 a favor y 22 en contra presionar aún más al gobierno de Maduro para que cumpla las recomendaciones emitidas por la Comisión de Encuesta designada por el organismo para investigar las denuncias sobre violaciones a convenios internacionales
El 27 de marzo, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó por votación aumentar la presión al gobierno de Nicolás Maduro para que cumpla con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta relativa a Venezuela, que pide fundamentalmente el cese de las persecuciones a los sindicatos y gremios de empleadores y la reconstrucción del diálogo social tripartito.
Pero al ministro del Trabajo de Maduro, Eduardo Piñate, no le gustó.
«El gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada y no se compromete con la misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se desvincula y no se compromete con esta decisión adoptada el día de hoy (27 de marzo)», dijo el representante de Maduro.
Centrales sindicales de Venezuela lamentan la negativa del gobierno de cumplir con las medidas tomadas el 27 de marzo por el Consejo de Administración de la OIT y alertan que el discurso «inapropiado» dado por el ministro del Trabajo ante el organismo sugiere que el gobierno no tiene la intención de cesar sus persecuciones contra organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al chavismo, sobre todo luego de que estas reiteraran las denuncias sobre las violaciones a convenios y derechos laborales en el país.
«El discurso inapropiado del ministro Piñate deja entrever que aquí cualquier cosa puede suceder tanto para los empleadores como para los trabajadores», dice el dirigente Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (Unete). «Creo que el director general de la OIT (Guy Ryder) debe estar alerta y pendiente mucho más que antes para evaluar la grave situación y la reacción que pueda tener el gobierno contra quienes denunciamos en ese espacio que en Venezuela no se cumplen los convenios y que el gobierno no quiere acatar las recomendaciones estipuladas en el informe de la Comisión de Encuesta».
De hecho, en la sesión de la Asamblea Nacional (AN) subordinada al gobierno de Maduro realizada el 18 de marzo, el diputado Francisco Torrealba aseguró que al país se le ha pretendido causar mucho daño en la OIT y culpó a Fedecámaras al expresar que el gremio empresarial «está planteando ante la OIT que se sigan aplicando sanciones ante Venezuela y está mintiendo diciendo que el gobierno está persiguiendo a patronos y esté negando el diálogo».
Carbone señala que la liberación del dirigente sindical de Ferrominera Rubén González –una de las recomendaciones de la comisión enviada por la OIT– fue una decisión «política» porque al salir de la cárcel de La Pica en Maturín lo botaron de la empresa básica de Guayana pese a tener fuero sindical. «¿Qué garantía puede dar un gobierno que por un lado te libera por presión pero te ejecuta por el otro? (A Rubén) lo botaron del trabajo, le quitaron el salario y su antigüedad la echaron al basurero. Eso es lo que tenemos nosotros y eso no lo puede ni va a borrar el régimen. Eso es una política de Estado», asegura Carbone.
En el último día de la 341ª reunión del Consejo de Administración de la OIT, el 27 de marzo, el órgano decidió mediante votación de 27 a favor y 22 en contra presionar aún más al gobierno de Maduro para que cumpla las recomendaciones emitidas por la Comisión de Encuesta designada por el organismo para investigar las denuncias sobre violaciones a convenios internacionales.
Instó al gobierno de Venezuela a establecer y convocar para mayo de 2021 un foro de diálogo social. También pidió al director de la OIT que hiciera un seguimiento a las medidas que pueda tomar el Ejecutivo para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Estas posibles acciones debe registrarlas en un informe que se presentará a más tardar el 3 de mayo de 2021. El órgano de la OIT también decidió programar para su reunión de noviembre una evaluación de las medidas que hubiera que tomar en el caso de que el gobierno no adoptase las recomendaciones del organismo.
Una respuesta lamentable
Con la respuesta del ministro Piñate sobre que el gobierno de Maduro rechazaba «categóricamente» la decisión adoptada por la OIT y que no se compromete a cumplir con las medidas, Carbone sostiene que una vez más quedó demostrado «el talante antidemocrático» del gobierno, el cual «que viola convenciones colectivas y todos los derechos laborales» consagrados en la OIT, en la Constitución de Venezuela y en la Ley del Trabajo. «Es una derrota férrea, dura y contundente para el gobierno. El discurso del ministro Piñate demuestra que ha sido derrotado en un espacio donde trató de distraer, engañar y utilizar su diplomacia balurda que inclusive no se parece a la que había cuando estaba el presidente Chávez».
«Lamentamos profundamente la posición del gobierno, pero agradecemos que haya manifestado su posición porque de esta manera confesó lo que el gobierno aplica en Venezuela con la libertad sindical y violación sistemática de los convenios 26 (salario mínimo), 87 (libertad sindical) y 144 (comisión tripartita). Es una victoria para nosotros como movimiento sindical habernos expresado, denunciado, que hemos desenmascarado al régimen y él mismo expresó lo que es. Dimos un paso hacia adelante, es importante haber alertado a las autoridades del sistema del que estamos adelante, un sistema que vulnera, que aplica una política de hambre, de miseria y de esclavitud».
Leida Marcela León, presidenta del Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI), lamenta la respuesta del ministro y asegura que no fue lo que él había dicho en discursos anteriores ni en las reuniones que tuvieron con él en el Ministerio del Trabajo. «Fue una repuesta lamentable, creo que actuó o respondió con mucha molestia porque perdió la votación, pero el gobierno sabe que los lapsos están vencidos y que debe evidenciar respuestas y resultados concretos en relación con el tema de la consulta tripartita, del salario, de los contratos colectivos y de todos los beneficios de los trabajadores venezolanos».
Instó a que se retome el proceso del diálogo social tripartito para que se busquen los consensos y respuestas para los trabajadores, los empresarios y la recuperación económica de Venezuela. «Si bien es cierto que el gobierno dio pasos que son pequeñísimos, incipientes y enanos, como los encuentros con Fedecámaras, necesitamos resultados verdaderos y concretos en relación con los derechos humanos, la libertad sindical, los contratos colectivos y el salario. Hay que seguir confiando en el diálogo en Venezuela».
Artículo 33 de la OIT
La OIT va a ir tratando de agotar cada una de los recursos que tiene para tratar de que el gobierno de Maduro cese las persecuciones contra sindicalistas y empleadores y convoque a un diálogo social honesto antes de llegar a aplicar la última instancia que sería la activación del artículo 33 de su Constitución, concebido para ser utilizado solo en caso de que un miembro no dé cumplimiento a las recomendaciones de una Comisión de Encuesta de la OIT.
En junio del año 2000, el Consejo de Administración de la Organización invocó por primera vez en los entonces 80 años que tenía el organismo el artículo 33 e instó a Myanmar a «emprender una acción concreta» para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de 1998, que consideró que el recurso al trabajo forzoso en ese país era una práctica «sistemática y generalizada».
OIT
León asegura que la aplicación del artículo 33 sería muy grave para Venezuela porque significaría un bloqueo de la cooperación técnica de todas las organizaciones de las Naciones Unidas. «Sería un genocidio y un suicidio para nosotros que en este momento en el que atravesamos una grave crisis económica y una emergencia de salud se bloqueen el proceso de Covax a través de la OPS para que haya vacunas y cualquier otro proceso que permita a través de acuerdos traer vacunas, el programa de alimentos de la FAO y lo que hace ONU Mujeres en Venezuela».
«Tenemos que demostrar que tenemos capacidades y que el multilateralismo es para buscar acuerdos y para ayudar a Venezuela a rescatar el camino».
La exigencia también es para la OIT
La presidenta de la central ASI insiste en que la organización seguirá acudiendo a todas las instancias de diálogo a las que sean convocados para presentar propuestas. Sin embargo, indica que es necesario que la OIT dé la asistencia técnica y la cooperación para lograr que se cumplan los planteamientos y para que todos los actores del proceso productivo social del trabajo puedan conquistar sus derechos.
Señala que en 2020 las centrales sindicales solicitaron la cooperación de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe en varios fotos sobre el diálogo social realizados tras el acuerdo tripartito que firmaron con Fedecámaras, pero se negaron. «La OIT no quiso dar asistencia para un foro en el que necesitamos que los trabajadores venezolanos conozcan las metodologías y los resultados positivos que se pueden obtener a través del diálogo social tripartito como institución laboral, que es distinta al diálogo político y partidista que ha habido en Venezuela».
Dice que este año 2021 la central envió una comunicación al director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), Philippe Vanhuynegem, para que diera asistencia y designara un funcionario que colaborara en un programa de formación sobre diálogo social en Venezuela, que el propio informe de la Comisión de Encuesta establece, y nuevamente recibieron una respuesta negativa.
«Entonces, la exigencia nuestra, además de ser para el gobierno venezolano de que cumpla las recomendaciones y que instale el diálogo de manera formal con la asistencia técnica, también es para la oficina de la OIT para que nos dé todo el apoyo y la colaboración».
Carlos Seijas Meneses – TalCual
