La verdad es que nadie debería sorprenderse con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de intervenir el directorio de Voluntad Popular y colocar en sustitución otro diputado tránsfuga, siguiendo el mismo procedimiento previo contra Primero Justicia y Acción Democrática, una decisión prima hermana del nombramiento del directorio del Consejo Nacional Electoral, sin acuerdos políticos previos que le den legitimidad frente a los actores en conflicto.
Todo esto forma parte de la misma estrategia oficial para estimular el desgaste institucional opositor y ampliar las fracturas de sus miembros, ahora mucho más profunda que la división clásica entre moderados y radicales, incorporándose las diferencias entre líderes opositores en Venezuela y en el exterior, con participación ejecutiva en el gobierno interno y sin ella, líderes con intereses en el control de recursos externos del país y quienes no y líderes con deseos de preservación de espacios políticos de elección popular y los otros. Todo un poema que hace muy difícil la consecución de una estrategia unitaria, ya sea para abstenerse o participar.
Nada de esto tiene que ver con la ocurrencia de esa elección, que va a pasar en cualquier escenario y no porque el gobierno crea que con esto resolverá su problema de legitimidad internacional. Es obvio, incluso para el gobierno, que ese parlamento resultante de una elección obviamente sesgada, no competitiva, ni democrática, no será́ reconocido por la parte de la comunidad internacional que hoy tampoco reconoce la legitimidad presidencial de Maduro, ni el TSJ, ni el CNE, ni la Asamblea Nacional Constituyente. Pero también sabe que sus movimientos en el CNE y los partidos le permiten escoger una oposición hecha a su medida, que participe en ese proceso electoral, aunque no pueda ganar la confianza de las bases opositoras, ni motivar su voto (un escenario perfecto para el chavismo) y mantener viva a otra oposición que se abstendrá bajo la tesis de invalidez del proceso electoral, pero sin oferta alternativa para lograr que esa abstención se convierta en energía cinética para provocar el cambio, limitándose a una celebración inocua, que terminará en lo mismo que ha terminado hasta ahora: el vacío.
La estrategia chavista es clara: Habrá́ una elección convocada por el gobierno, participará una oposición sin confianza de la población opositora y habrá́ una oposición institucional, también debilitada, que rechazará esa elección y apelará a la tesis de la continuidad de las autoridades de la Asamblea Nacional elegida en 2015, para quedarse como está y preservar su institucionalidad de lucha. Pero el tiempo, sin legitimización electoral de esa institución, aunque no sea su culpa ni su responsabilidad, la pone en graves peligros de imagen, reconocimiento y capacidad de acción a futuro.
¿Cuánto tiempo más, sin elegirse y validarse de nuevo sus representantes, ni producir los resultados de cambio político que han prometido, puede pasar antes de que esa institución simbólica se haga irrelevante adentro y afuera del país?
El gobierno ha puesto a la oposición en una situación de perder-perder. Si llama a votar no la acompañaran las bases y la abstención será́ demoledora. Si llama a la abstención, muestra sus fracturas (porque unos van a abstenerse pero otros van a participar) y no tiene una estrategia alternativa que genere nuevas esperanzas, lo que la debilitará.
¿Cuál es el verdadero peligro para el gobierno? Que surja una propuesta de protesta civil a través del voto irreverente. Ese que no persigue ganar una elección ficticia, sino castigar, mover a la población de todo el país el día de la elección, aunque no sea competitiva, solo para crear un momento de lucha.
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