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Luis Fuenmayor Toro: Las sanciones europeas

 

Europa. Cuna de la civilización occidental, centro de desarrollo de las artes y de la cultura universal, de la llamada revolución industrial, del avance de las ciencias y protagonista de trascendentes movimientos históricos, en función de la libertad, la igualdad social, la justicia y la democracia, ha devenido en forma paulatina y lamentable en la antítesis de todo lo que llegó a ser en este sentido. Se ha transformado en seguidora fiel de la potencia mundial, que desde su creación ha basado su crecimiento y desarrollo en la guerra, la depredación, la amenaza y los despojos territoriales y de riquezas de otras naciones. No me refiero a la conducta de los pueblos europeos, quienes desde siempre han sido víctimas de las ambiciones de sus dirigentes y han sufrido las consecuencias de las más graves conflagraciones de la Humanidad, tanto por su extensión geográfica como por la destrucción humana y material producida.

No estoy afirmando que no haya contradicciones en las posiciones europeas respecto a las estadounidenses. Tampoco que no existan entre los distintos estados de la unión europea. De hecho las hay y muy serias. Pero, en líneas generales, la Unión Europea como estructura político económica gira alrededor de las posiciones del Departamento de Estado, sin importar mucho, por lo menos hasta ahora, los enfrentamientos obvios que tienen en muchas áreas de la economía, la geopolítica, ni el trato desatento, un tanto humillante, que les dispensa el actual gobierno estadounidense. Así, la política diplomática agresiva contra la República Bolivariana de Venezuela ha ganado rápidamente espacio en la Unión Europea, lo que la hace acompañar con medidas criminales, contrarias al derecho internacional, contra el pueblo venezolano.

La aplicación de sanciones contra diputados electos por el hecho de asumir una postura política dentro del país, a la cual tienen derecho independientemente de que no se la comparta, es una acción inaudita contra la libertad de todo pueblo de participar en la lucha política de su país. No se trata de sanciones personales, por delitos cometidos por estos venezolanos en algún país de la comunidad europea, en cuyo caso Venezuela estaría en su derecho de exigir el debido proceso judicial con todas las garantías y respeto de los DDHH. E incluso, si fuera el caso, podría ejercer el derecho incuestionable de no extraditar a sus nacionales y no podría ser recriminada por ello. No se trata de delitos de lesa humanidad, cuya condena tampoco corresponde a los estados nacionales ni a agrupaciones de los mismos como es el caso de la Unión Europea, sino a organismos especiales dependientes de las Naciones Unidas.

El delito para estos “demócratas justicieros” de la Unión Europea es el de la participación de estos venezolanos en la lucha política de su país, algo a lo que tienen pleno derecho como cualquier ciudadano. Para la Unión Europea, un hecho político como la división de la Asamblea Nacional constituye un delito si no se está del lado de Juan Guaidó. ¿Dónde se ha visto tamaña barbaridad? ¿Acaso en el pasado algún país sancionó a Raúl Ramos Jiménez cuando se dio la segunda división de Acción Democrática? ¿O a Domingo Alberto Rangel y Simón Sáez Mérida en el nacimiento del MIR? ¿O a Luis Beltrán Prieto Figueroa en la división que dio origen al MEP? El día de mañana sancionarán a cualquiera que se manifieste en política contra el extremismo violento y criminal de Voluntad Popular y Juan Guaidó.

Y sancionarán a quienes decidieron soberanamente participar en la Mesa de Diálogo Nacional. Y a los militantes de esos partidos, por haberlos apoyado. Y sancionarán también a quienes hayan escrito contra las propuestas violentas a favor de una salida pacífica, democrática, electoral y soberana. Porque en definitiva, la Unión Europea, al igual que EEUU, Canadá y Australia, están convencidos de que tienen pleno derecho de decidir por los venezolanos. Han sido nombrados por un poder superior para conducirnos y, si no lo aceptamos, para obligarnos a hacer lo que es debido. Es la misma tesis imperial del “destino manifiesto” estadounidense y de muchas otras que existen por ahí. Es uno de los atropellos más graves que personalmente haya visto. Y lo peor es que haya gente que se diga venezolana que apoye y defienda este exabrupto violador de todas las libertades políticas y derechos soberanos nacionales.

Terminarán por sancionar a los votantes venezolanos que sufraguen por el PSUV o peor, pero más fácil para ellos pues no tendrían que violentar el secreto del voto, sancionar a todos los venezolanos que acudan a votar, porque están aceptando las directrices de un “gobierno ilegítimo” y de un “CNE más ilegítimo todavía”. Es lo único que les falta. Hay todavía mucha gente en Venezuela que no ha hipotecado su nacionalidad, su soberanía, su derecho a la autodeterminación, su dignidad ni su valentía. Seguiremos exigiendo para nuestro pequeño pero glorioso país la soberanía y la autodeterminación que los países poderosos reclaman para ellos. Queremos la misma soberanía e independencia nacional que EEUU defiende para sí. Queremos la soberanía que le respetan a los chinos y a los rusos. Ni más ni menos.

Dentro de esta obscuridad, sin embargo, aparece un punto de luz que ojalá se extienda y termine por iluminar unas relaciones de respeto entre iguales de Venezuela y los países europeos. El comunicado conjunto reciente entre nuestro gobierno y la Unión Europea, en el que Venezuela deja sin efecto la expulsión de la embajadora de dicho organismo, pudiera representar un cambio que sustituya la injerencia subyugante en nuestros asuntos, por un diálogo de iguales que nos ayude en la construcción de un camino pacífico y democrático hacia la reinstitucionalización del país.

 

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