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Víctor Álvarez: La amenaza creíble; Recompensa por Maduro es una apuesta al caso

 

Poner precio a la cabeza de Maduro y sus principales colaboradores para forzarlo a negociar su salida del poder no es una amenaza creíble para una coalición difícil de asustar. Por el contrario, tiene un efecto contraproducente: mientras más se les amenace y menos garantías se les den, más se cohesionarán y aferrarán al poder.

El Departamento de Justicia imputó cargos penales a Maduro y 14 funcionarios y ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por cualquier información que permita detenerlos o procesarlos. En lugar de seguir creando desconfianza en el seno de la coalición dominante, EEUU ahora los acusa a todos por igual, lo cual genera un efecto contraproducente para su propia estrategia divisionista. Cualquier incentivo que hubiesen podido tener los funcionarios acusados para presionar a Maduro a dejar el poder, ahora desaparece. Al ser judicializados, todos cierran filas para aferrase al poder y poner a salvo sus cabezas.

Impedir la negociación directa entre oficialismo y oposición

Emplazados por la amenaza del coronavirus, una negociación entre Maduro y Guaidó para gestionar la ayuda humanitaria, el canje de petróleo por alimentos y medicinas, así como la asistencia financiera del FMI bajo la administración de organismos internacionales como el PNUD, la OMS y la CRI, estaba cobrando fuerza en la opinión pública nacional, como parte de una agenda común en torno a la cual Oficialismo y Oposición complementan sus capacidades y recursos para enfrentar juntos la amenaza del coronavirus y evitar que se propague masiva y aceleradamente a lo largo y ancho del territorio nacional.

Pero la judicialización de Maduro y sus colaboradores, así como la millonaria recompensa que se ofrece por sus cabezas, dinamita la posibilidad de un acuerdo político autónomo entre el Oficialismo y la Oposición, sin la tutoría de las potencias externas que se disputan a Venezuela como un espacio de su tablero geopolítico.

Esta acción no puede interpretarse como un paso a favor de una solución política y negociada de la crisis venezolana. La judicialización los convierte en criminales buscados por la justicia estadounidense con los cuáles no se puede negociar. Los factores de la Oposición que han recibido un explícito respaldo de la Casa Blanca no querrán ser considerados como cómplices de unos delincuentes buscados internacionalmente.

En consecuencia, tales acusaciones abortan el proceso de negociación que se había reactivado entre Oficialismo y Oposición, el cual ya había dado sus primeros resultados con la designación del Comité de Postulaciones para elegir al nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Marco democrático para Venezuela o ultimátum de la Casa Blanca?

A pocos días de que el policía malo de la Fiscalía General de EEUU judicializara a Maduro y sus colaboradores y pusiera precio a sus cabezas con unas jugosas recompensas, el policía bueno del Departamento de Estado anuncia un Marco Democrático para Venezuela.

La nueva estrategia de la Casa Blanca tiene como punto de partida que Maduro y Guaidó se hagan a un lado y entreguen el poder a un Consejo de Estado de cinco miembros que gobernaría el país hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en un lapso entre 6-12 meses. “Yo acepto”, dijo Guaidó, pero Maduro ya anunció que no se va a someter a un plan en el cual él no participó.

Si bien es cierto que el plan del Departamento de Estado recoge propuestas que han venido haciendo diferentes sectores que se pronuncian a favor de una solución política y electoral de la crisis venezolana, el primer problema que tiene el Marco Democrático es que no fue precisamente el resultado de un proceso de diálogo, negociación y acuerdo democrático entre los factores internos en conflicto, sino un producto prefabricado por el Departamento de Estado y anunciado unilateralmente como un manual de instrucciones que las partes deben seguir.

Otro problema que tiene la propuesta del Departamento de Estado es que plantea elecciones en un lapso de 6-12 meses, pero ¿cómo convocar elecciones en tan breve lapso, justamente cuando la pandemia del coronavirus apenas comienza en Venezuela y las concentraciones multitudinarias, propias de toda campaña electoral, irían a contravía de las medidas de aislamiento social que hay que cumplir para evitar una masiva y acelerada propagación de la enfermedad?

Un tercer problema que tiene el plan de la Casa Blanca para Venezuela es que, para la designación de los miembros del Consejo de Estado, cada partido o coalición de partidos con un 25% o más de miembros de la Asamblea Nacional (AN) selecciona un miembro. El quinto miembro -que se desempeñaría como presidente interino hasta que las elecciones se realicen-, sería nombrado por los otros miembros del Consejo. Este procedimiento requiere unos acuerdos políticos previos, toda vez que la AN está dividida y tiene dos directivas, una presidida por Juan Guaidó, y la otra por el parlamentario disidente de la oposición, Luís Parra, quien cuenta con el apoyo de la bancada oficialista.

Si dejamos de lado las opciones extremistas que plantean una intervención militar o quirúrgica y nos enfocamos en la conveniencia de lograr una solución política, electoral y pacífica a la crisis, en Venezuela es inviable cualquier fórmula que sea diseñada sin la participación y aprobación del gobierno de Nicolás Maduro, quien además de controlar el aparato de la Administración Pública, cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales, 19 de 23 gobernaciones, casi 300 de 335 alcaldías, y es quien detenta el poder real sobre el territorio nacional.

Judicializado y con una recompensa por su cabeza, Maduro y sus colaboradores no van a apartarse del poder. Eso solo es pensable y discutible si a Maduro se le asegura la protección de sus derechos políticos y EEUU lo absuelve de las acusaciones que lo criminalizan de formar parte de una conspiración narcoterrorista. Mientras la nomenclatura madurista se sienta expuesta al sistema de justicia de los EEUU no habrá Marco Democrático para Venezuela que camine, cuestión que mantiene sobre la mesa la opción de una intervención militar, la cual nuevamente cobra fuerza con el reciente despliegue aéreo y naval de los EEUU.

 

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