Durante esta emergencia que deseo breve pero temo más prolongada de lo que quisiéramos y necesitamos, no he podido evitar pensar en la utilidad de las instituciones, esas obras humanas fruto del tiempo, la organización y el beneficio que dan a la sociedad estructura y estabilidad.
En esta actualidad poblada de temores e incertidumbre, disfrutamos defectuosamente de las ventajas de la fortaleza de nuestra institucionalidad social privada y padecemos las desventajas de las fragilidades de nuestra institucionalidad pública.
Si alguno sumara buena memoria al hábito de leer estas notas, como por obligación debe hacerlo algún burócrata del “Gran Hermano” orwelliano, sabrá de mi insistencia, terca podría decirse, en defender la provechosa pertinencia de tener instituciones vivas, a las que considero, ni más ni menos, la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo.
Al lado de personas de carne y hueso utilísimos en este trance, como el personal directivo y operativo de servicios sanitarios y redes de abastecimiento, hay en Venezuela una red de instituciones, obra de la iniciativa y el esfuerzo de particulares en asociaciones, iglesias, voluntariados que desarrollan una solidaridad concreta.
Gracias a ellos, ahora y siempre.
No discuto este o aquel meritorio esfuerzo individual, pero ¿no nos sentiríamos más seguros si supiésemos que contamos con una trama institucional pública viva que funcione para todos sin distinciones, sin discriminaciones, sin exclusiones? Porque de la desinstitucionalización no hay ganadores, ni siquiera el pequeño grupo que se aproveche de ella, con la prisa del “mientras dure”.
La Constitución no es perfecta, pero nos ofrece una guía para unos mínimos institucionales que garanticen convivencia a todos. Un sistema de justicia confiable sirve para que los delitos se puedan investigar y sancionar aquí, soberanamente. Una banca central confiable nos defiende de la zozobra de la hiperinflación y la devaluación. Lo mismo, en sus respectivos campos, puede decirse de una institución armada a imagen y semejanza de los artículos 328 al 331 Crbv o un Poder Electoral imparcial, transparente y eficiente.
¿Ha sido institucional el manejo de Pdvsa o del sector salud? ¿Y qué hemos ganado? ¿Ha sido institucional la política oficial hacia a las universidades? ¿Dónde está su ventaja popular?
En esta pausa obligada, pensemos. Una institucionalidad viva, no para los vivos, para la vida, es socialmente vital.
