Jordi Feo Valero archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Haití, otrora conocida como la perla del Caribe, orgullosa primera república negra de la historia, miembro funda dor de las Naciones Unidas y del Consejo Editorial de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha sido protagonista de algunos de los episodios más terribles del imaginario colectivo. El vudú o los temibles “Tonton Macoutes” son algunos ejemplos. Tras la dictadura de los Duvalier, entre los años noventa y 2004, la situación en el país se caracterizó por su inestabilidad, la ausencia de una conciencia democrática y la inseguridad generalizada en el territorio nacional. Durante el siguiente decenio, hasta 2017, pudo verse en el país, gracias en gran medida a la presencia de Naciones Unidas, una mejora de la estabilidad política, institucional y de las condiciones socioeconómicas. En la actualidad, cuando han pasado ya cinco años desde la retirada de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilidad de Haití (MINUSTAH) y tres desde la retirada de la Misión de Naciones Unidas para el Apoyo de la Justicia en Haití (MINUJUSTH), y el gobierno haitiano ha solicitado el despliegue de una nueva fuerza armada internacional, cabe preguntarse si el país estaba preparado para gestionar por sí solo los elementos que caracterizaron esa estabilidad. A día de hoy nos encontramos con un panorama de violencia y desestructuración debido al control del país por grupos armados y a la incapacidad de formar un gobierno estable que acometa las reformas necesarias para revertir la situación y garantizar las condiciones de vida básica de sus ciudadanos. La Organización de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad de liderar una agenda universal común al conjunto de la comunidad internacional en materias tales como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, los derechos humanos, el medio ambiente o el desarrollo sostenible entre otras. Sin embargo, una organización concebida para otra época ha demostrado tener una serie de disfuncionalidades que aparecen con los años y entre las que destacan el Consejo de Seguridad. La capacidad de veto de los cinco miembros permanentes puede generar dudas en cuanto a la efectividad de su función principal de mantener la paz y la seguridad internacionales cuando se ven afectados intereses que consideran estratégicos. Este, sin embargo, no fue el caso con respecto a la implicación desde décadas atrás de la ONU en el país caribeño. En el año 1991 se produjo un primer hito en el ámbito de la política exterior de la ONU con la implementación de la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH). La importancia de la MICIVIH radicó en que se trataba de la primera misión conjunta entre una organización regional; la Organización de los Estados Americanos (OAS) y la ONU. La evolución de las misiones implementadas por Naciones Unidas en Haití ha puesto de relieve la necesidad de combinar elementos militares, civiles y policiales, para tratar de dar una respuesta coordinada e integral tanto a las circunstancias que puedan ir acaeciendo, como a las necesidades que surgen con el paso del tiempo. Este objetivo no podría lograrse si las misiones, a través de las decisiones del Consejo de Seguridad al efecto, no son lo suficientemente flexibles para adaptar sus mandatos e intervenciones a las nuevas realidades que puedan ir surgiendo una vez se van alcanzando los objetivos establecidos. Esta flexibilidad, reflejada en las resoluciones de este organismo, implica necesariamente la colaboración y cooperación de sus cinco miembros permanentes. La implicación de las Naciones Unidas en el país en 2004 a través del despliegue de la MINUSTAH, el clima de seguridad fue mejorando paulatinamente hasta lograr una cierta estabilidad. La presencia continuada de MINUSTAH en el territorio haitiano permitió realizar una transición política pacífica y democrática. Partiendo de una situación de conflicto civil acentuado por la ausencia de estructuras de estado se logró converger en un gobierno democrático surgido de unas elecciones libres y transparentes de acuerdo con los estándares internacionales. El sistema de estabilización diseñado por Naciones Unidas para el país contribuyó a lograr un éxito en su historia. Por primera vez desde su independencia en 1804, se consiguió, en el año 2006, llevar a cabo en Haití una alternancia política pacífica en la jefatura del Estado mediante el traspaso de poder de un presidente elegido democráticamente a otro de la oposición surgido de una contienda electoral avalada internacionalmente. Este hecho, y dado el bagaje de Haití en este ámbito, ya representa de por sí un éxito muy significativo del sistema de las Naciones Unidas. En el ámbito de los derechos humanos, teniendo en cuenta la trayectoria de vulneración y falta de respeto de la que provenía Haití, el método de Naciones Unidas apostó por revertir la situación. Los derechos humanos pasaron a convertirse en una de las prioridades fundamentales de la actuación de la comunidad internacional en el país a través de los mandatos aprobados para las diferentes misiones internacionales. A pesar de estos esfuerzos, la situación de los derechos humanos en Haití, si bien mejoró considerablemente, continúa siendo insuficiente en casi todas las áreas que integran esta categoría de derechos con excepción de la libertad religiosa. La mejora de la situación socio económica debía permitir a la población percibir los beneficios de la presencia de las Naciones Unidas garantizando que las iniciativas a medio y largo plazo pudieran surtir efecto, evitando los riesgos que conllevaría la falta de apropiación por parte de los ciudadanos de su propio proceso de desarrollo. Era también a través de la mejora de las condiciones de vida de la población haitiana que se lograría dotar al proceso de estabilización y desarrollo del tiempo necesario para consolidar la seguridad y el respeto a los derechos humanos. De ahí la que la comunidad de donantes se volcara también con Haití, que se convertiría en destino prioritario de la ayuda al desarrollo, especialmente tras el trágico terremoto que asoló la capital en el año 2010. Sin embargo, la desafección con respecto a las iniciativas llevadas a cabo gracias a la ayuda internacional se produjo como consecuencia del hecho de que el elevado montante de recursos y fondos destinados al país no tuviera un reflejo sustancial inmediato en la mejora de la calidad de vida de la población. Esta circunstancia generó críticas tanto a nivel nacional como internacional, llegándose a calificar la actuación de la comunidad internacional en términos de Ayuda Oficial al Desarrollo como ineficaz. En abril de 2017 la ONU emitió un comunicado en el que se informaba que, tras trece años de presencia continuada en el país, Haití estaba listo para la retirada de los “cascos azules”. Tras años de existencia, en octubre de 2017 se puso fin a la MINUSTAH y se instauró una nueva misión llamada MINUJUSTH cuya finalidad era ayudar al gobierno de Haití a desarrollar la Policía Nacional de Haití, fortalecer las instituciones del estado de derecho y promover los derechos humanos. Finalmente, en octubre de 2019 la MINUJUSTH se retiró definitivamente sin haber consolidado plenamente la situación institucional en el país. Advertí en su día cuando defendí mi tesis doctoral del peligro que podría suponer tanto para Haití como para el sistema de Naciones Unidas una salida precipitada del país. Lamentablemente, las circunstancias parecen haber apuntado en esa dirección. Tras el asesinato el 7 de julio de 2021 del Presidente Jovenel Moïse por parte de unos mercenarios, y la incapacidad institucional demostrada por el país para solventar una situación de inseguridad e inestabilidad política y social nos encontramos ante un “déjà-vu”. La salida precipitada del país ha supuesto un retroceso de 16 años. De hecho, a día de hoy, nos encontramos con una situación parecida a la que se produjo en el año 2004, cuando se tomó la decisión de desplegar la MINUSTAH. De esta forma, en fecha 9 de octubre de 2022 el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, instó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU, tras la solicitud del gobierno haitiano, a considerar el “despliegue inmediato de una fuerza armada internacional especializada para hacer frente a la crisis humanitaria” en Haití. Ante la sombría situación actual, puede afirmarse que la ONU dejó pasar la oportunidad de demostrar al mundo a través de su implicación en Haití que su modelo de gestión para solventar las crisis internacionales puede resultar efectivo y adecuado en ámbitos como la consolidación de la paz, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo en aquellos lugares que más lo necesitan. En cualquier caso, situaciones como las de Haití, Afganistán o Irak ponen de manifiesto la dificultad de implementar procesos de transformación y reconstrucción nacional dirigidos desde el exterior sin el compromiso y concurso de las autoridades nacionales y los principales actores del país. Esta circunstancia debe reflejarse mediante una voluntad política determinante y el concurso de todas las fuerzas políticas y sociales comprometidas con la salvaguarda del interés nacional por encima de intereses particulares. Sin una apropiación nacional de este tipo de procesos resulta imposible lograr la estabilización y reforma necesarias para revertir la situación ni garantizar su sostenibilidad y financiación en el largo plazo. Licenciado en Derecho por la Universitat de Valencia. Experto en cooperación internacional al desarrollo por la Universidad de Oviedo. Doctor en “Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional” por la Universidad de Valencia.

Jordi Feo Valero

Jordi Feo Valero: Un ‘Déjà vu’ en Haití

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