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(De las Memorias de Barack Obama, capítulo 21) Una noche, durante la cena, Malia me preguntó qué iba a hacer respecto a los tigres. —¿A qué te refieres, cariño? —Ya sabes que son mi animal favorito, ¿no? Años antes, durante nuestra visita anual a Hawái por Navidad, mi hermana Maya había llevado a Malia, que tenía entonces cuatro años, al zoológico de Honolulu. Era pequeño pero con encanto, encajado en un rincón del parque Kapiolani, cerca de Diamond Head. De niño pasé horas allí, trepando a los banianos, dando de comer a las palomas que deambulaban por el césped, aullando a los patilargos gibones aupados en lo alto de las cañas de bambú. Durante la visita, Malia se había quedado prendada de uno de los tigres, y su tía le había comprado en la tienda de recuerdos un peluche del gran felino. Tiger tenía las garras regordetas, una panza redonda y una indescifrable sonrisa de Gioconda; Malia y él se hicieron inseparables, aunque para cuando llegamos a la Casa Blanca su pelaje estaba ya algo desgastado tras haber sobrevivido a salpicaduras de comida, haber estado a punto de extraviarse varias veces en casas ajenas, haber pasado más de una vez por la lavadora y haber sufrido un breve secuestro a manos de un primo travieso. Yo sentía debilidad por Tiger. —Pues —prosiguió Malia— hice un trabajo sobre los tigres para la escuela, y están perdiendo su hábitat porque la gente tala los bosques. Y la situación va a peor, porque el planeta se está calentando por culpa de la contaminación. Además, la gente los mata y vende su piel, sus huesos y demás. Así que los tigres se están extinguiendo, lo cual sería terrible. Y como eres el presidente, deberías intentar salvarlos. —Deberías hacer algo, papá —añadió Sasha. Miré a Michelle, que se encogió de hombros: —Eres el presidente —dijo. La verdad es que agradecía que mis hijas no tuviesen reparos en señalar la responsabilidad de los adultos que tenían a su alrededor a la hora de contribuir a preservar la salud del planeta. Aunque he vivido toda mi vida en ciudades, debo muchos de mis mejores recuerdos a la naturaleza. En parte, esto se debe a haberme criado en Hawái, donde las caminatas por frondosos bosques de montaña o las tardes surfeando olas de color turquesa son un derecho inalienable, para cuyo disfrute bastaba con salir de casa: placeres sin coste alguno, que no eran patrimonio exclusivo de nadie y estaban al alcance de cualquiera. El tiempo que pasé en Indonesia, corriendo entre los arrozales en bancales mientras los búfalos de agua alzaban la vista para observarme con sus morros cubiertos de barro, había reafirmado mi amor por los espacios abiertos, al que también contribuyeron los viajes que hice antes de cumplir los treinta, una época durante la que — gracias a que estaba libre de ataduras y no tenía problema con los alojamientos baratos— tuve ocasión de recorrer los Apalaches a pie, descender en canoa por el Mississippi y ver el amanecer en el Serengueti. Mi madre reforzó esta afinidad por la naturaleza. En la grandeza de su diseño —el esqueleto de una hoja, el ajetreo de un hormiguero, el resplandor de una luna blanca como la nieve—, experimentaba ella el asombro y la humildad que otros reservaban para el culto religioso, y cuando éramos jóvenes, nos instruía a Maya y a mí sobre el daño que los humanos eran capaces de infligir cuando construían ciudades, perforaban en busca de petróleo o tiraban la basura sin el debido cuidado. («¡Recoge el envoltorio del caramelo, Bar!») Además, nos mostraba cómo los costes de esos daños recaían casi siempre sobre los pobres, que no podían elegir dónde vivir ni tenían la posibilidad de protegerse del aire y el agua contaminados. Pero aunque mi madre fuese una ecologista de corazón, no recuerdo que nunca se aplicase ese término a sí misma. Creo que el motivo era que había pasado la mayor parte de su carrera trabajando en Indonesia, donde los peligros de la contaminación palidecían en comparación con otros riesgos más inmediatos, como el hambre. Para millones de campesinos necesitados en los países en desarrollo, disponer de un generador eléctrico de carbón o la construcción de una nueva fábrica con toda su humareda a menudo representaban la mejor oportunidad a su alcance para incrementar sus ingresos y evitar el extenuante trabajo físico. Para ellos, preocuparse por preservar el paisaje inmaculado y conservar la fauna silvestre eran lujos que solo los occidentales podían permitirse. «No se pueden salvar árboles ignorando a las personas», solía decir mi madre. Esa idea —que para muchas personas solo entraba en juego la preocupación por el medioambiente una vez que sus necesidades materiales estaban cubiertas— se me quedó grabada. Años más tarde, cuando era trabajador comunitario, contribuí a movilizar a los habitantes de unas viviendas de protección oficial para que hicieran presión hasta conseguir que retiraran el amianto de su barrio; en la Asamblea estatal, era un «verde» lo suficientemente de fiar como para que la League of Conservation Voters me diese su apoyo cuando me presenté al Senado. Ya en el Capitolio, critiqué los intentos de la Administración Bush de debilitar varias leyes anticontaminación y abanderé los esfuerzos por preservar los Grandes Lagos. Pero en ningún momento en toda mi carrera política había hecho de las cuestiones medioambientales mi tarjeta de visita. No porque no las considerase importantes, sino porque para mis potenciales votantes, muchos de los cuales pertenecían a la clase trabajadora, la mala calidad del aire o los vertidos industriales ocupaban un lugar secundario frente a la necesidad de tener mejores viviendas, educación, sanidad y puestos de trabajo. Siempre pensé que otra persona podría preocuparse por los árboles. Pero la realidad cada vez más ominosa del cambio climático me obligó a cambiar de perspectiva. Parecía que el pronóstico empeoraba cada año, a medida que una nube de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero —procedentes de las centrales eléctricas, las fábricas, los coches, los camiones, los aviones, las granjas de ganadería intensiva, la deforestación y todos los demás elementos característicos del crecimiento y la modernización— no dejaba de crecer y contribuía a las temperaturas récord. Para cuando presenté mi candidatura a la presidencia, el evidente consenso entre los científicos era que, salvo que se adoptasen medidas contundentes y coordinadas a escala internacional para reducir las emisiones, la temperatura global estaba abocada a aumentar dos grados Celsius en unas pocas décadas. Una vez superado ese punto, el planeta podría experimentar una aceleración del deshielo de los casquetes polares, de la subida del nivel de las aguas y de los eventos meteorológicos extremos de la que no habría vuelta atrás. Era difícil predecir cuál sería el coste humano de una variación rápida del clima. Pero los escenarios más optimistas incluían una infernal combinación de graves inundaciones costeras, sequías, incendios forestales y huracanes susceptibles de provocar el desplazamiento de millones de personas y desbordar las capacidades de la mayoría de los gobiernos, lo cual incrementaría a su vez el riesgo de conflictos globales y enfermedades transmitidas por insectos. Cuando leía las publicaciones sobre el tema, imaginaba caravanas de almas perdidas que vagaban por una tierra cuarteada en busca de terrenos cultivables; que catástrofes de la magnitud del huracán Katrina serían habituales en todos los continentes; que los océanos se tragarían los países insulares. Me preguntaba qué sería de Hawái, de los imponentes glaciares de Alaska o de la ciudad de Nueva Orleans. Imaginaba a Malia, Sasha y a mis nietos viviendo en un mundo más inhóspito y peligroso, despojado de muchos de los asombrosos paisajes que yo había dado por descontado cuando era joven. Decidí que, si aspiraba a liderar el mundo libre, debía hacer del cambio climático una prioridad de mi campaña presidencial. Pero ¿cómo? El cambio climático es uno de esos asuntos con los que a los gobiernos se les da notablemente mal lidiar, que obligan a los políticos a implantar medidas inmediatas disruptivas, costosas e impopulares para evitar una crisis gradual en el futuro. La conciencia iba aumentando lentamente gracias al trabajo de unos cuantos líderes visionarios, como el exvicepresidente Al Gore, cuyos esfuerzos por educar al público sobre el calentamiento global lo habían hecho merecedor del Premio Nobel de la Paz y que seguía en activo en el combate para mitigar el cambio climático. Los votantes más jóvenes y progresistas eran particularmente receptivos a los llamamientos a actuar. Aun así, grupos de interés clave entre los demócratas —en particular, los grandes sindicatos industriales— se resistían a cualquier medida medioambiental que pudiese poner en riesgo los puestos de trabajo de sus afiliados. Y en las encuestas que realizamos al inicio de mi campaña, el votante demócrata medio situaba el cambio climático casi en el último puesto entre sus preocupaciones. Los votantes republicanos eran aún más escépticos. Hubo una época en que el papel del Gobierno federal en la protección del medioambiente gozó del apoyo de ambos partidos. Nixon trabajó con un Congreso demócrata para crear en 1970 la Agencia de Protección Ambiental (EPA). George H. W. Bush abanderó en 1990 un reforzamiento de la Ley de Aire Limpio. Pero esos tiempos eran cosa del pasado. A medida que la base electoral del Partido Republicano se había desplazado hacia el sur y hacia el oeste, donde los esfuerzos conservacionistas del Gobierno federal desde hacía mucho tiempo levantaban ampollas entre las compañías petroleras, las empresas mineras, los promotores inmobiliarios y los rancheros, los republicanos habían convertido la protección medioambiental en un frente más de la guerra cultural entre los partidos. Los medios de comunicación conservadores presentaban el cambio climático como un bulo dañino para el empleo y difundido por ecologistas extremistas. Las grandes petroleras destinaban millones de dólares a una red de centros de estudios y empresas de relaciones públicas que se dedicaban a embrollar los datos en torno al cambio climático. A diferencia de su padre, George W. Bush y miembros de su Administración minimizaron activamente las pruebas de que el planeta se estaba calentando y se negaron a participar en los intentos internacionales de limitar la emisión de gases de efecto invernadero, a pesar de que, durante la primera mitad de su presidencia, Estados Unidos ocupó el primer lugar en la clasificación de los países emisores de dióxido de carbono. En cuanto a los republicanos del Congreso, entre los activistas del partido despertaba sospechas el mero hecho de reconocer que el cambio climático debido a la acción humana era real; proponer modificaciones en las políticas para lidiar con él podía llevar a que surgiese un rival en las primarias del partido. «Somos como demócratas contrarios al aborto —me dijo con tristeza un antiguo colega republicano en el Senado que tenía un historial de votaciones en principio favorables al medioambiente—. Pronto nos habremos extinguido.» Ante estas realidades, mi equipo y yo habíamos hecho todo lo posible por destacar el asunto del cambio climático durante la campaña sin que ello nos costase demasiados votos. Me posicioné desde el principio a favor de un ambicioso sistema de «topes e intercambios» para reducir los gases de efecto invernadero, aunque evité entrar en detalles que pudiesen proporcionar a mis futuros rivales un suculento objetivo que atacar. En los discursos, minimicé el conflicto entre las actuaciones contra el cambio climático y el crecimiento económico, e insistí en señalar los beneficios no medioambientales de mejorar la eficiencia energética, entre ellos la posibilidad de, en última instancia, reducir nuestra dependencia respecto del petróleo extranjero. Y, en un guiño al centro político, prometí una política energética que tocase todos los palos, lo que permitiría que prosiguiese la producción doméstica de petróleo y gas mientras el país hacía la transición a las energías limpias, así como que se destinasen fondos al etanol, las tecnologías de carbón limpio y la energía nuclear; todas ellas posturas impopulares entre los ecologistas pero de gran relevancia para los votantes de los estados bisagra. Mi discurso optimista sobre la transición indolora a un futuro sin carbón provocó las quejas de algunos activistas contra el cambio climático. Esperaban de mí que hiciese un llamamiento a un mayor sacrificio y a la toma de decisiones más difíciles —incluida una moratoria sobre la perforación para extraer petróleo y gas, o incluso su prohibición— para hacer frente a una amenaza existencial. En un mundo perfectamente racional, eso habría tenido sentido. En el mundo real y muy irracional de la política estadounidense, mi equipo y yo estábamos bastante seguros de que presentar escenarios apocalípticos era una mala estrategia electoral. «¡No podemos hacer nada por proteger el medioambiente —gruñó Plouffe cuando un grupo de activistas le preguntó al respecto— si perdemos Ohio y Pensilvania!» De hecho, con la economía cayendo en picado, la situación política en torno al cambio climático empeoró tras las elecciones («A nadie le importan una mierda los paneles solares cuando lo van a desahuciar de su casa», dijo Axe sin rodeos), y en la prensa se especuló con que dejaríamos el asunto discretamente en segundo plano. Supongo que el hecho de que eso ni se me pasase por la cabeza da una idea tanto de lo engreído que era entonces como de la importancia del tema. Le pedí a Rahm que diese al cambio climático la misma prioridad que a la reforma sanitaria, y que empezase a reunir un equipo capaz de hacer avanzar nuestra agenda. Empezamos con buen pie cuando convencimos a Carol Browner —que había dirigido la EPA durante la Administración Clinton— para que ocupase el recién creado puesto de «zar climático», que coordinaría los esfuerzos de las distintas agencias clave. Alta y esbelta, con una entrañable combinación de energía nerviosa y resolutivo entusiasmo, Carol tenía un profundo conocimiento de la cuestión, contactos en el Capitolio y credibilidad ante todas las principales organizaciones ecologistas. Para liderar la EPA, nombré a Lisa Jackson, una ingeniera química afroamericana que, tras pasar quince años en la agencia, había sido la comisionada para la protección medioambiental de New Jersey. Era una experta agente política, con el encanto y el humor fácil de su Nueva Orleans natal. Para entender por completo las fronteras científicas de la transformación del sector energético estadounidense, nos pusimos en manos de mi secretario de Energía, Steven Chu, físico en Stanford, ganador del Premio Nobel y anterior director del célebre Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en California. Steve tenía aspecto de académico, con sus gafas redondas de montura metálica y un aire serio pero ligeramente distraído; en más de una ocasión, el personal tuvo que salir a buscarlo por los terrenos de la Casa Blanca porque había perdido la noción del tiempo y había salido a pasear justo cuando estábamos a punto de empezar una reunión. Pero era tan inteligente como indicaba su currículum, y tenía el don de explicar cuestiones sumamente técnicas en términos que los humanos con una capacidad limitada para entenderlos, como yo, podíamos comprender. Con Carol a los mandos, nuestra agrupación de cerebros para abordar el cambio climático propuso una completa agenda regulatoria que incluía, entre otras medidas, la imposición de un límite estricto a las emisiones de carbono, el cual —si se implantaba con éxito— podría reducir las emisiones estadounidenses de gases de efecto invernadero en un 80 por ciento para 2050. No sería suficiente para evitar que la temperatura del planeta aumentase más de dos grados Celsius, pero sí al menos iba a poner las cosas en movimiento y serviría como marco de referencia para futuras reducciones más contundentes. Igualmente importante era establecer una meta ambiciosa pero realista que colocara a Estados Unidos en posición de presionar a los otros grandes emisores —en particular, China— a seguir nuestro ejemplo. El objetivo era negociar y firmar un gran acuerdo internacional sobre cambio climático antes del final de mi presidencia. Empezamos con la Ley de Recuperación, conscientes de que teníamos la oportunidad de utilizar el dinero del estímulo para transformar el sector energético, haciendo inversiones en investigación y desarrollo de energías limpias que llevarían a acusadas disminuciones en el coste de la energía eólica y solar. Nuestro cálculo era sencillo: para alcanzar nuestros objetivos en lo relativo a la emisión de gases de efecto invernadero, tendríamos que cortar la dependencia de la economía estadounidense respecto de los combustibles fósiles, algo que no lograríamos si no contábamos con alternativas realistas. Recordemos que, en 2009, los coches eléctricos aún eran una curiosidad. Los fabricantes de paneles solares no se dirigían más que a un mercado de nicho. Y la energía de origen solar y eólico constituía tan solo una pequeña parte de la producción total de energía de Estados Unidos, debido tanto a que aún era más costosa que la obtenida a partir de generadores de carbón y de gas como a que había dudas legítimas sobre su fiabilidad cuando el sol no brillaba o el viento no soplaba. Los expertos estaban convencidos de que los costes seguirían cayendo a medida que entrase en funcionamiento un mayor número de generadores de energía limpia y a medida que el desarrollo de tecnologías para fabricar baterías más eficientes pudiese solucionar el problema de la fiabilidad. Pero construir nuevas centrales eléctricas requería ingentes cantidades de dinero, como también ocurría con la I+D en energía, y ni los inversores privados ni las principales compañías energéticas habían mostrado un gran interés en hacer lo que parecían apuestas arriesgadas. Desde luego no entonces, cuando incluso las empresas de energías limpias de mayor éxito hacían lo que podían para no echar el cierre. De hecho, prácticamente todas y cada una de las empresas de energías renovables, desde los fabricantes de vehículos eficientes hasta los productores de biocombustibles, se enfrentaban al mismo dilema: por muy buena que fuese su tecnología, seguían teniendo que desenvolverse en una economía que durante más de un siglo se había construido casi en su totalidad en torno al petróleo, el gas y el carbón. Esta desventaja estructural no era consecuencia exclusiva de las fuerzas del mercado. El Gobierno federal, los estatales y los locales habían invertido billones de dólares —ya fuese en forma de subsidios y exenciones de impuestos directos o mediante la construcción de infraestructuras como oleoductos, autopistas y terminales portuarias— en contribuir a mantener tanto un suministro continuado como una demanda estable de combustibles fósiles baratos. Las empresas petroleras estadounidenses estaban entre las corporaciones más rentables del mundo, y a pesar de ello seguían recibiendo cada año millones de dólares en exenciones de impuestos federales. Para tener posibilidades de competir en igualdad de condiciones, el sector de las energías limpias necesitaba un buen empujón. Eso es lo que esperábamos que proporcionara la Ley de Recuperación. De aproximadamente ochocientos mil millones de dólares de estímulo disponibles, destinamos más de noventa mil millones a iniciativas de energía limpia en distintos puntos del país. Al cabo de un año, una planta de Maytag en Iowa que había visitado durante la campaña y que había tenido que cerrar debido a la recesión estaba de nuevo a pleno rendimiento fabricando turbinas eólicas de última generación. Financiamos la construcción de una de las granjas eólicas más grandes del mundo. Costeamos el desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento de energía en baterías y estimulamos el mercado de los camiones, autobuses y coches eléctricos e híbridos. Financiamos programas para mejorar la eficiencia energética de edificios y empresas, y colaboramos con el Tesoro para convertir de forma temporal el ya existente crédito federal a las energías limpias en un programa de pagos directos. En el Departamento de Energía, utilizamos dinero de la Ley de Recuperación para lanzar la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados-Energía, un programa de investigación de alto riesgo y elevada recompensa inspirado en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, el célebre proyecto que el Departamento de Defensa lanzó después del satélite Sputnik y que contribuyó al desarrollo no solo de sistemas armamentísticos avanzados, como las tecnologías de invisibilidad, sino también de una versión primigenia de internet, de las tecnologías de activación por voz y del GPS. Eran proyectos ilusionantes, aunque nuestra búsqueda de avances revolucionarios en el campo de la energía prácticamente garantizaba que algunas de las inversiones de la Ley de Recuperación no llegarían a buen puerto. El fracaso más destacado tuvo que ver con la decisión de ampliar un programa de préstamos del Departamento de Energía puesto en marcha durante la Administración Bush que ofrecía capital circulante a largo plazo a empresas prometedoras de energías limpias. En su totalidad, el Programa de Garantía de Préstamos del Departamento de Energía acumuló un historial impresionante, y ayudó a compañías innovadoras como el fabricante de automóviles Tesla a dar un salto de nivel en su negocio. La tasa de impagos en sus préstamos fue de un escaso 3 por ciento, y la idea era que los éxitos de financiación compensarían sobradamente su puñado de fracasos. Por desgracia, uno de los impagos más cuantiosos ocurrió durante mi mandato: un exorbitante préstamo de 535 millones de dólares a una compañía de paneles solares llamada Solyndra. La empresa había patentado lo que entonces se consideró una tecnología revolucionaria, pero, por supuesto, la inversión conllevaba un riesgo. Mientras los chinos inundaron el mercado con sus propios paneles solares baratos y muy subsidiados, Solyndra empezó a hacer aguas y en 2011 entró en bancarrota. Dada la envergadura del impago —por no hablar de que mi equipo me había organizado una visita a sus instalaciones en California justo cuando empezaban a sonar las primeras alarmas financieras—, Solyndra acabó convirtiéndose en una pesadilla para mi imagen. La prensa pasó semanas insistiendo en la historia. Los republicanos disfrutaron de lo lindo. Intenté tomármelo con calma. Me dije que el hecho de que las cosas nunca saliesen exactamente como estaba previsto formaba parte esencial de mi cargo. Incluso las iniciativas exitosas —bien ejecutadas y movidas por las más puras de las intenciones— a menudo albergaban algún defecto oculto o alguna consecuencia inesperada. Sacar cosas adelante implicaba necesariamente poder ser objeto de crítica, y la alternativa —ir a lo seguro, evitar la controversia, guiarse por las encuestas— no solo era una receta para la mediocridad, sino una traición a las esperanzas de los ciudadanos que me habían llevado a la presidencia. Aun así, con el paso del tiempo no pude evitar echar humo por las orejas (a veces me imaginaba haciéndolo literalmente, como en unos dibujos animados) al pensar que el fracaso de Solyndra podía eclipsar el notable éxito de la Ley de Recuperación a la hora de revitalizar el sector de las energías renovables. Incluso en su primer año, nuestro proyecto de «misión lunar con energías limpias» había empezado a reactivar la economía, generar empleo, desencadenar un incremento en la generación de energía de origen solar y eólico, así como un salto en la eficiencia energética, además de servir para movilizar todo un arsenal de nuevas tecnologías con el fin de ayudar a combatir el cambio climático. Pronuncié discursos a lo largo y ancho del país para explicar la importancia de todo esto. «¡Está funcionando!», quise gritar. Pero aparte de los activistas ecologistas y las empresas de energías limpias, parecía que a nadie le importaba. Estaba bien saber que, como nos aseguró un ejecutivo, sin la Ley de Recuperación «probablemente habría desaparecido toda la industria solar y eólica estadounidense». Pero eso no impedía que me preguntase cuánto tiempo podríamos seguir abanderando políticas que, a pesar de que daban dividendos a largo plazo, no impedían que nos atizasen. Nuestra inversión en energía limpia era solo el primer paso para alcanzar nuestros objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, teníamos que cambiar los hábitos energéticos cotidianos del país, tanto si eso significaba que las empresas repensasen la forma en que calentaban y refrigeraban sus edificios como que las familias decidiesen apostar por lo ecológico en la compra de su coche nuevo. Confiábamos en conseguirlo en parte a través de un proyecto de ley sobre cambio climático diseñado para inclinar los estímulos hacia la energía limpia en todos los sectores de la economía. Pero, según Lisa y Carol, no teníamos por qué esperar hasta que el Congreso actuase para alterar al menos parte del comportamiento de las empresas y los consumidores. Bastaba con que sacásemos el máximo provecho de nuestras capacidades regulatorias en el marco de las leyes vigentes. La más importante de dichas leyes era la Ley de Aire Limpio, la señera norma de 1963 que autorizó al Gobierno federal a vigilar la contaminación atmosférica, lo que condujo a la implantación de estándares exigibles de pureza del aire en los años setenta. Esta ley, que había sido reafirmada con el apoyo de miembros de ambos partidos en fecha tan reciente como 1990, establecía que la EPA «deberá, mediante regulación», establecer estándares para limitar las emisiones procedentes de vehículos que «en opinión de la agencia causen o contribuyan a una contaminación atmosférica que se pueda prever razonablemente que pondrá en peligro la salud o el bienestar del público». Si uno creía en la ciencia climática, el dióxido de carbono que expulsaban los tubos de escape de los coches sin duda debía considerarse contaminación atmosférica. Al parecer, el director de la EPA durante la Administración Bush discrepaba (de la ciencia, claro está). En 2003, decidió que la Ley de Aire Limpio no estaba pensada para otorgar a la agencia autoridad para regular la emisión de gases de efecto invernadero; en todo caso, él no la usaría para cambiar los estándares de emisiones. Varios estados y organizaciones ecologistas recurrieron la decisión, y en la sentencia de 2007 de Massachusetts contra la EPA, una estrecha mayoría del Tribunal Supremo decidió que durante la Administración Bush la agencia había desatendido su obligación de aplicar «un criterio razonado» basado en la ciencia a la hora de adoptar su decisión, y le ordenó que diese marcha atrás y volviese a hacer sus deberes. Durante los dos años siguientes, la Administración Bush no hizo nada, pero ahora nosotros estábamos en condiciones de dar buen uso a la decisión del Tribunal Supremo. Lisa y Carol recomendaron que recopilásemos la evidencia científica, emitiésemos un dictamen según el cual los gases de efecto invernadero estaban sujetos a regulación por parte de la EPA y usásemos de inmediato esa autoridad para elevar los estándares de eficiencia en el consumo de combustible para todos los coches y camiones que se fabricasen o se vendiesen en Estados Unidos. Las circunstancias no podrían haber sido más favorables para aprobar normas en ese sentido: aunque los fabricantes de automóviles estadounidenses y el sindicato United Auto Workers (UAW) por lo general se oponían a unos estándares de eficiencia más exigentes, mi decisión de seguir destinando miles de millones de dólares de fondos TARP a mantener a flote su industria los había vuelto «más receptivos», como Carol expresó con suma sutileza. Lisa creía que, si actuábamos con suficiente rapidez, podíamos aprobar la normativa antes de que los fabricantes de coches actualizasen sus modelos. El consiguiente descenso en el consumo de gasolina en Estados Unidos podría suponer un ahorro de unos 1.800 millones de barriles de petróleo y reducir nuestras emisiones anuales de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento; además, estableceríamos un precedente útil para que la EPA pudiese regular otras fuentes de gases de efecto invernadero en los próximos años. Para mí, el plan era incontestable, aunque Rahm y yo estábamos de acuerdo en que, incluso teniendo a los fabricantes de nuestra parte, hacer que la EPA publicase nuevos estándares de eficiencia generaría muchísimo ruido político. No podíamos olvidar que para todos los líderes republicanos la derogación de las normativas federales era algo de máxima prioridad, estaba al mismo nivel que bajar los impuestos a los ricos. Las organizaciones empresariales y los grandes donantes conservadores, como los hermanos Koch, habían hecho importantes inversiones en una campaña que duraba ya décadas para convertir «regulación» en una palabra malsonante. Era imposible abrir las páginas de opinión del The Wall Street Journal sin toparse con algún ataque a un «Estado regulatorio» fuera de control. Para los antirregulación, los pros y los contras de elevar los estándares de eficiencia en el consumo de combustible tenían menos importancia que lo que simbolizaba una nueva normativa: otro ejemplo más de cómo los burócratas de Washington, a los que nadie había elegido, intentaban inmiscuirse en la vida de la gente, minar la vitalidad económica del país, violar el derecho a la propiedad privada y socavar la visión del Gobierno representativo que tuvieron los padres fundadores. Yo no daba mucha importancia a esa clase de argumentos. Ya en la era Progresista, los monopolios petroleros y ferroviarios habían empleado un lenguaje similar para atacar los intentos del Gobierno de librar a la economía estadounidense del completo dominio al que la tenían sometida. Lo mismo habían hecho quienes se oponían al New Deal de Franklin Delano Roosevelt. A pesar de ello, a lo largo del siglo XX , una ley tras otra y en cooperación con presidentes de ambos partidos, el Congreso había seguido delegando su autoridad regulatoria y de inspección en toda una constelación de agencias especializadas, desde la Comisión de Bolsa y Valores hasta la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, pasando por la Administración Federal de Aviación. Por una sencilla razón: a medida que aumentaba la complejidad de la sociedad, las corporaciones acumulaban más poder y los ciudadanos exigían más del Gobierno, los cargos electos simplemente no daban abasto para regular tantas y tan diversas industrias. Tampoco poseían el conocimiento especializado necesario para establecer reglas que permitieran asegurar transacciones justas en los distintos mercados financieros, para evaluar la seguridad del equipo médico más reciente, para entender los nuevos datos sobre contaminación o para prever todas las maneras en que los empleadores podrían discriminar a sus empleados en función de su raza o su género. Dicho de otro modo: para tener un buen gobierno era importante la experiencia. Las instituciones públicas debían dotarse de personas cuyo trabajo consistía en prestar atención a cosas importantes para que el resto de los ciudadanos no tuviésemos que hacerlo. Y gracias a esos expertos, los estadounidenses podíamos preocuparnos menos por la calidad del aire que respirábamos o del agua que bebíamos, teníamos a quien recurrir cuando los empleadores no nos pagaban las horas extra que nos correspondían, podíamos contar con que los medicamentos a la venta sin receta no nos matarían, y que conducir un coche o volar en un avión comercial era exponencialmente más seguro hoy de lo que lo había sido apenas veinte, treinta o cincuenta años antes. El Estado regulatorio del que los conservadores se quejaban tan amargamente había hecho que la vida en Estados Unidos fuese muchísimo mejor. Lo cual no significa que toda crítica de la regulación federal fuera infundada. En algunas oportunidades los obstáculos burocráticos lastraban a las empresas de manera innecesaria, o retrasaban la llegada al mercado de productos innovadores. Sí era cierto que algunas normativas costaban más dinero del que valían. En particular, los grupos ecologistas detestaban una ley de 1980 que obligaba a que una desconocida subagencia dependiente de la rama ejecutiva llamada Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA, por sus siglas en inglés) llevase a cabo un análisis de coste- beneficio de cada nueva normativa federal. Estaban convencidos de que el proceso favorecía a los intereses empresariales, y algo de razón tenían: era muchísimo más fácil medir los beneficios y las pérdidas de una empresa que poner precio a preservar una especie de ave en peligro de extinción o a reducir la probabilidad de que un niño desarrollase asma. A pesar de todo, por motivos regulatorios y políticos, pensaba que los progresistas no podían permitirse ignorar los aspectos económicos. Quienes creíamos en la capacidad del Gobierno para resolver grandes problemas teníamos la obligación de prestar atención a las consecuencias de nuestras decisiones en el mundo real; no podíamos limitarnos a confiar en la bondad de nuestras intenciones. Si una agencia proponía un proyecto de norma para preservar los humedales que imponía una reducción de la superficie de una granja familiar, esa agencia debería tener en cuenta las pérdidas que supondrían para esos granjeros antes de seguir adelante con el proyecto. Precisamente porque tenía interés en hacer las cosas bien en este ámbito, nombré a Cass Sunstein, un antiguo colega en la facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, para que se hiciese cargo de la OIRA y fuese nuestro experto titular en coste-beneficio. Cass era un destacado académico en Derecho Constitucional que había escrito una docena de libros y cuyo nombre solía barajarse como futuro juez del Tribunal Supremo; de hecho, fue él quien me insistió en que le encargase dirigir la OIRA, en una clara muestra de su vocación de servicio, su indiferencia al prestigio y un elevado cociente intelectual que hacía de él el candidato ideal al puesto. (Además, era encantador, un jugador de squash de talla mundial y el individuo con el escritorio más desordenado que haya visto jamás.) En el transcurso de los tres años siguientes, Cass y su pequeño equipo echaron horas y más horas en la discreta oficina de la OIRA, situada enfrente de la Casa Blanca, para asegurarse de que las regulaciones que proponíamos ayudaban en efecto a un número suficiente de personas como para justificar su coste. También le pedí que encabezase una concienzuda revisión de todas las regulaciones federales existentes para que pudiésemos eliminar todas aquellas que fueran innecesarias o hubieran quedado obsoletas. Cass desenterró varias joyas: antiguas prescripciones que obligaban a hospitales, médicos y enfermeras a gastar anualmente más de mil millones de dólares en preceptivos papeleos y pesadas tareas administrativas; una estrambótica normativa medioambiental que clasificaba la leche como «aceite», lo que imponía a los productores lecheros unos costes anuales de cien millones de dólares; una obligación absurda impuesta a los camioneros que los forzaba a gastar mil setecientos millones de dólares en tiempo perdido rellenando papeles tras cada trayecto. Pero la inmensa mayoría de las normas que Cass revisó superaron su escrutinio, y al final de mi mandato, incluso los analistas republicanos constataron que los beneficios de nuestras regulaciones compensaban sus costes por una relación de seis a uno. La propuesta de Lisa y Carol de elevar los estándares de eficiencia en el consumo de combustible acabó siendo una de esas regulaciones. En cuanto les di luz verde, se pusieron manos a la obra. Encontraron un buen socio en mi secretario de Transportes, Ray LaHood, un excongresista de Peoria y republicano caballeroso de la vieja escuela cuya naturaleza sociable y sincero compromiso con el bipartidismo hacían de él alguien popular a ambos lados del hemiciclo. Un soleado día de mayo, me vi en el jardín de las Rosas, flanqueado por un grupo de líderes de la industria del automóvil, así como por el presidente del sindicato UAW, para anunciar un acuerdo que iba a aumentar en 2016 la eficiencia en el consumo de combustible de todos los nuevos coches y camiones, bajando el consumo de 8,55 litros cada 100 kilómetros a 6,63 litros. El plan aspiraba a recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en más de novecientas toneladas métricas en el transcurso de la vida útil de los vehículos nuevos, lo que equivaldría a retirar de las carreteras 177 millones de coches o a clausurar 194 centrales eléctricas de carbón. En sus declaraciones de ese día, los fabricantes de automóviles se ajustaron a ese mensaje y expresaron confianza en ser capaces de cumplir los nuevos objetivos y que para sus empresas sería beneficioso tener un único estándar nacional en lugar de un mosaico de leyes estatales. La rapidez y la ausencia de conflicto con la que habíamos llegado a ese acuerdo sorprendió a los reporteros, varios de los cuales preguntaron a Carol por el papel que el rescate a la industria del automóvil podía haber tenido a la hora de propiciar ese recién descubierto espíritu cumbayá. «A lo largo de las negociaciones, en ningún momento se habló de rescates», insistió ella. Más tarde, en el despacho Oval, le pregunté si lo que había dicho era cierto. «Totalmente —respondió—. Aunque, por supuesto, no puedo decir que no lo tuvieran presente...» Entretanto, encomendé a Steve Chu la tarea de poner al día todos los estándares de eficiencia que pudiese encontrar, recurriendo para ello a una ley de 1987 rara vez aplicada que otorgaba al Departamento de Energía autoridad para establecer estándares de eficiencia energética en todo tipo de cosas, desde bombillas hasta aparatos comerciales de aire acondicionado. Steve estaba como un niño con zapatos nuevos, y me obsequiaba con explicaciones detalladas de sus más recientes hazañas en el establecimiento de estándares. («¡Te sorprendería saber el efecto que tiene sobre el medioambiente una mejora de tan solo el 5 por ciento en la eficiencia de los refrigeradores!») Y aunque no era fácil estar a la altura de su entusiasmo por las lavadoras y las secadoras, los resultados eran verdaderamente asombrosos: cuando dejé el cargo, se estimaba que esos nuevos estándares para los electrodomésticos bloquearían la emisión a la atmósfera de otros 210 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero. En los años siguientes, los fabricantes de automóviles y electrodomésticos cumplieron sin demasiado revuelo con los objetivos de eficiencia más estrictos que impusimos, y antes de lo previsto, confirmando así la afirmación de Steve según la cual, cuando se hacen bien las cosas, unos estándares regulatorios ambiciosos en la práctica espolean a las empresas a innovar. Si los consumidores se percataron de que los modelos de coches y electrodomésticos de mayor eficiencia energética eran en ocasiones más caros, no se quejaron; probablemente compensarían esa diferencia con unos menores gastos en electricidad o combustible, además de que los precios por lo general volvían a bajar una vez que las nuevas tecnologías pasaban a ser la norma. Para nuestra sorpresa, ni siquiera McConnell y Boehner se pusieron particularmente nerviosos con nuestras regulaciones energéticas, quizá porque no pensaron que pudieran ganar esa batalla y no querían desviar la atención de sus intentos de hacer fracasar el Obamacare. No todos los republicanos mostraron tal moderación. Un día, Pete Rouse entró en el despacho Oval para mostrarme varios fragmentos de las declaraciones ante la prensa de la congresista Michele Bachmann, de Minnesota, fundadora del caucus del Tea Party en la Cámara de Representantes y que tiempo después sería candidata en las primarias republicanas a la presidencia. Bachmann venía denunciando las flamantes bombillas de mayor eficiencia energética como «una intrusión antiestadounidense a lo Gran Hermano» y una amenaza para la salud pública; también eran evidencia de lo que veía como una conspiración más amplia por parte de los demócratas para imponer una agenda radical de «sostenibilidad», según la cual todos los ciudadanos estadounidenses acabarían siendo obligados a «trasladarse a los núcleos urbanos, vivir en infraviviendas y tomar el metro para ir a sus trabajos en la Administración pública». «Parece que han descubierto nuestro secreto, presidente», dijo Pete. Asentí con preocupación. «Habrá que esconder los contenedores de reciclaje.» Aunque los coches y lavavajillas más eficientes eran un avance, sabíamos que el camino hacia el cambio duradero pasaba en última instancia por conseguir que el Congreso aprobara una legislación climática más amplia: un proyecto de ley susceptible de afectar a todos los sectores de la economía que contribuían a la emisión de gases, más allá de los vehículos y los electrodomésticos. Además, las informaciones de prensa y la conversación pública que propiciaría el proceso legislativo contribuirían a sensibilizar sobre los peligros asociados al aumento global de la temperatura y —si todo iba bien— el Congreso sentiría el resultado final como propio. Quizá lo más importante era que una ley federal podría perdurar, a diferencia de las regulaciones, que una futura Administración republicana podría revocar de manera unilateral. Por supuesto, esa legislación dependía de nuestra capacidad para superar el filibusterismo del Senado. Y a diferencia de lo que ocurrió con la Ley de Recuperación, cuando, llegado el momento de la verdad, fuimos capaces de asegurar todos los votos demócratas que necesitábamos, Harry Reid me advirtió de que con toda seguridad perderíamos al menos a un par de senadores demócratas de estados productores de petróleo y carbón que tenían a la vista reelecciones complicadas. Para conseguir sesenta votos necesitaríamos convencer al menos a dos o tres republicanos para que apoyasen un proyecto de ley al que se oponían radicalmente la mayoría de sus votantes, y con el que Mitch McConnell había jurado que acabaría. Al menos en un principio, creímos que nuestra apuesta más segura era el hombre al que había vencido en la carrera presidencial. Durante su campaña, John McCain había minimizado su apoyo a la legislación sobre cambio climático, en particular tras elegir como candidata a vicepresidenta a una mujer cuya política energética —»¡A perforar, a perforar!»— resultó ser tan del agrado de los votantes republicanos. Pero hay que reconocer que McCain nunca había abandonado por completo la posición que había defendido tiempo atrás durante su carrera en el Senado, y aprovechando el (muy) breve periodo de gracia inmediatamente posterior a las elecciones, él y yo habíamos comentado la posibilidad de trabajar juntos para conseguir la aprobación de un proyecto de ley sobre el clima. Más o menos cuando juré mi cargo, se supo que McCain había unido sus fuerzas con su mejor amigo en el Senado, Joe Lieberman, para presentar una alternativa bipartidista a la legislación, más progresista, que proponía Barbara Boxer, la demócrata de California que presidía el Comité sobre Medioambiente y Obras Públicas. Por desgracia, en los círculos republicanos los acuerdos bipartidistas de marca McCain estaban completamente desfasados. Los derechistas lo despreciaban más que nunca, y achacaban a su falta de convicción conservadora las derrotas republicanas en la Cámara y el Senado. A finales de enero de 2009, un excongresista y locutor de radio de derechas llamado J. D. Hayworth dejó caer la posibilidad de enfrentarse a McCain en las primarias republicanas de Arizona el año siguiente, el primer desafío serio al que se enfrentaba McCain desde su llegada al Senado veintidós años antes. Imagino que la mera indignidad de la situación haría que le hirviese la sangre, pero como animal político que era, McCain sabía que debía cubrir cuanto antes su flanco derecho, y colaborar conmigo en una importante iniciativa legislativa medioambiental desde luego no ayudaría a hacerlo. Enseguida supimos, por el equipo de Lieberman, que McCain retiraba su apoyo al proyecto de ley. Al mismo tiempo, ni un solo republicano de la Cámara se planteó siquiera la posibilidad de participar en el respaldo de la legislación sobre el clima. Lo cual dejó a los dos demócratas de alto rango en el comité competente, Henry Waxman, de California, y Ed Markey, de Massachusetts, encantados con la idea de redactar un proyecto de ley por su cuenta y aprobarlo únicamente con los votos demócratas. A corto plazo, eso nos facilitaba la vida: a grandes rasgos, Waxman y Markey coincidían con nuestras líneas políticas, sus equipos sabían lo que hacían y agradecían nuestras sugerencias. Pero también significaba que ambos congresistas sentían poca necesidad de tener en cuenta opiniones menos progresistas que las que existían en su propio grupo, lo que abría la posibilidad de que el proyecto de ley que redactasen acabase pareciendo la lista de deseos de una organización ecologista, y provocase un ataque al corazón a varios de los senadores demócratas indecisos. Con la esperanza de evitar una situación de punto muerto entre la Cámara y el Senado, Rahm encomendó a Phil Schiliro la nada envidiable tarea de instar a Waxman a abrir un diálogo con los probables patrocinadores de un proyecto de ley en el Senado, incluido Lieberman, para así poder ir limando las diferencias entre ambos grupos. Al cabo de una semana convoqué a Phil en el despacho Oval y le pregunté cómo había ido la conversación con Waxman. Dejó caer su cuerpo desgarbado sobre el sofá, tomó una manzana del cuenco que había sobre la mesilla y se encogió de hombros. «No muy bien», dijo con una voz que era mitad risa entre dientes y mitad suspiro. Antes de incorporarse a mi equipo, Phil había trabajado varios años en la oficina de Waxman, en la última época como su jefe de gabinete, por lo que ambos se conocían muy bien. Me dijo que Waxman le había echado una buena bronca, que había volcado en él la frustración que los demócratas de la Cámara ya sentían hacia los del Senado (y hacia nosotros) por lo que consideraban una letanía de pecados previos: reducir la envergadura de la Ley de Recuperación, ser incapaces siquiera de someter a votación varios proyectos de ley en la Cámara por temor a poner en un brete a los senadores moderados o conservadores, y ser en general unas marionetas sin agallas. —Dice que el Senado es «el lugar donde las buenas ideas van a morir» —me explicó Phil. —Eso no se lo puedo rebatir —respondí. —Tendremos que resolverlo todo en un comité conjunto, después de que cada cámara apruebe su propio proyecto de ley —prosiguió Phil, esforzándose por transmitir un tono optimista. En nuestro intento por conseguir que las diferencias entre el proyecto de ley de la Cámara y el del Senado siguiesen siendo viables, había algo que jugaba a nuestro favor: Lieberman y Boxer, así como los demócratas de la Cámara y la mayoría de organizaciones ecologistas, habían aceptado un sistema de topes e intercambios de emisiones similar al que yo había apoyado durante la campaña como mecanismo preferido para lograr grandes reducciones en la emisión de gases de efecto invernadero. Así es cómo funcionaba aquí. El Gobierno federal limitaría la cantidad de gases de efecto invernadero que las compañías podrían emitir, dejando que cada una determinase de qué manera alcanzaría esos objetivos. Las empresas que superasen su límite pagarían una penalización. Las que se mantuviesen por debajo de su límite podrían vender los «créditos» de contaminación que no habían usado a otras compañías menos eficientes. Al ponerle un precio a la contaminación y crear un mercado para los comportamientos respetuosos con el medioambiente, la estrategia de topes e intercambios de emisiones ofrecía a las corporaciones un estímulo para desarrollar y adoptar las tecnologías verdes más recientes; y con cada avance tecnológico el Gobierno podría rebajar aún más los límites, fomentando así un ciclo virtuoso y continuo de innovación. Había otras maneras de poner precio a la contaminación debida a gases de efecto invernadero. Por ejemplo, algunos economistas creían que era más sencillo imponer un «impuesto al carbón» sobre todos los combustibles fósiles, que desincentivase su uso al encarecerlos. Pero uno de los motivos por los que todo el mundo había acabado convergiendo en una propuesta de topes e intercambios de emisiones era que ya se había ensayado con éxito; y nada menos que por un presidente republicano. En 1990, la Administración de George H. W. Bush había implementado un sistema de topes e intercambios para limitar el dióxido de azufre procedente de las chimeneas de las fábricas que contribuía a la lluvia ácida que estaba destruyendo lagos y bosques a lo largo de la costa este del país. A pesar de las agoreras predicciones de que la medida conduciría al cierre de fábricas y a despidos masivos, las compañías infractoras enseguida encontraron maneras eficaces desde un punto de vista económico de adaptar sus fábricas a lo exigido, y al cabo de unos pocos años el problema de la lluvia ácida prácticamente había desaparecido. Sin embargo, la envergadura y la complejidad de la tarea de establecer un sistema de topes e intercambios para las emisiones de gases de efecto invernadero era de otra magnitud. Las peleas en torno a cada detalle prometían ser feroces, con grupos de interés persiguiendo a cada miembro del Congreso cuyo voto necesitábamos para tratar de sacarle tal o cual concesión. De la batalla para aprobar la legislación sanitaria estaba aprendiendo que el mero hecho de que los republicanos hubiesen apoyado alguna vez una idea regulatoria que abanderaba uno de los suyos no significaba que fuesen a respaldar exactamente la misma idea si esta venía de un presidente demócrata. Aun así, debía confiar en que disponer de un precedente exitoso nos proporcionaba una oportunidad real de sacar un acuerdo adelante. Carol, Phil y el resto del personal legislativo de la Casa Blanca pasaron gran parte de la primavera de 2009 yendo y viniendo entre una y otra cámara, haciendo avanzar lentamente el asunto, limando asperezas y ofreciendo a los actores principales y a sus equipos todo el apoyo técnico o la asesoría regulatoria que pudieran necesitar. Todo esto ocurría mientras aún intentábamos reflotar la economía, dar forma al proyecto de ley de sanidad, componer un paquete legislativo sobre inmigración, asegurar la confirmación de los candidatos judiciales y hacer avanzar otra docena de iniciativas más pequeñas a través del Congreso; una muestra de la enorme implicación de todo el equipo. También confería a la oficina de Rahm —de decoración minimalista y con la gran mesa de conferencias que ocupaba su centro normalmente cubierta de tazas de café, latas de Coca-Cola Light y algún que otro tentempié a medio comer— la atmósfera sobrecafeinada de un centro de control del tráfico aéreo. Entonces, un día de junio, nuestros esfuerzos empezaron a dar sus frutos. La Oficina Social de la Casa Blanca había organizado un pícnic para el personal en el jardín Sur, y yo acababa de empezar a moverme entre la gente, sosteniendo bebés y posando para fotos con los orgullosos padres de los miembros del personal, cuando Rahm vino dando brincos por el césped, con un folio enrollado en la mano. —Presidente, la Cámara acaba de aprobar el proyecto de ley sobre el clima —dijo. —¡Fantástico! —respondí mientras le ofrecía chocar los cinco—. ¿Ha estado muy reñido? Rahm me mostró su recuento: 219 a 212. «Conseguimos ocho votos de republicanos moderados. Perdimos a un par de demócratas, con lo que ya contábamos, pero me encargaré de ellos. Entretanto, deberías llamar a Nancy, a Waxman y a Markey para darles las gracias. Han tenido que trabajarse duramente a los miembros de la Cámara.» Rahm vivía para días como ese, cuando lográbamos una clara victoria. Pero mientras caminábamos de vuelta al despacho Oval, parándonos por el camino a saludar a otras personas, me percaté de que mi jefe de gabinete, normalmente incontenible, parecía un poco apagado. Me explicó lo que lo tenía inquieto: hasta ese momento, el Senado no había siquiera hecho pública su versión de un proyecto de ley sobre el clima, y menos aún había empezado a circular por los comités competentes. McConnell, por su parte, estaba haciendo gala de un talento singular para paralizar las votaciones en el Senado. Habida cuenta de que el proceso era lento de por sí menguaba a toda velocidad la ventana temporal para conseguir aprobar una ley sobre el clima antes de que el Congreso suspendiese la sesión legislativa en diciembre. Después de eso, probablemente tendríamos aún más dificultades para llegar a la línea de meta, puesto que los demócratas tanto en la Cámara como en el Senado serían reacios a votar otro proyecto de ley grande y controvertido justo cuando empezaban a hacer campaña de cara a las elecciones de medio mandato. «Hay que tener fe, hermano», dije mientras le daba una palmada en la espalda. Rahm asintió, pero en sus ojos, aún más oscuros que de costumbre, se veían las dudas. «No sé si tenemos pista suficiente para hacer aterrizar todos estos aviones», respondió. Dando a entender que uno o más podían estrellarse. El ambiente de nerviosismo que reinaba en el Congreso no era la única razón por la que esperaba tener la legislación sobre topes e intercambios de emisiones a punto para diciembre: ese mismo mes estaba prevista la celebración en Copenhague de una cumbre sobre cambio climático auspiciada por la ONU. Tras ocho años durante los cuales, bajo la presidencia de George W. Bush, Estados Unidos se había ausentado de las negociaciones internacionales en torno al clima, las expectativas en el extranjero estaban por las nubes. Y yo difícilmente podía instar a otros gobiernos a actuar de forma agresiva contra el cambio climático si Estados Unidos no predicaba con el ejemplo. Sabía que tener un proyecto de ley doméstico mejoraría nuestra posición negociadora con otros países y contribuiría a espolear la clase de acción colectiva necesaria para proteger el planeta. Al fin y al cabo, los gases de efecto invernadero no respetan fronteras. Una ley que reduzca las emisiones en un país quizá haga que sus ciudadanos se sientan moralmente superiores, pero si otros países no hacen lo propio la temperatura seguirá subiendo sin más. Así que, mientras Rahm y mi equipo legislativo estaban atareados en los pasillos del Congreso, mi equipo de política exterior y yo buscábamos la manera de recuperar el estatus de Estados Unidos como líder en los esfuerzos climáticos internacionales. En otros tiempos, nuestro liderazgo en este ámbito prácticamente se había dado por descontado. En 1992, cuando el mundo se reunió en Río de Janeiro en lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra, el presidente George H. W. Bush se sumó a representantes de otros ciento cincuenta y tres países en la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el primer acuerdo global para tratar de estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero antes de que esta alcanzase niveles catastróficos. La Administración Clinton enseguida tomó el relevo y trabajó con otros países para traducir los vagos objetivos que se anunciaron en Río en un tratado vinculante. El resultado final, el llamado Protocolo de Kioto, establecía planes detallados para la actuación internacional coordinada, incluidos objetivos específicos de reducción de los gases de efecto invernadero, un sistema global de comercio de carbono similar al de topes e intercambios, y mecanismos de financiación para ayudar a los países pobres a adoptar las energías limpias y proteger bosques que, como la Amazonía, contribuían a neutralizar las emisiones de carbono. Los ecologistas aclamaron el Protocolo de Kioto como un punto de inflexión en la lucha contra el calentamiento global. En todo el mundo, los países participantes acudieron a sus gobiernos para ratificar el tratado. Pero en Estados Unidos, donde la ratificación de un tratado requiere el voto afirmativo de dos tercios del Senado, el Protocolo de Kioto se topó con un muro infranqueable. En 1997, los republicanos controlaban el Senado, y pocos consideraban el cambio climático un problema real. De hecho, el entonces presidente del Comité del Senado sobre Relaciones Exteriores, el archiconservador Jesse Helms, se enorgullecía de despreciar por igual a los ecologistas, la ONU y los tratados multilaterales. Poderosos demócratas, como el senador por Virginia Occidental Robert Byrd, también se oponían enseguida a cualquier medida que pudiese perjudicar a las industrias de los combustibles fósiles vitales para su estado. A la vista de ese panorama, el presidente Clinton decidió no remitir el Protocolo de Kioto al Senado para someterlo a votación, sino que optó por retrasar la derrota. Aunque la suerte política de Clinton se recuperaría tras superar el impeachment , el Protocolo de Kioto permaneció guardado en un cajón durante el resto de su presidencia. Cualquier atisbo de esperanza en la posible ratificación del tratado se apagó por completo cuando George W. Bush se impuso a Al Gore en las elecciones de 2000. Todo lo cual explica por qué en 2009, un año después de que el Protocolo de Kioto entrase por fin plenamente en vigor, Estados Unidos era uno de los cinco países que no formaban parte del acuerdo. Los otros cuatro, en ningún orden particular, eran: Andorra y la Ciudad del Vaticano (dos estados tan pequeños, con una población conjunta de en torno a ochenta mil personas, que se les concedió el estatus de «observadores» en lugar de pedirles que se sumasen al tratado); Taiwán (que habría estado encantado de participar pero no podía hacerlo porque los chinos aún rechazaban su estatus como país independiente); y Afganistán (que tenía la razonable excusa de estar desgarrado tras treinta años de ocupación y una sangrienta guerra civil). «Sabes que la situación ha tocado fondo cuando tus aliados más cercanos creen que tu posición en un asunto es peor que la de Corea del Norte», dijo Ben Rhodes, sacudiendo la cabeza. Al repasar esta historia, a veces imaginaba un universo paralelo en el que Estados Unidos, sin rival justo después del final de la Guerra Fría, había volcado su inmenso poder y toda su autoridad en el combate contra el cambio climático. Imaginaba la transformación de la red energética mundial y la reducción en el volumen de gases de efecto invernadero que se habría logrado; los beneficios geopolíticos que se habrían derivado de liberarse del abrazo de los petrodólares y las autocracias que esos dólares apuntalaban; la cultura de sostenibilidad que podría haber arraigado tanto en los países desarrollados como en aquellos en desarrollo. Pero mientras me reunía con mi equipo para trazar una estrategia pensada para nuestro universo real, debía reconocer algo que resultaba palmario: incluso ahora que los demócratas controlaban el Senado, no tenía manera de asegurarme los sesenta y siete votos necesarios para ratificar el marco de Kioto existente. Bastantes dificultades estábamos teniendo para conseguir que el Senado elaborase un proyecto de ley doméstico sobre el clima. Barbara Boxer y John Kerry, el senador demócrata por Massachusetts, llevaban meses redactando una posible legislación, pero habían sido incapaces de encontrar algún par republicano dispuesto a respaldarla con ellos, lo que ponía de manifiesto que era poco probable que el proyecto de ley saliese adelante, y haría necesaria una nueva estrategia más centrista. Tras perder a John McCain como aliado republicano, volcamos nuestras esperanzas en uno de sus amigos más cercanos en el Senado, Lindsey Graham, de Carolina del Sur. De baja estatura, cara chata y con un leve deje sureño que en un instante podía pasar de amable a amenazante, Graham era conocido como un ferviente halcón en materia de seguridad nacional (miembro, junto con McCain y Lieberman, de los llamados «Three Amigos», que habían sido los máximos impulsores de la guerra de Irak). Graham era inteligente, seductor, sarcástico, carente de escrúpulos, hábil en su relación con los medios, y gracias en parte a la genuina adoración que sentía por McCain, ocasionalmente estaba dispuesto a alejarse de la ortodoxia conservadora, en especial al apoyar la reforma migratoria. Tras haber resultado reelegido para otro periodo de seis años, Graham estaba en condiciones de asumir algún riesgo, y aunque en el pasado nunca había mostrado mucho interés por el cambio climático, parecía atraído por la posibilidad de cubrir el hueco que McCain había dejado y propiciar un importante acuerdo bipartidista. A principios de octubre, se ofreció a contribuir a convencer al puñado de republicanos que necesitábamos para que el Senado aprobase la legislación sobre el clima, pero solo si Lieberman ayudaba a dirigir el proceso y Kerry podía convencer a los ecologistas para que ofreciesen concesiones o subsidios a la industria de la energía nuclear, así como la apertura de más zonas de costa estadounidense a la exploración en busca de petróleo en alta mar. Tener que depender de Graham no me hacía ninguna gracia. Lo conocía de mi época en el Senado como alguien a quien le gustaba interpretar el papel del conservador serio y sofisticado, que desarmaba a los demócratas y a los periodistas con opiniones tajantes sobre los puntos ciegos de su partido, y ensalzaba la necesidad de que los políticos se liberasen de sus camisas de fuerza ideológicas. Sin embargo, la mayoría de las veces, cuando llegaba el momento de emitir un voto o de adoptar una postura que podría tener un coste político para él, Graham encontraba algún motivo para evitarlo. («¿Sabes cuando al principio de una peli de espías o de atracos te presentan a los integrantes del equipo? —le dije a Rahm—. Pues Lindsey es el tipo que traiciona a todos los demás para salvar el pescuezo.») Pero, siendo realistas, nuestras opciones eran limitadas («A menos que Lincoln y Teddy Roosevelt entren por esa puerta, colega —respondió Rahm—, Graham es todo lo que hay»), y conscientes de que cualquier vinculación estrecha con la Casa Blanca podría espantarlo, decidimos dar a Graham y a los demás proponentes amplio margen para redactar su versión del proyecto de ley, imaginando que más adelante en el proceso podríamos arreglar cualquier disposición problemática. Entretanto, nos preparábamos para lo que se avecinaba en Copenhague. Con la expiración del Protocolo de Kioto prevista para 2012, desde hacía ya un año se venían desarrollando negociaciones auspiciadas por la ONU para un tratado que le diese continuidad, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a tiempo para la cumbre de diciembre. Sin embargo, nosotros no nos inclinábamos por firmar un nuevo tratado que se inspirase en exceso en el original. Mis asesores y yo teníamos dudas sobre el diseño regulatorio del Protocolo de Kioto; en particular, sobre el uso de un concepto conocido como «responsabilidades comunes pero diferenciadas», que hacía recaer la carga de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero casi en exclusiva sobre las economías avanzadas y que hacían un uso intensivo de energía, como las de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. En términos de justicia, pedir a los países ricos que hiciesen más que los pobres contra el cambio climático tenía todo el sentido: no solo la acumulación existente de gases de efecto invernadero era en gran medida el resultado de cien años de industrialización en Occidente, sino que la huella de carbono per cápita de los países ricos era mucho mayor que otros. Además, era poco lo que se podía esperar de países como Mali, Haití o Camboya —lugares donde muchísima gente seguía sin tener siquiera el acceso más básico a la electricidad— a la hora de reducir sus ya ínfimas emisiones (y con ello posiblemente ralentizar su crecimiento a corto plazo). A fin de cuentas, estadounidenses y europeos podían lograr efectos mucho más sustanciales con solo subir o bajar unos grados sus termostatos. El problema era que el Protocolo de Kioto había interpretado que «responsabilidades diferenciadas» significaba que potencias emergentes como China, India y Brasil no tenían ninguna obligación vinculante de reducir sus emisiones. Esto quizá fuese razonable cuando se redactó el protocolo, doce años atrás, antes de que la globalización transformase por completo la economía mundial. Pero en medio de una brutal recesión, y con los estadounidenses ya furiosos por la continua marcha de puestos de trabajo a otros países, un tratado que impusiese restricciones medioambientales a las fábricas domésticas sin pedir una actuación análoga a las que operaban en Shangai o Bangalore no iba a ser aceptable. De hecho, en 2005 China había superado a Estados Unidos en emisiones anuales de dióxido de carbono, y las cifras de India también estaban aumentando. Y aunque seguía siendo cierto que el ciudadano medio chino o indio consumía una pequeña parte de la energía que utilizaba el estadounidense medio, los expertos preveían que la huella de carbono de esos dos países se multiplicaría por dos en las próximas décadas, a medida que una proporción cada vez mayor de sus más de dos mil millones de habitantes aspirase a las mismas comodidades modernas de las que disfrutaban quienes vivían en los países ricos. Si eso llegaba a suceder, el planeta iba a estar sumergido bajo las aguas con independencia de lo que hiciesen todos los demás países; un argumento que los republicanos (al menos, los que no rechazaban por completo la ciencia climática) solían emplear como excusa para que Estados Unidos no hiciese absolutamente nada. Necesitábamos una nueva estrategia. Gracias al inestimable asesoramiento de Hillary Clinton y Todd Stern, enviado especial para el cambio climático del Departamento de Estado, mi equipo preparó una propuesta para un acuerdo provisional de menor calado, basada en tres compromisos compartidos. En primer lugar, el acuerdo exigiría que todos los países —incluidas potencias emergentes como China e India— presentasen un plan propio para reducción de gases de efecto invernadero. El plan de cada país podría diferir en función de su riqueza, perfil energético y estadio de desarrollo, y se revisaría a intervalos periódicos a medida que aumentasen las capacidades económicas y tecnológicas de dicho país. En segundo lugar, aunque estos planes no serían de obligado cumplimiento bajo el derecho internacional como sí lo son las obligaciones de los tratados, cada país aceptaría la adopción de medidas que permitiesen a las demás partes firmantes verificar de forma independiente que estaba cumpliendo con las reducciones que se había autoimpuesto. En tercer lugar, los países ricos proporcionarían a los pobres miles de millones de dólares en ayudas para mitigar y adaptarse al cambio climático, siempre que estos últimos cumpliesen sus compromisos (mucho más modestos). Si se diseñaba correctamente, esta nueva estrategia podría obligar a China y a otras potencias emergentes a empezar a poner la carne en el asador al mismo tiempo que mantenía el concepto de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» del Protocolo de Kioto. Al establecer un sistema creíble para validar los esfuerzos de otros países para reducir las emisiones, también reforzaríamos nuestra posición ante el Congreso en cuanto a la necesidad de aprobar nuestra propia legislación doméstica sobre cambio climático (y esperábamos establecer los cimientos para un tratado más robusto en un futuro próximo). Pero Todd, un abogado enérgico y escrupuloso que había sido alto negociador de la Administración Clinton en Kioto, nos advirtió de que nuestra propuesta no se vería con muy buenos ojos en el ámbito internacional. Los países de la Unión Europea, todos los cuales habían ratificado Kioto y dado pasos para reducir sus emisiones, estaban muy interesados en alcanzar un acuerdo que incluyese compromisos de reducción por parte de Estados Unidos y China con garantías legales. En cuanto a China, India y Sudáfrica estaban satisfechas con el statu quo y se resistían con obstinación a cualquier cambio en el protocolo. Estaba previsto que asistiesen a la cumbre activistas y organizaciones ecologistas de todo el mundo. Muchos de ellos veían Copenhague como un momento de todo o nada y verían como un fracaso cualquier cosa que no fuese un tratado vinculante con nuevas y estrictas limitaciones. Más en concreto, como mi fracaso. «No es justo —dijo Carol—, pero creen que si te tomas en serio el cambio climático, deberías conseguir que el Congreso y otros países hiciesen todo lo que fuese necesario.» No podía culpar a los ecologistas por poner el listón tan alto. La ciencia lo exigía. Pero también sabía que no tenía sentido hacer promesas que aún no podía cumplir. Necesitaría más tiempo y que la situación económica mejorase antes de poder convencer al público estadounidense para que apoyase un tratado climático ambicioso. También tendría que convencer a China para que colaborase con nosotros, y probablemente necesitaría una mayoría más holgada en el Senado. Si el mundo esperaba que Estados Unidos firmase un tratado vinculante en Copenhague, yo debía rebajar las expectativas, empezando por las del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Tras dos años de su mandato como el más prominente de los diplomáticos del mundo, Ban Ki-moon aún no había dejado mucha huella en el escenario global. En parte, esto se debía a la naturaleza de su trabajo: aunque el secretario general de la ONU dirige una organización con un presupuesto de miles de millones de dólares, una extensa burocracia y un montón de agencias internacionales, su poder está en gran medida condicionado, y depende de su capacidad para dirigir a ciento noventa y tres países hacia algo mínimamente parecido a una dirección común. El perfil relativamente bajo de Ban también era consecuencia de su estilo discreto y metódico: una visión nada creativa de la diplomacia que sin duda le había dado excelentes resultados durante sus treinta y siete años de carrera en el servicio exterior y el cuerpo diplomático de su Corea del Sur natal, pero que contrastaba de forma marcada con el refinado carisma de su predecesor en el cargo, Kofi Annan. No acudías a una reunión con Ban esperando oír historias fascinantes, comentarios ingeniosos o ideas deslumbrantes. No te preguntaba cómo estaba tu familia ni contaba detalles de su propia vida fuera del trabajo, sino que, tras un vigoroso apretón de manos y un repetido agradecimiento por reunirte con él, Ban se lanzaba de cabeza a una sucesión de temas a tratar y datos anecdóticos, expresados en un inglés fluido pero con fuerte acento y empleando la jerga seria y previsible de un comunicado de la ONU. A pesar de su falta de chispa, acabé sintiendo afecto y respeto por él. Era honesto, directo y de un optimismo irreprimible, alguien que en varias ocasiones se plantó ante la presión de los estados miembros para defender las reformas que la ONU tanto necesitaba y que de manera instintiva sabía ponerse del lado correcto en cada asunto, aunque no siempre tuviese la capacidad de convencer a otros para que hicieran lo mismo. Ban era también persistente; en particular en la cuestión del cambio climático, que se había marcado como una de sus prioridades. La primera vez que nos reunimos en el despacho Oval, menos de dos meses después de que yo hubiese accedido al cargo, empezó a presionarme para que asistiese a la cumbre de Copenhague. «Su presencia, señor presidente —me dijo—, enviará una potentísima señal sobre la urgente necesidad de la cooperación internacional en relación con el cambio climático. Potentísima.» Le había explicado todo lo que teníamos pensado hacer en el ámbito interno para reducir las emisiones estadounidenses, así como las dificultades para que el Senado aprobase en el futuro próximo un tratado del estilo del de Kioto. Describí nuestra idea de un acuerdo provisional, y cómo estábamos formando un «grupo de grandes emisores», aparte de las negociaciones auspiciadas por la ONU, para ver si hallábamos puntos de encuentro con China sobre la cuestión. Mientras yo hablaba, Ban asentía con educación, y de vez en cuando tomaba alguna nota o se colocaba las gafas. Pero nada de lo que dije lo distrajo de su misión principal. «Con su crucial implicación, señor presidente —dijo—, estoy convencido de que podemos hacer que estas negociaciones desemboquen en un acuerdo satisfactorio.» Y así siguió durante meses. Daba igual cuántas veces insistiese en mi preocupación ante el cariz que estaban tomando las negociaciones auspiciadas por la ONU, daba igual lo tajante que fuese sobre la posición estadounidense sobre un tratado vinculante al estilo del Protocolo de Kioto, Ban siempre recalcaba la necesidad de que estuviese presente en diciembre en Copenhague. Sacó la cuestión a colación en las reuniones del G20. Lo hizo también en los encuentros del G8. Finalmente, en la sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU, en septiembre en Nueva York, di mi brazo a torcer y prometí al secretario general que haría todo lo posible por acudir, siempre que pareciese probable que de la cumbre saliese un acuerdo que yo pudiese aceptar. Después, me volví hacia Susan Rice y le dije que me sentía como una adolescente a quien han estado presionando para que vaya al baile de graduación con el empollón que es demasiado bueno como para decirle que no. Cuando llegó diciembre y se inauguró la conferencia de Copenhague, parecía como si mis peores temores se estuvieran haciendo realidad. En el ámbito interno, aún estábamos esperando a que el Senado pusiese fecha a la votación sobre la legislación de topes e intercambios de emisiones, mientras que en Europa la negociación del tratado había llegado a un primer punto muerto. Habíamos enviado a Hillary y a Todd como avanzadilla para que intentasen recabar apoyos para nuestra propuesta de acuerdo provisional y, por teléfono, describían un escenario caótico, en el que los chinos y los líderes de otros países del BRIC se habían plantado en su posición, los europeos estaban frustrados tanto con nosotros como con los chinos, los países más pobres clamaban por una mayor ayuda económica, los organizadores de la conferencia daneses y de la ONU se sentían desbordados y los grupos ecologistas allí presentes se desesperaban ante lo que cada vez parecía más un absoluto desastre. Dado el intenso aroma a inminente fracaso, por no hablar de que yo seguía atareado intentando que el Congreso aprobase legislación crucial antes de la pausa navideña, Rahm y Axe se preguntaban si debía siquiera hacer el viaje. A pesar de mis reparos, decidí que incluso una mínima posibilidad de arrastrar a otros líderes a un acuerdo internacional se imponía sobre la repercusión de un probable fracaso. Para hacer que el viaje fuese más llevadero, Alyssa Mastromonaco preparó un calendario minimalista según el cual viajaría a Copenhague tras una jornada completa en el despacho Oval y pasaría unas diez horas en Dinamarca —el tiempo justo para pronunciar un discurso y mantener unas pocas reuniones bilaterales con jefes de Estado— antes de dar media vuelta y volver a casa. Aun así, puede decirse que no rebosaba entusiasmo cuando embarqué en el Air Force One para cruzar el Atlántico de noche. Me acomodé en uno de los mullidos sillones de cuero de la sala de conferencias del avión y pedí un buen vaso de vodka, con la esperanza de que me ayudase a dormir unas pocas horas, mientras veía a Marvin toquetear los controles de la gran pantalla de televisión en busca de un partido de baloncesto. «¿Alguien se ha parado a pensar —pregunté— la cantidad de dióxido de carbono que estoy soltando en la atmósfera a consecuencia de estos viajes a Europa? Estoy bastante seguro de que, entre los aviones, los helicópteros y las comitivas, tengo la mayor huella de carbono de cualquier persona en todo el maldito planeta.» «Mmm... probablemente sea así.» Encontró el partido que buscábamos, subió el volumen y añadió: «Quizá sea preferible que no lo menciones mañana en tu discurso». Cuando llegamos a Copenhague, la mañana era oscura y gélida, y las carreteras que llevaban hacia la ciudad estaban envueltas en neblina. El lugar donde se celebraba la conferencia parecía un centro comercial reconvertido. Nos vimos deambulando por un laberinto de ascensores y pasillos (en uno de los cuales, por algún motivo incomprensible, había toda una fila de maniquíes) hasta reunirnos con Hillary y Todd para que nos pusiesen al tanto de la situación. Como parte de la propuesta de acuerdo provisional, había autorizado a Hillary a comprometerse a que Estados Unidos redujese sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 17 por ciento para 2020, y que destinaría diez mil millones de dólares al Fondo Verde del Clima, del total de cien mil millones que aportaría la comunidad internacional, para ayudar a los países pobres en sus esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático. Según Hillary, los delegados de una serie de países habían mostrado interés en nuestra alternativa, pero, de momento, los europeos seguían optando por un tratado plenamente vinculante, mientras que China, India y Sudáfrica parecía que se contentaban con dejar que la conferencia acabase en fracaso y culpar de ello a los estadounidenses. «Si puedes convencer a los europeos y a los chinos de que respalden un acuerdo provisional —dijo Hillary—, entonces es posible, incluso probable, que el resto del mundo haga lo propio.» Teniendo clara cuál era mi misión, hicimos una visita de cortesía al primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, que presidía las últimas sesiones de negociación. Como todos los países nórdicos, Dinamarca destacaba en relaciones exteriores, y el propio Rasmussen encarnaba muchas de las cualidades que yo asociaba con los daneses: era prudente, pragmático y humanitario, y estaba bien informado. Pero la tarea que se le había encomendado —intentar un consenso global en torno a una cuestión complicada y controvertida que enfrentaba a las principales potencias mundiales— habría sido difícil de cumplir para cualquiera. Para el líder de cuarenta y cinco años de un pequeño país, que apenas llevaba ocho meses en el cargo, había resultado ser manifiestamente imposible. La prensa se había dado un festín con las historias sobre cómo Rasmussen había perdido el control de la conferencia, con los delegados rechazando una y otra vez sus propuestas, cuestionando sus decisiones y desafiando su autoridad, como adolescentes rebeldes con un profesor sustituto. Cuando nos reunimos, el pobre hombre parecía conmocionado; el agotamiento había hecho mella en sus claros ojos azules, y tenía el pelo rubio apelmazado, como si acabase de salir de una pelea de lucha libre. Escuchó con atención mientras le explicaba nuestra estrategia, y me hizo varias preguntas técnicas sobre cómo funcionaría un acuerdo provisional. Pero, más que nada, parecía aliviado cuando comprobó mi disposición a intentar salvar el acuerdo. De ahí, pasamos a un enorme auditorio improvisado, donde expuse ante el plenario los tres componentes del acuerdo provisional que proponíamos, así como la alternativa: inacción y acritud mientras el planeta ardía lentamente. El público estaba apagado pero era respetuoso, y Ban vino a felicitarme cuando terminé: tomó mi mano entre las suyas y se comportó como si le resultase completamente normal esperar que yo intentase salvar las negociaciones bloqueadas y que improvisase la manera de llegar a un acuerdo de última hora con los demás líderes mundiales. El resto del día fue distinto de cualquier otra cumbre a la que asistí como presidente. Aparte de la confusión de la sesión plenaria, tuvimos una serie de encuentros más reducidos, y para ir de uno a otro recorrimos pasillos abarrotados de personas que estiraban el cuello y tomaban fotos. Aparte de mí, el actor más importante presente allí ese día era el primer ministro chino Wen Jiabao. Había acudido acompañado de una delegación gigantesca. Su equipo se había mostrado hasta entonces inflexible y categórico en las reuniones, y había negado que China fuese a aceptar cualquier forma de supervisión internacional de sus emisiones, seguro de que, gracias a su alianza con Brasil, India y Sudáfrica, contaba con los votos suficientes para bloquear cualquier acuerdo. En mi encuentro bilateral cara a cara con Wen, rechacé sus argumentos y le advertí que, aunque China entendiese que evitar cualquier obligación de transparencia era una victoria a corto plazo, acabaría siendo un desastre a largo plazo para el planeta. Acordamos seguir hablando a lo largo del día. Era un avance, aunque mínimo. La tarde se esfumó mientras proseguían las sesiones de negociación. Logramos arrancar de los países miembros de la Unión Europea y de varios otros delegados el apoyo a un borrador de acuerdo, pero cuando retomamos las sesiones con los chinos llegamos a un punto muerto, porque Wen declinó asistir y en su lugar envió a varios miembros de su delegación que eran, como era de esperar, inflexibles. A última hora del día me llevaron a otra sala, repleta de europeos descontentos. Ahí estaban la mayoría de los líderes clave, entre ellos Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y Gordon Brown, todos con la misma somnolienta mirada de frustración. Querían saber por qué, ahora que Bush ya no estaba y que mandaban los demócratas, Estados Unidos no podía ratificar un tratado del estilo del Protocolo de Kioto. En Europa, decían, hasta los partidos de extrema derecha aceptan la realidad del cambio climático. ¿Qué les pasa a los estadounidenses? Sabemos que los chinos son un problema, pero ¿por qué no esperar a un acuerdo futuro para obligarlos a ceder? Durante lo que pareció una hora los dejé hablar, respondí a sus preguntas, simpaticé con sus inquietudes. Finalmente, la realidad de la situación se impuso en la sala, y fue Merkel quien se encargó de expresarla en voz alta. —Creo que lo que Barack describe no es la opción que habríamos deseado —dijo con calma—, pero puede que sea nuestra única opción hoy. Así que... esperemos a ver lo que dicen los chinos y los demás, y luego decidamos. —Y, volviéndose hacia mí, añadió—: ¿Vas a reunirte con ellos ahora? —Sip. —Buena suerte, entonces —añadió, mientras se encogía de hombros, ladeaba la cabeza, bajaba el labio inferior y elevaba ligeramente las cejas; el gesto de alguien con experiencia en acometer tareas desagradables pero necesarias. Todo el empuje que pudiésemos haber sentido al salir de nuestro encuentro con los europeos se disipó enseguida en cuanto Hillary y yo volvimos a nuestra sala de reuniones. Marvin nos informó de que una terrible tormenta de nieve se estaba desplazando por la costa este, por lo que, para que llegásemos sanos y salvos a Washington, el Air Force One tenía que estar en el aire en dos horas y media. Miré mi reloj. —¿A qué hora es mi siguiente reunión con Wen? —Ese es el otro problema, jefe —dijo Marvin—, no encontramos a Wen. Me explicó que cuando nuestro equipo se había puesto en contacto con sus homólogos chinos, les habían dicho que Wen iba ya camino del aeropuerto. Circulaban rumores de que en realidad seguía en el edificio, en una reunión con los otros líderes que habían estado oponiéndose a que se supervisasen sus emisiones, pero no habíamos podido confirmarlo. —Quieres decir que está evitándome. —Tenemos a gente buscándolo. Unos minutos más tarde, Marvin volvió para decirnos que habían visto a Wen y a los líderes de Brasil, India y Sudáfrica en una sala de conferencias varios pisos más arriba. —Pues vamos allá —dije, y volviéndome hacia Hillary, pregunté—: ¿cuándo fue la última vez que te colaste en una fiesta? Se rio. —Hace tiempo ya —dijo, con aspecto de chica formal que ha decidido soltarse la melena. Con una pandilla de ayudantes y de agentes del Servicio Secreto apresurándose tras nosotros, nos abrimos camino hasta el piso de arriba. Al final de un largo pasillo encontramos lo que andábamos buscando: una sala con paredes de cristal, con apenas espacio para una mesa de reuniones, alrededor de la cual estaban sentados los primeros ministros Wen y Singh junto a los presidentes Lula y Zuma, además de varios de sus ministros. El equipo de seguridad chino avanzó para interceptarnos, con las manos levantadas como si nos ordenasen detenernos, pero dudaron al darse cuenta de quiénes éramos. Con una sonrisa y una inclinación de cabeza, Hillary y yo atravesamos su posición y entramos en la sala, dejando tras de nosotros un ruidoso forcejeo entre los agentes de seguridad y el personal que nos seguía. «¿Tienes un momento para mí, Wen?», dije en voz alta, mientras veía cómo el líder chino se quedaba boquiabierto por la sorpresa. A continuación, recorrí la mesa dándole la mano a cada uno de ellos. «¡Caballeros! Los he estado buscando por todas partes. ¿Qué tal si intentamos llegar a un acuerdo?» Antes de que nadie pudiese negarse, tomé una silla vacía y me senté. Al otro lado de la mesa, Wen y Singh permanecieron impasibles, mientras que Lula y Zuma, avergonzados, bajaron la mirada hacia los papeles que tenían delante. Les expliqué que acababa de reunirme con los europeos y que estaban dispuestos a aceptar el acuerdo transitorio que proponíamos si el grupo presente respaldaba incluir alguna disposición que garantizase la creación de algún mecanismo que verificase de forma independiente que los países estaban cumpliendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Uno a uno, los otros líderes explicaron por qué nuestra propuesta era inaceptable: Kioto funcionaba perfectamente; Occidente era responsable del calentamiento global y ahora esperaba que los países más pobres ralentizasen su desarrollo para resolver el problema; nuestro plan infringiría el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas»; el mecanismo de verificación que proponíamos violaría su soberanía nacional. Después de una media hora de toma y daca, me recosté en la silla y miré directamente al primer ministro Wen. —Señor primer ministro, se nos acaba el tiempo —dije—, así que permítame que vaya al grano. Imagino que, antes de que yo entrase en esta sala, el plan era que todos ustedes se fuesen de aquí y anunciasen que Estados Unidos era responsable del fracaso a la hora de alcanzar un nuevo acuerdo. Creen que si se resisten durante un tiempo suficientemente largo, los europeos desistirán y firmarán otro tratado del estilo del de Kioto. Lo que ocurre es que yo les he explicado con toda claridad que no puedo hacer que nuestro Congreso ratifique el tratado que ustedes quieren. Y no hay ninguna garantía de que los votantes europeos, canadienses o japoneses vayan a estar dispuestos a seguir colocando a sus industrias en situación de desventaja competitiva y a seguir dando dinero para ayudar a los países pobres a lidiar con el cambio climático mientras los mayores emisores del planeta se desentienden de la situación. »Por descontado, puede que me equivoque —proseguí—. Quizá puedan convencer a todo el mundo de que la culpa es nuestra. Pero eso no impedirá que el planeta siga calentándose. Y, recuerden, yo tengo mi propio megáfono, y es bastante potente. Si salgo de esta habitación sin un acuerdo, mi primera parada será el vestíbulo, donde toda la prensa internacional está esperando noticias. Y les contaré que estaba dispuesto a comprometerme a una gran reducción de nuestros gases de efecto invernadero y ofrecer a miles de millones adicionales en ayudas, y que cada uno de ustedes decidió que era mejor no hacer nada. Lo mismo les diré a todos los países pobres que se beneficiarían de ese dinero. Y a todas esas personas en sus propios países que, se espera, sean quienes más sufran debido al cambio climático. Y veremos a quién creen. Una vez que los intérpretes terminaron de transmitir mi mensaje, el ministro chino de Medioambiente, un hombre fornido, de cara redonda y con gafas, se puso en pie y empezó a hablar en mandarín, elevando la voz y gesticulando en mi dirección, con el rostro enrojecido por la indignación. Así siguió un par de minutos, sin que el resto de los presentes tuviésemos muy claro qué pasaba, hasta que el primer ministro Wen levantó una mano fina y venosa y el ministro se sentó de forma abrupta. Reprimí las ganas de reír y miré a la joven china que hacía de intérprete para Wen. —¿Qué ha dicho mi amigo? —pregunté. Antes de que pudiera responderme, Wen movió la cabeza y murmuró algo. La intérprete asintió y se volvió hacia mí. —El primer ministro Wen dice que lo que el ministro de Medioambiente ha dicho no tiene importancia —explicó—. Y pregunta si tiene usted aquí el acuerdo que propone, para que todos puedan volver a revisar la redacción concreta. Hizo falta otra media hora de tira y afloja, con los otros líderes y sus ministros mirando por encima de mi hombro y el de Hillary mientras yo subrayaba a bolígrafo algunas de las frases del arrugado documento que había llevado en el bolsillo, pero cuando salí de la sala el grupo había aceptado nuestra propuesta. Volví corriendo al piso de abajo, y dediqué otros treinta minutos a conseguir que los europeos aceptasen los ligeros cambios que los líderes de los países en desarrollo habían pedido. La nueva redacción se imprimió y se distribuyó a toda prisa. Hillary y Todd hablaron con los delegados de otros países clave para que contribuyeran a ampliar el consenso. Hice una breve declaración ante la prensa en la que anuncié el acuerdo transitorio, tras la cual reunimos a nuestra comitiva y salimos pitando hacia el aeropuerto. Llegamos con diez minutos de margen respecto a nuestra hora límite para despegar. En el vuelo de vuelta reinaba un animado alboroto mientras los miembros del equipo repasaban las aventuras del día para poner al tanto a quienes no habían estado presentes. Reggie, que llevaba conmigo el tiempo suficiente para que ya nada lo impresionase demasiado, exhibía una amplia sonrisa cuando asomó la cabeza en mi camarote, donde yo estaba leyendo una pila de informes. «Jefe, tengo que decir que lo que ha hecho ha sido muy macarra.» La verdad es que me sentía muy bien. En el mayor escenario posible, en una cuestión importante y contrarreloj, me había sacado un conejo de la chistera. Es verdad que la prensa recibió el acuerdo transitorio con división de opiniones, pero habida cuenta del caos de la conferencia y de la obstinación de los chinos, yo seguía viéndolo como una victoria, un paso intermedio que nos ayudaría a que el Senado aprobase nuestro proyecto de ley sobre cambio climático. Pero lo más importante era que habíamos logrado que China e India aceptasen —con todas las reticencias y reparos que se quieran— la idea de que todos los países, no solo los occidentales, tenían la responsabilidad de contribuir a detener el cambio climático. Siete años después, ese principio básico resultaría fundamental para alcanzar el revolucionario Acuerdo de París. Aun así, mientras miraba por la ventana desde mi escritorio y veía cómo la oscuridad se quebraba cada pocos segundos por el destello de la luz en la punta del ala derecha del avión, me asaltaron pensamientos que me hicieron bajar rápidamente a tierra. Repasé todo lo que habíamos tenido que hacer para conseguir ese acuerdo: las incontables horas de trabajo de un equipo dotado y entregado; las negociaciones entre bastidores y el cobro de favores; las promesas de ayuda; y, al final, esa intervención en el último minuto, basada tanto en mi bravuconería improvisada como en un conjunto de argumentos racionales. Todo eso para un acuerdo transitorio que, incluso si funcionaba exactamente como estaba previsto, sería en el mejor de los casos un paso preliminar e intermedio hacia la resolución de una posible tragedia planetaria, un cubo de agua contra un incendio desatado. Me di cuenta de que, a pesar de todo el poder asociado al cargo que ocupaba, siempre habría un abismo entre lo que sabía que había que hacer para lograr un mundo mejor y lo que en un día, semana o año me veía capaz de lograr en la práctica. Cuando aterrizamos, la tormenta prevista ya había llegado a Washington, y las nubes bajas dejaban caer una mezcla constante de nieve y lluvia gélida. En ciudades del norte como Chicago, ya habrían salido las máquinas quitanieves a retirar la nieve de las calzadas y esparcir sal, pero hasta un asomo de nieve solía paralizar la zona de Washington, claramente mal equipada, se cerraban las escuelas y se producían embotellamientos de tráfico. El mal tiempo nos impidió volar en el Marine One, y la comitiva tardó más tiempo del habitual en recorrer las calles heladas hasta llegar a la Casa Blanca. Era ya tarde cuando entré en la residencia. Michelle estaba en la cama, leyendo. Le conté cómo había ido mi viaje y le pregunté por las niñas. —Están muy ilusionadas con la nieve —me contestó—, aunque yo no tanto. —Me miró con una sonrisita comprensiva—. Seguro que Malia te preguntará en el desayuno si salvaste a los tigres. Asentí mientras me aflojaba la corbata. —Estoy trabajando en ello —dije.

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Barack Obama: Sobre el calentamiento global

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