Un grupo de familiares de presos políticos se concentró este jueves frente al Ministerio para el Servicio Penitenciario, en Caracas, para denunciar las condiciones en las que se encuentran sus allegados y exigir el fin de los presuntos abusos dentro de los centros de reclusión.
Los familiares denunciaron que ellos mismos son objeto de restricciones y tratos degradantes al momento de realizar visitas. De acuerdo con sus testimonios, son trasladados encapuchados dentro de las instalaciones y solo pueden comunicarse con sus parientes a través de un vidrio y un teléfono
Un grupo de familiares de presos políticos se concentró este jueves frente al Ministerio para el Servicio Penitenciario, en Caracas, para denunciar las condiciones en las que se encuentran sus allegados y exigir el fin de los presuntos abusos dentro de los centros de reclusión.
Durante la protesta, los manifestantes señalaron directamente a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a quienes responsabilizan de prácticas que califican como torturas y tratos crueles contra los detenidos.
Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) aseguró que las denuncias no son recientes ni aisladas. Según explicó, los familiares acuden con frecuencia a la institución sin obtener respuestas.
Semanalmente vienen (al Ministerio para el Servicio Penitenciario) los familiares a denunciar que pare el trato cruel hacia los presos políticos y no les ha dado la gana de hacer las cosas distintas, afirmó.
La activista también sostuvo que la responsabilidad no se limita a los cuerpos de inteligencia, sino que involucra directamente a instancias del sistema penitenciario. En ese sentido, denunció que el ministerio ha sido cómplice de estas prácticas a través del grupo SESMA, una unidad adscrita a la Dgcim que, según indicó, opera dentro de los recintos carcelarios.
Familiares denuncian visitas degradantes y riesgo de muerte en cárceles
Más allá de las condiciones de los detenidos, los familiares denunciaron que ellos mismos son objeto de restricciones y tratos degradantes al momento de realizar visitas. De acuerdo con sus testimonios, son trasladados encapuchados dentro de las instalaciones y solo pueden comunicarse con sus parientes a través de un vidrio y un teléfono.
Baduel advirtió además sobre la situación crítica de su hermano, Josnar Baduel, recluido en la cárcel de Rodeo I, en el estado Miranda. Señaló que se encuentra en riesgo inminente de muerte debido a las condiciones de reclusión, que describió como de horror, así como por antecedentes de maltrato durante su permanencia en el Sebin.
Hoy seguimos recordando que en Venezuela continúan pic.twitter.com/1CsCuIvdM4 cientos de presos políticos y sus derechos fundamentales siguen siendo violados.
A estas denuncias se sumaron otros familiares presentes en la manifestación. Mayra Morales relató el deterioro físico de su hermano, Carlos Fonseca, quien permanece detenido en el Fuerte Guaicaipuro. A pesar de que, según indicó, las autoridades aseguran que recibe alimentación, la realidad sería distinta.
Lo conseguimos desnutridos, los dientes se les están cayendo a los muchachos, los muchachos no están bien de salud, expresó.
Fonseca forma parte de un grupo de 33 personas acusadas de participar en la fallida incursión marítima conocida como ‘Operación Gedeón’ en 2020, un caso que el gobierno ha vinculado a intentos de invasión armada.
Las denuncias se producen en un contexto marcado por la reciente aprobación de la Ley de Amnistía, una medida que, aunque ha permitido la excarcelación de miles de personas, continúa siendo cuestionada por su alcance limitado. La normativa contempla un período de 27 años, pero restringe sus beneficios a casos específicos, dejando fuera otros procesos, incluidos aquellos relacionados con operaciones militares.
Hasta el pasado jueves, el Parlamento reportaba 7.727 libertades plenas otorgadas en el marco de esta ley. Sin embargo, la mayoría de los beneficiados permanece bajo medidas cautelares, mientras que un grupo continúa en prisión, lo que mantiene la preocupación de familiares y organizaciones de derechos humanos sobre la situación de quienes siguen detenidos.
EFE
